Tres a?os de c¨¢rcel a una profesora universitaria por falsificar el examen del hijo del decano

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres a?os de c¨¢rcel y dos de inhabilitaci¨®n impuesta a una profesora de Medicina de la Universidad de C¨¢diz por falsificar un examen. La sentencia confirma la anterior, impuesta por la Audiencia Provincial de C¨¢diz por "delito de falsedad en documento oficial". Seg¨²n el fallo, Mar¨ªa del Pilar Rodr¨ªguez Mart¨ªnez, que ya no pertenece a la universidad, era profesora y secretaria del departamento de Fisiolog¨ªa cuando modific¨® el examen de Jes¨²s Mar¨ªa Rosety, hijo del decano en funciones de la facultad.

El examen se realiz¨® el 10 de febrero de 1999, y correspond¨ªa a Fisiolog¨ªa de segundo de Medicina. La prueba consist¨ªa en 52 preguntas tipo test, y cuatro temas a desarrollar. Seg¨²n la sentencia, los cambios en las respuestas fueron descubiertos por el profesor Federico Portillo, a quien le extra?¨® el elevado n¨²mero de rectificaciones del ejercicio de Rosety. En concreto, Portillo detect¨® 20 correcciones en las 52 respuestas. Con esas modificaciones, el alumno obten¨ªa un 95% de aciertos, un porcentaje "tambi¨¦n muy superior a lo habitual". En cambio, el estudiante s¨®lo hab¨ªa obtenido 0,75 puntos sobre 8 en las preguntas de desarrollo escrito.

El profesor inform¨® a la directora de ?rea, Carmen Estrada. ?sta llam¨® a su despacho al alumno, y le pregunt¨® cu¨¢ntas preguntas hab¨ªa cambiado. Ante la falta de respuesta de Rosety, le propuso que repitiera las preguntas tipo test, contin¨²a el relato del Supremo. El alumno se neg¨®. Estrada sigui¨® haciendo averiguaciones. Intuy¨® que quien hab¨ªa modificado las respuestas ten¨ªa que ser el profesor que hab¨ªa corregido el examen. Confirm¨® esta sospecha cuando vio que la letra de las correcciones correspond¨ªa con la de la acusada.

Estrada llam¨® a Rodr¨ªguez "a su despacho", sigue la sentencia. La profesora "reconoci¨® los hechos, ech¨¢ndose a llorar". Al d¨ªa siguiente, 8 de marzo de 1999, Estrada fue a ver al vicerrector de la Universidad, Ram¨®n de C¨®zar, y le inform¨® de lo sucedido. Despu¨¦s fue a buscar a la profesora. "All¨ª, nuevamente, la acusada reconoci¨® ser la autora de las alteraciones de las contestaciones, rompiendo a llorar y manifestando no saber exactamente por qu¨¦ lo hizo".

Este reconocimiento s¨®lo tuvo como consecuencia la modificaci¨®n de la calificaci¨®n del alumno, que pas¨® de "apto" a "no apto". Rosety no reclam¨®, no se present¨® a la asignatura ese a?o y la aprob¨® al a?o siguiente, indica el texto del Supremo.

El vicerrector y Estrada decidieron dejar las cosas "como estaban", y mantuvieron a Rodr¨ªguez en el departamento. Estrada incluso recomend¨® que se la volviera a contratar para el curso 1999-2000, porque consider¨® que si no lo hac¨ªa se "difundir¨ªa la noticia, con mayor da?o de todos".

Pasar p¨¢gina

Este intento de pasar p¨¢gina salt¨® por los aires cuando Rodr¨ªguez se present¨® al a?o siguiente a las pruebas para conseguir una plaza fija. No la obtuvo, y la profesora impugn¨® la decisi¨®n, sin resultado. Por fin, el 15 de noviembre, nueve meses despu¨¦s del examen, Estrada present¨® denuncia ante el rector, dice la sentencia. Lo hizo "ante la existencia de rumores en la Facultad por el resultado del concurso oposici¨®n, al entender que despejar¨ªa cuantas dudas pod¨ªan haberse suscitado". Ante la denuncia, el rector abri¨® un expediente a la profesora, quien dej¨® la universidad ese mes.

Rodr¨ªguez present¨® entonces una querella contra Estrada y otro profesor por "coacciones y amenazas". Pero ese juicio se volvi¨® en su contra. Estrada consigui¨® la libre absoluci¨®n, a petici¨®n de la fiscal¨ªa, que decidi¨® abrir una nueva causa por la falsificaci¨®n de la prueba.

La actuaci¨®n de la fiscal¨ªa provoc¨® el juicio de Rodr¨ªguez en febrero del pasado a?o, informa Pedro Espinosa. La Audiencia conden¨® a Rodr¨ªguez "como autora del delito de falsedad en documento oficial, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres a?os de prisi¨®n, multa de seis meses con cuota diaria de seis euros" e "inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por dos a?os". La condenada recurri¨® ante el Supremo, que ha desestimado el recurso haciendo firme la sentencia.