Consejo fuera de lugar

El Consejo General del Poder Judicial, dominado por la mayor¨ªa conservadora af¨ªn al PP, ha decidido por su cuenta opinar institucionalmente sobre el proyecto de reforma del Estatuto catal¨¢n, extralimit¨¢ndose en las facultades regladas de informe que le atribuye la ley. No es la primera vez que los vocales conservadores arrastran a la instituci¨®n a tomas de posici¨®n extempor¨¢neas -existe el precedente de la reforma del C¨®digo Civil sobre el matrimonio homosexual-, haci¨¦ndolo adem¨¢s siempre en asuntos en los que el principal partido de la oposici¨®n tiene un especial inter¨¦s pol¨ªtico. El CGPJ pretende erigirse as¨ª, de hecho, en una especie de tercera C¨¢mara legislativa, violando el papel que le asigna la Constituci¨®n, y en la que el PP trata de hacer valer la mayor¨ªa de la que a¨²n goza en ese ¨®rgano y que perdi¨® en el Congreso y el Senado tras las elecciones de 2004.

El PP solicit¨® a la Mesa del Congreso que pidiera un informe al CGPJ sobre la propuesta de reforma llegada a las Cortes. Ese informe, no preceptivo, es un tr¨¢mite previsto en la ley, pero el Congreso lo desech¨®, por lo que el Consejo se inmiscuye en un debate al que no ha sido llamado. La iniciativa de los vocales conservadores carece, por tanto, de respaldo legal, lo que la convierte en un elemento perturbador que no ayuda a serenar los ¨¢nimos. En una democracia, el respeto a los procedimientos es una exigencia b¨¢sica, y si quien lo vulnera es el CGPJ la cosa adquiere tintes especialmente preocupantes. ?A qu¨¦ instituci¨®n piensa remitir el Consejo el informe que nadie le ha solicitado? ?O se trata s¨®lo de emitir un informe p¨²blico para contribuir a la campa?a de agitaci¨®n que ha organizado el PP en toda suerte de instituciones a cuenta del Estatuto catal¨¢n?

El argumento de los vocales conservadores de que el proyecto afecta a la organizaci¨®n judicial y que, por tanto, est¨¢n obligados a pronunciarse no se tiene en pie. En primer lugar, porque ese pronunciamiento s¨®lo puede llevarse a cabo a petici¨®n del Parlamento. Y, en segundo, porque ya se han pronunciado a instancias del Gobierno, y esta vez de acuerdo con las previsiones legales, sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, que contempla aspectos de la organizaci¨®n judicial recogidos en el proyecto estatutario. Dar a entender que el Estatuto catal¨¢n no se atendr¨¢ a esta ley b¨¢sica son ganas de confundir y alarmar todav¨ªa m¨¢s.