El Consejo Consultivo, en serio

El pasado 2 de agosto, la Mesa del Parlament acordaba solicitar del Consejo Consultivo un dictamen acerca de la propuesta de reforma del Estatuto. Esta decisi¨®n era coherente con uno de los principios que rigen el actual proceso: el respeto a la Constituci¨®n. Para asegurarlo, se busc¨® un informe del Consejo, que desde su creaci¨®n viene elaborando dict¨¢menes sobre proyectos y proposiciones de ley de nuestra asamblea legislativa. Cab¨ªa oponer alg¨²n reparo, si nos atenemos a la letra del art¨ªculo 41 del Estatuto, ya que de su lectura se desprende que s¨®lo emite dict¨¢menes acerca de la adecuaci¨®n al mismo de proyectos o proposiciones de ley que deban ser aprobados por el Parlament. Y est¨¢ claro que se pidi¨® que analizara la compatibilidad con la Constituci¨®n (no con el Estatuto) de un texto que no ser¨¢ finalmente aprobado por el Parlament, sino por las Cortes. En cualquier caso, y al margen de esa objeci¨®n, todos los partidos juzgaron que el Consultivo era el organismo id¨®neo para clarificar los aspectos potencialmente inconstitucionales del proyecto de Estatuto.

Algunos parlamentarios exhiben una preocupante falta de consideraci¨®n con relaci¨®n al dictamen del Consejo Consultivo

Sab¨ªan lo que ped¨ªan y a qui¨¦n se lo ped¨ªan. Requer¨ªan un informe de car¨¢cter jur¨ªdico a un ¨®rgano formado por juristas. Y cuando finalmente se presenta, algunos dirigentes pol¨ªticos se comportan con una sorprendente falta de prudencia. Se pod¨ªa dar por descontado un cierto uso partidista del dictamen. Hab¨ªa diferencias de criterio entre los partidos, y lo que el informe resolviera dar¨ªa la raz¨®n a unos y se la quitar¨ªa a los otros. As¨ª ha sido, y era inevitable. Lo que no puede aceptarse es que se propicie la descalificaci¨®n del Consejo. Para empezar, algunos recuerdan ahora que el dictamen no es vinculante. Tienen raz¨®n; no lo es, pero deber¨ªan indicarnos qu¨¦ informe jur¨ªdico piensan tener en cuenta si rechazan el del Consejo, el que todos pidieron. Otros, partiendo de la divisi¨®n entre mayor¨ªas y minor¨ªas en el dictamen, vienen a sugerirnos que vale tanto la una como la otra. En tal burda caricatura cuesta reconocer a avezados parlamentarios, que algo deber¨ªan saber de c¨®mo se toman las decisiones en los ¨®rganos colegiados.

Tenemos un problema. Muchos dirigentes pol¨ªticos, de todos los colores, parecen incapaces de tomar en serio las instituciones que no encajan en su concepci¨®n del proceso democr¨¢tico. A veces es dif¨ªcil admitir que los representantes de la voluntad popular se vean coartados por una resoluci¨®n externa. Creemos que una de nuestras se?as de identidad es el pactismo y tendemos a interpretar el imperio del derecho como si ¨¦ste naciera s¨®lo del acuerdo de voluntades individuales. Para bien o para mal, las instituciones funcionan de otra manera. Por encima del pacto, del acuerdo, est¨¢n algunas normas a las que hay que atenerse. Lo curioso de la situaci¨®n que nos ocupa es que se llega a ella por un acuerdo un¨¢nime de los partidos parlamentarios, porque no era preceptivo el informe del Consultivo. Y lo triste es que se le paga con una notable falta de consideraci¨®n.

En el informe, la mayor¨ªa y la minor¨ªa han sido interpretadas en clave pol¨ªtica, y a estas alturas no vamos a sorprendernos. Pero no podemos conformarnos, por dos motivos. En primer lugar, y en un sentido general, hace falta recordar que un informe jur¨ªdico debe ser tomado como lo que es: una opini¨®n fundada en derecho, con unos argumentos expl¨ªcitos. Si queremos un Estado de derecho, en el que todos se sometan a las normas, no tenemos m¨¢s remedio que dar cr¨¦dito a aquellas personas que dicen lo que es compatible o no con el ordenamiento jur¨ªdico. Eso no significa negar su condici¨®n humana, sus prejuicios o sus intereses. S¨®lo quiere decir que vamos a tomarnos en serio su trabajo, a juzgarlo por la calidad de sus argumentos y no por las intenciones que se atribuyan a sus autores. Por otro lado, en un plano m¨¢s concreto, hay que reclamar mayor sentido institucional cuando se trate del Consejo Consultivo.El pasado 2 de agosto, la Mesa del Parlament acordaba solicitar del Consejo Consultivo un dictamen acerca de la propuesta de reforma del Estatuto. Esta decisi¨®n era coherente con uno de los principios que rigen el actual proceso: el respeto a la Constituci¨®n. Para asegurarlo, se busc¨® un informe del Consejo, que desde su creaci¨®n viene elaborando dict¨¢menes sobre proyectos y proposiciones de ley de nuestra asamblea legislativa. Cab¨ªa oponer alg¨²n reparo, si nos atenemos a la letra del art¨ªculo 41 del Estatuto, ya que de su lectura se desprende que s¨®lo emite dict¨¢menes acerca de la adecuaci¨®n al mismo de proyectos o proposiciones de ley que deban ser aprobados por el Parlament. Y est¨¢ claro que se pidi¨® que analizara la compatibilidad con la Constituci¨®n (no con el Estatuto) de un texto que no ser¨¢ finalmente aprobado por el Parlament, sino por las Cortes. En cualquier caso, y al margen de esa objeci¨®n, todos los partidos juzgaron que el Consultivo era el organismo id¨®neo para clarificar los aspectos potencialmente inconstitucionales del proyecto de Estatuto.

Sab¨ªan lo que ped¨ªan y a qui¨¦n se lo ped¨ªan. Requer¨ªan un informe de car¨¢cter jur¨ªdico a un ¨®rgano formado por juristas. Y cuando finalmente se presenta, algunos dirigentes pol¨ªticos se comportan con una sorprendente falta de prudencia. Se pod¨ªa dar por descontado un cierto uso partidista del dictamen. Hab¨ªa diferencias de criterio entre los partidos, y lo que el informe resolviera dar¨ªa la raz¨®n a unos y se la quitar¨ªa a los otros. As¨ª ha sido, y era inevitable. Lo que no puede aceptarse es que se propicie la descalificaci¨®n del Consejo. Para empezar, algunos recuerdan ahora que el dictamen no es vinculante. Tienen raz¨®n; no lo es, pero deber¨ªan indicarnos qu¨¦ informe jur¨ªdico piensan tener en cuenta si rechazan el del Consejo, el que todos pidieron. Otros, partiendo de la divisi¨®n entre mayor¨ªas y minor¨ªas en el dictamen, vienen a sugerirnos que vale tanto la una como la otra. En tal burda caricatura cuesta reconocer a avezados parlamentarios, que algo deber¨ªan saber de c¨®mo se toman las decisiones en los ¨®rganos colegiados.

Tenemos un problema. Muchos dirigentes pol¨ªticos, de todos los colores, parecen incapaces de tomar en serio las instituciones que no encajan en su concepci¨®n del proceso democr¨¢tico. A veces es dif¨ªcil admitir que los representantes de la voluntad popular se vean coartados por una resoluci¨®n externa. Creemos que una de nuestras se?as de identidad es el pactismo y tendemos a interpretar el imperio del derecho como si ¨¦ste naciera s¨®lo del acuerdo de voluntades individuales. Para bien o para mal, las instituciones funcionan de otra manera. Por encima del pacto, del acuerdo, est¨¢n algunas normas a las que hay que atenerse. Lo curioso de la situaci¨®n que nos ocupa es que se llega a ella por un acuerdo un¨¢nime de los partidos parlamentarios, porque no era preceptivo el informe del Consultivo. Y lo triste es que se le paga con una notable falta de consideraci¨®n.

En el informe, la mayor¨ªa y la minor¨ªa han sido interpretadas en clave pol¨ªtica, y a estas alturas no vamos a sorprendernos. Pero no podemos conformarnos, por dos motivos. En primer lugar, y en un sentido general, hace falta recordar que un informe jur¨ªdico debe ser tomado como lo que es: una opini¨®n fundada en derecho, con unos argumentos expl¨ªcitos. Si queremos un Estado de derecho, en el que todos se sometan a las normas, no tenemos m¨¢s remedio que dar cr¨¦dito a aquellas personas que dicen lo que es compatible o no con el ordenamiento jur¨ªdico. Eso no significa negar su condici¨®n humana, sus prejuicios o sus intereses. S¨®lo quiere decir que vamos a tomarnos en serio su trabajo, a juzgarlo por la calidad de sus argumentos y no por las intenciones que se atribuyan a sus autores. Por otro lado, en un plano m¨¢s concreto, hay que reclamar mayor sentido institucional cuando se trate del Consejo Consultivo.Como su nombre indica, sus dict¨¢menes no son vinculantes y no hay mecanismos para que se impongan. Por eso, precisamente, necesita cr¨¦dito. No se pide que los actores pol¨ªticos renuncien a su leg¨ªtima discrecionalidad y que sigan las opiniones del Consultivo como si fueran sentencias. Se reclama que no las deformen present¨¢ndolas s¨®lo a beneficio de inventario.

El cr¨¦dito de las instituciones es imprescindible. En cada una de ellas, sus responsables tienen el compromiso de mantenerlo, y los representantes pol¨ªticos el deber de respetarlo. Es un bien intangible, sin el cual el entramado institucional de la democracia se convierte en una c¨¢scara vac¨ªa. Vivimos un momento crucial en el que se plantea lo que podemos llegar a ser en los pr¨®ximos decenios, y todos deber¨ªamos estar a la altura de las circunstancias.

Xavier Arb¨®s Mar¨ªn es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona.