Cantinela insufrible

Las reservas que los partidos pol¨ªticos de la derecha espa?ola han tenido respecto a la construcci¨®n de un Estado pol¨ªticamente descentralizado vienen de lejos y, desgraciadamente, no han acabado de ser abandonadas definitivamente cuando ya se han cumplido m¨¢s de 25 a?os de la entrada en vigor de la Constituci¨®n. Es, posiblemente uno de los elementos m¨¢s perturbadores, si no el que m¨¢s, del panorama pol¨ªtico espa?ol.

Dichas reservas se pusieron de manifiesto en el propio debate constituyente, en el que se produjo una revisi¨®n de la estructura del Estado dise?ada en el primer proyecto de Constituci¨®n, en el que se optaba por una descentralizaci¨®n plena del Estado en territorios que acceder¨ªan a la autonom¨ªa por la misma v¨ªa, elaborar¨ªan su estatuto de autonom¨ªa por el mismo procedimiento, tendr¨ªan la misma arquitectura institucional, el mismo sistema de distribuci¨®n de competencias y la misma financiaci¨®n. Fueron AP y UCD quienes se opusieron a dicho dise?o de la estructura del Estado, que tuvo que ser corregido con la introducci¨®n de diversas v¨ªas de acceso, la del 143 y la del 151, con todas las complicaciones que de esa doble v¨ªa derivar¨ªan.

"La ruptura de la unidad de Espa?a no puede estar siendo puesta en circulaci¨®n de manera permanente"

Consecuencia de esas reservas fue la actitud de UCD ante la autonom¨ªa andaluza, que la acab¨® conduciendo al Waterloo del 28 F. Y fue, sobre todo, el rechazo de AP al modelo de estructura del Estado que se acab¨® definiendo en la Constituci¨®n. Hasta 1989 AP llev¨® en sus sucesivos programas electorales la reforma de la Constituci¨®n para poner fin al Estado de las Autonom¨ªas.

Con el Congreso refundacional de AP como PP en Sevilla en 1989, en el que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar fue designado presidente, pareci¨® que se pon¨ªa fin a esas reservas de la derecha espa?ola respecto de la estructura del Estado y que definitivamente se aceptaba el Estado auton¨®mico que se hab¨ªa venido constituyendo a lo largo de la d¨¦cada.

Sin embargo, visto lo que estamos viendo, da toda la impresi¨®n de que esa aceptaci¨®n de la estructura del Estado fue una decisi¨®n t¨¢ctica, que fue adoptada por el PP porque, de lo contrario, no ten¨ªa posibilidad alguna de llegar al Gobierno de la naci¨®n, pero no porque realmente hubiera interiorizado dicha estructura. Mientras le sirviera para llegar al poder y mantenerse en ¨¦l, se aceptaba la estructura del Estado, pero en cuanto lo ha perdido ha empezado a ponerla en cuesti¨®n.

No lo est¨¢ haciendo de manera frontal, pero s¨ª de forma subrepticia, de manera recurrente. No hay pr¨¢cticamente ninguna decisi¨®n que se est¨¦ adoptando por el Gobierno de la naci¨®n, que no sea presentada por la direcci¨®n del PP como un riesgo de ruptura de la unidad de Espa?a o como un paso m¨¢s en el desmantelamiento del Estado.

La verdad es que la cantinela de la ruptura de Espa?a est¨¢ empezando a ser insufrible. Esta semana le ha tocado el turno al proyecto de ley sobre la reforma educativa, al que el PP ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad, por considerar que "rompe la unidad de Espa?a", ya que, en su opini¨®n, la norma "no recoge un m¨ªnimo de ense?anzas comunes para todas las comunidades aut¨®nomas", lo que, en palabras de Mariano Rajoy, supone "un paso m¨¢s en el desmantelamiento del Estado".

La desmesura de la cr¨ªtica salta a la vista cuando se compara la propuesta que conten¨ªa la ley de educaci¨®n aprobada en la pasada legislatura (LOCE), con la que ahora contiene el proyecto de ley de la LOE. Lo ¨²nico que diferencia a la propuesta de la LOCE de la que contiene la LOE en este punto, es que la LOCE exig¨ªa que las ense?anzas comunes fueran "como m¨ªnimo" el 55% en las comunidades que tengan lengua cooficial y el 65% en las que no lo tengan, mientras que la LOE dice que "no se requerir¨¢n" m¨¢s del 55% o del 65% en unas y otras comunidades. Esta diferencia entre la LOCE y la LOE conlleva nada menos que la ruptura de la unidad de Espa?a.

La distinta redacci¨®n de la LOCE y de la LOE en este punto no tiene consecuencia pr¨¢ctica alguna, ya que al estar transferida la competencia en materia educativa a las comunidades aut¨®nomas, ser¨¢n ¨¦stas las que decidir¨¢n si las ense?anzas comunes van m¨¢s all¨¢ de ese 55% o 65%. Nada imped¨ªa que fuera as¨ª con la LOCE y nada impide que sea as¨ª con la LOE. Lo ¨²nico que no podr¨¢n hacer las autoridades de las comunidades aut¨®nomas es reducir ese 55% o 65%.

La ruptura de la unidad de Espa?a no puede estar siendo puesta en circulaci¨®n de manera permanente, sin que el sistema de convivencia se resienta. No se puede pretender tener el monopolio de la unidad de Espa?a, como est¨¢ haciendo el PP, porque ello conlleva calificar de anti-Espa?a a todo aquel que no coincide con lo que ¨¦l propugna. Y en esas condiciones el debate pol¨ªtico resulta imposible. El debate presupone la aceptaci¨®n de unas premisas comunes que no pueden ser siquiera sometidas a discusi¨®n. Sin ellas la discusi¨®n degenera en trifulca.

Esta semana hemos tenido ocasi¨®n de comprobarlo en la reuni¨®n de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso de los Diputados, que, no se si afortunada o desafortunadamente, no fue transmitida en directo por televisi¨®n. La democracia, como dijo uno de los padres fundadores de los Estado Unidos, James Madison, es un sistema arm¨®nico de frustraciones mutuas. La obligaci¨®n de los partidos pol¨ªticos es frustrar al adversario. En esa tarea reside la garant¨ªa de la libertad de los ciudadanos. Pero sin olvidar que estamos dentro de un mismo sistema pol¨ªtico y que la tarea de frustar al adversario no puede llevarse hasta el l¨ªmite de poner en riesgo la supervivencia del sistema en su conjunto. Tengo la impresi¨®n de que el PP, en lo que a la estructura del Estado se refiere, est¨¢ pasando ese l¨ªmite.