Poder sin l¨ªmites para torturar

El 18 de enero de 2002, George W. Bush tom¨® una decisi¨®n que preparar¨ªa el camino hacia la tortura: cualquier talib¨¢n o miembro de Al Qaeda capturado no estar¨ªa protegido por la Tercera Convenci¨®n de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra. La decisi¨®n ven¨ªa precedida por un memor¨¢ndum del 9 de enero de ese mismo a?o de la oficina de Consejos Legales del Departamento de Justicia, escrito por John Yoo, asistente del entonces fiscal general John Ashcroft.

El memor¨¢ndum de Yoo sentaba las bases para ignorar la Convenci¨®n de Ginebra, que proh¨ªbe expl¨ªcitamente cualquier forma de tortura o malos tratos a los prisioneros de guerra, y da las consignas para el desarrollo de los interrogatorios. Seg¨²n la doctrina de Bush, los detenidos no ser¨ªan "prisioneros" sino "combatientes ilegales", lo que les desterraba a un limbo legal cuya traducci¨®n inmediata es que carec¨ªan de derechos.

La Casa Blanca y el Pent¨¢gono han justificado la definici¨®n de "combatientes ilegales", afirmando que los sospechosos de terrorismo no pertenecen a un ej¨¦rcito ni responden a una cadena de mando militar, y por ello no les es aplicable la Convenci¨®n de Ginebra.

El 19 de enero, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, hace saber a los generales del Ej¨¦rcito de EE UU que "los miembros de Al Qaeda o los talibanes quedan fuera del estatus de prisioneros" definido en Ginebra. Poco despu¨¦s, el 25 de febrero, el entonces asesor jur¨ªdico de la Casa Blanca y hoy fiscal general, Alberto Gonzales, escrib¨ªa en otro memor¨¢ndum: "[....] La guerra contra el terrorismo es un nuevo tipo de guerra en la que se valora de manera extraordinaria factores como la capacidad de conseguir r¨¢pidamente informaci¨®n de los terroristas detenidos y de sus patrocinadores para evitar nuevas atrocidades contra ciudadanos estadounidenses".

Bush ten¨ªa tras los ataques del 11-S "completa autoridad en la direcci¨®n de la guerra". Gonzales escribi¨® en su conclusi¨®n final: "A mi juicio, este nuevo paradigma convierte en obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre los interrogatorios a los prisioneros enemigos y convierte en marginales algunas de sus disposiciones".

Gonzales tambi¨¦n defendi¨® entonces la interpretaci¨®n m¨¢s dura de las normas antiterroristas de negar el acceso a abogados defensores o a los tribunales de los detenidos acusados de terrorismo, una pol¨ªtica rechazada por el Supremo.

El 1 de agosto de 2002, otro informe del Departamento de Justicia aseguraba que torturar a detenidos de Al Qaeda en el extranjero "podr¨ªa estar justificado", y que las leyes internacionales contra la tortura "podr¨ªan ser inconstitucionales si se aplicaban en interrogatorios" contra supuestos terroristas. El documento daba a la CIA directrices legales para desarrollar t¨¦cnicas de interrogatorio "m¨¢s agresivas". El memor¨¢ndum de agosto se redact¨® porque la CIA reclamaba respuestas sobre qu¨¦ hacer con los detenidos tras el 11-S.

En siete meses de 2002 -entre enero y agosto- se elabor¨® la justificaci¨®n que permiti¨® ignorar las leyes de EE UU contra la tortura y sus compromisos internacionales. Y en septiembre, el antiguo jefe antiterrorista de la CIA, Cofer Black, testificaba ante el Congreso: "Hay un antes y un despu¨¦s del 11-S. Tras el 11-S nos quitamos los guantes". EE UU ha inaugurado lo que denomina "tortura de baja intensidad". Se permite cubrir la cabeza a un detenido hasta que pierda el sentido de la orientaci¨®n. Pero no se le puede amenazar de muerte o con la de sus seres queridos. Se puede jugar al polic¨ªa bueno y al polic¨ªa malo. Pero no se puede cubrir al detenido con una toalla mojada hasta crear la sensaci¨®n de que se est¨¢ asfixiando.