Balance del debate

Era inevitable que la candente cuesti¨®n catalana se proyectara sobre el debate del Estado de las Autonom¨ªas celebrado durante tres d¨ªas en el Senado. Ese asunto ha polarizado las posiciones de los representantes de las comunidades aut¨®nomas de acuerdo con el eje ideol¨®gico que separa al PP del PSOE. Justo lo contrario de lo que se espera de un Senado auton¨®mico: que no reproduzca las alineaciones del Congreso, sino abra nuevas l¨ªneas de acuerdo o desacuerdo en funci¨®n de intereses territoriales. En ese sentido, el debate ha puesto de relieve las dificultades del proyecto reformista del Gobierno. Tanto que Zapatero casi anunci¨® el aplazamiento de la reforma del Senado, ante la imposibilidad de contar con el PP.

El PP considera innecesarias las reformas territoriales, pero casi todas las autonom¨ªas, incluyendo varias gobernadas por ese partido, han iniciado la modificaci¨®n de sus estatutos. Su cr¨ªtica a la actitud de Zapatero respecto al Estatuto tiene una contradicci¨®n b¨¢sica: que si se aplicasen sus propias soluciones (devoluci¨®n sin m¨¢s o tramitaci¨®n como reforma constitucional)no se solucionar¨ªa, sino se agravar¨ªa el problema planteado por una reforma que suscita dudas de inconstitucionalidad y llega avalada por el 90% del Parlamento catal¨¢n. La alternativa es un acuerdo global con el PSOE, pero ese acuerdo no podr¨ªa prescindir del dato de que en el Parlamento de Catalu?a hay desde hace 21 a?os mayor¨ªa nacionalista (sumando CiU y ERC). Por tanto, lo razonable es buscar el pacto y no la ruptura. Pero el PP parece encontrarse m¨¢s c¨®modo en la denuncia. ?se es el punto d¨¦bil de su posici¨®n.

El punto d¨¦bil de Zapatero es que en estos asuntos parece ir a remolque de lo que se plantea aqu¨ª o all¨¢, sin un dise?o claro del modelo resultante. Forzado a definirse, estos d¨ªas ha ofrecido un cat¨¢logo de posibles nuevas competencias asumibles por todas las comunidades: en materia de justicia, inmigraci¨®n, mercado laboral, aeropuertos, etc¨¦tera. Pero no todos los Gobiernos aut¨®nomos -y mucho menos los ciudadanos- consideran acuciante disponer de esas facultades. Falta un debate sobre las ventajas reales de la ampliaci¨®n competencial, sin que baste el criterio de generalizar las reclamaciones de determinadas autonom¨ªas.

Aunque difieran en muchas cosas sobre el proyecto catal¨¢n, PP y PSOE coinciden en el rechazo de los elementos confederales del mismo y en que de la definici¨®n identitaria de Catalu?a, sea la que sea, no debe derivarse un sistema singular de financiaci¨®n o discriminaciones en materia de derechos. Si los riesgos para la unidad constitucional de Espa?a son tan graves como dice Rajoy, raz¨®n de m¨¢s para colaborar en la b¨²squeda de un pacto que recoja esos principios, aprovechando la reiterada voluntad de los promotores del Estatuto de no salirse de la Constituci¨®n.

Puede ayudar a relativizar las divergencias el recuerdo de que hace 11 a?os el PP, y especialmente Aznar, propugnaba, frente a la reticencia de los socialistas, una reforma del Senado en t¨¦rminos similares a los que ahora plantea Zapatero.