El Gobierno desbloquea la OPE 2000 y readjudicar¨¢ en unos meses 650 plazas

El Gobierno ha levantado la suspensi¨®n de la Oferta P¨²blica de Empleo (OPE) convocada en el a?o 2000 y va a proseguir con su tramitaci¨®n adjudicando las plazas a los 650 opositores que aprobaron los ex¨¢menes y que a¨²n no hab¨ªan accedido a sus puestos. El Ejecutivo ha tomado esta decisi¨®n una vez que el Tribunal Supremo ha resuelto a favor de los interinos que recurrieron el proceso en los recursos de casaci¨®n que en su momento interpuso contra ellos. La Administraci¨®n suspendi¨® el proceso en mayo de 2002 ante los recursos presentados por 120 interinos.

Este colectivo aleg¨® que el Gobierno deb¨ªa concederles una sobrepuntuaci¨®n atendiendo a su antig¨¹edad, tal y como figura en la disposici¨®n transitoria cuarta de la ley de Funci¨®n P¨²blica. El Ejecutivo se neg¨® a ello. Una vez que los tribunales han dado la raz¨®n a los interinos, el Gobierno ya ha establecido el calendario para reanudar todo el proceso.

Por una parte, el 12 de diciembre se publicar¨¢ una orden para que todos los posibles beneficiarios de esa disposici¨®n transitoria que a¨²n no han obtenido sentencia manifiesten su inter¨¦s por su aplicaci¨®n. El 13 de diciembre enviar¨¢ cartas a los opositores inform¨¢ndoles de los pasos a dar y el 22 de diciembre se publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficicial del Pa¨ªs Vasco la orden de la consejera de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica, Idoia Zenarruzabeitia, por la que se reanudan los procesos selectivos.

La suspensi¨®n de la OPE hab¨ªa sembrado un caos jur¨ªdico en el seno de la Administraci¨®n. El bloqueo imped¨ªa al Ejecutivo poner en marcha la otra oferta de empleo que tiene comprometida, y que consta de 300 plazas, y los concursos de traslados que deben convocarse. Una vez que los 650 opositores que permanec¨ªan sin plaza la ocupen, la administraci¨®n podr¨¢ reordenar la situaci¨®n.

El conflicto jur¨ªdico tiene su origen a mediados del a?o 2001, cuando terminaron los ex¨¢menes y se conoci¨® el nombre de los aprobados. La OPE de 2000 era la primera que convocaba la administraci¨®n en los ¨²ltimos diez a?os, por lo que despert¨® gran inter¨¦s entre los ciudadanos que vieron una oportunidad de convertirse en funcionarios de carrera. Una muestra de este inter¨¦s es que m¨¢s de 20.000 personas hicieron los ex¨¢menes para ocupar una de las 650 vacantes. De ¨¦stas, 478 fueron al turno libre y el resto correspondi¨® al turno restringido, destinado a los funcionarios que quieren cambiar de plaza. Un colectivo de 120 interinos, que llevan trabajando en la Administraci¨®n desde 1982, recurri¨® las listas de aprobados ante el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV). Entre otros motivos, alegaron que no se hab¨ªa valorado su antig¨¹edad de acuerdo a lo estipulado en la ley de Funci¨®n P¨²blica vasca, norma aprobada en 1989.

Desistimiento

Esta ley concede a los interinos que trabajan desde 1982 una mayor puntuaci¨®n a la hora de enjuiciar sus m¨¦ritos. El TSJPV fue d¨¢ndoles la raz¨®n uno por uno. Ante la cascada de sentencias que se le vinieron encima, el Gobierno opt¨® por suspender la tramitaci¨®n de la OPE y recurrir en casaci¨®n al Tribunal Supremo para que aclarase la situaci¨®n.

Recientemente, algunos de estos recursos de casaci¨®n han sido resueltos por la sala correspondiente del Tribunal Supremo, fallando que las sentencias dictadas por el TSJPV son "conformes a derecho". Con esta resoluci¨®n, el Gobierno ha analizado los recursos de casaci¨®n que a¨²n no ha fallado el Supremo y, presuponiendo que van a correr la misma suerte, considera que "carece de inter¨¦s" seguir con el proceso. La Administraci¨®n entiende que las cuestiones litigiosas que le llevaron a recurrir en casaci¨®n han quedado "definitivamente resueltas" una vez conocida la interpretaci¨®n correcta de la ley de Funci¨®n P¨²blica. Por eso, reconoce que lo procedente es "levantar la suspensi¨®n" de la OPE y seguir con la tramitaci¨®n de los procedimientos.

En los ¨²ltimos a?os, el Gobierno hab¨ªa acumulado otros reveses judiciales que hab¨ªan provocado la incertidumbre sobre el funcionariado que trabaja en la Administraci¨®n general (Osakidetza, la Ertzaintza y Educaci¨®n est¨¢n al margen de estos conflictos). Por ejemplo, el TSJPV declar¨® ilegal el concurso de traslados organizado en 1998 y que afectaba a 1.110 funcionarios. Tras propinar este varapalo, el propio tribunal eximi¨® a la Administraci¨®n de repetir el proceso al entender que causar¨ªa m¨¢s da?o del que se quiere reparar.