La Ley del Audiovisual frente al espacio p¨²blico

Hay quien dice que vivimos inmersos en lo que se ha venido anunciando como nueva era de la sociedad de la informaci¨®n. Si eso es cierto, resulta parad¨®jico que nadie rinda cuentas ante la ciudadan¨ªa de lo que supone un importante cambio de normativa sobre los medios de comunicaci¨®n audiovisuales. La nueva Ley del Audiovisual ha iniciado estos d¨ªas su proceso final de discusi¨®n en el Parlament, y se aprobar¨¢ en breve. El redactado final de la normativa ha pasado por una prolongada y discreta fase de elaboraci¨®n que ha coincidido en el tiempo con la discusi¨®n y aprobaci¨®n del nuevo Estatut.

A lo largo de este periodo, la ponencia encargada de la elaboraci¨®n de la proposici¨®n de Ley del Audiovisual ha cumplido su labor de recoger las enmiendas planteadas dentro y fuera de los grupos parlamentarios. No obstante, el proceso de elaboraci¨®n de la Ley en el Parlament se ha caracterizado por el silencio medi¨¢tico y la falta de visibilidad. Surgen, pues, preguntas: la nueva ley, ?situar¨¢ a Catalu?a en posici¨®n de saber afrontar los retos que plantean las transformaciones sociales -y no s¨®lo econ¨®micas- de nuestro tiempo? ?Sabr¨¢ garantizar derechos democr¨¢ticos b¨¢sicos, como el derecho a la informaci¨®n? ?Sabr¨¢ definirse en t¨¦rminos similares a los de las avanzadas legislaciones que ya se aplican en otros pa¨ªses en materia de comunicaci¨®n accesible y participativa? ?Reflejar¨¢ suficientemente la diversidad y complejidad crecientes de nuestros paisajes cotidianos?

La Ley del Audiovisual plantea un cambio sustancial. No me refiero al traspaso de competencias del Gobierno central al catal¨¢n en materia de regulaci¨®n. El cambio que merece aqu¨ª toda nuestra atenci¨®n consiste en que las actividades audiovisuales privadas dejar¨¢n de ser consideradas como servicios p¨²blicos. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las cadenas de televisi¨®n y las emisoras de radio comerciales dejar¨¢n de tener el deber de regirse por los principios de servicio p¨²blico en Catalu?a. La obtenci¨®n de una licencia para emitir (lo que equivale a una licencia para ocupar un espacio -el audiovisual- que en principio es el de todas y todos) no implicar¨¢ obligaci¨®n alguna a concebir la comunicaci¨®n como un bien p¨²blico. Al contrario, fomentar¨¢ la concepci¨®n y naturalizaci¨®n de los contenidos de los medios en funci¨®n de su valor de cambio en el mercado, con la consecuente condena de los ciudadanos a la cadena perpetua que los relega a la condici¨®n de clientes y consumidores.

Para ejemplificar el caso, valga el s¨ªmil de imaginar una ciudad donde se ha hecho una concesi¨®n de suelo p¨²blico para la construcci¨®n de un hotel de cinco estrellas. Seg¨²n las normativas urban¨ªsticas vigentes, el terreno puede cederse a la iniciativa especulativa-lucrativa reserv¨¢ndole un uso de "equipamiento". Si se aplicara una nueva normativa equivalente a lo que supondr¨¢ la Ley del Audiovisual respecto al espacio radioel¨¦ctrico y digital, la construcci¨®n del hotel de cinco estrellas implicar¨ªa autom¨¢ticamente la privatizaci¨®n de la calle donde se erigir¨ªa el edificio, con la consecuente construcci¨®n de vallas alrededor de los parques y jardines adyacentes.

La tendencia a la liberalizaci¨®n se est¨¢ dando por descontada (tambi¨¦n) en el sector de la comunicaci¨®n audiovisual, por no hablar del de las industrias culturales en general. En este contexto, toda queja ante la privatizaci¨®n del espacio p¨²blico es considerada por nuestros legisladores como un in¨²til (por no decir ingenuo) gesto de nadar contra corriente. No es preciso explicitar aqu¨ª la importancia estrat¨¦gica que tiene el campo de la comunicaci¨®n, y no precisamente debido a nuestra supuesta inmersi¨®n en una nueva forma de organizaci¨®n social que ha sustituido los engranajes por los bits.

Walter Lippmann ya dijo en 1922 que los medios de comunicaci¨®n son como los conciben los grupos hegem¨®nicos. As¨ª pues, ese invento llamado opini¨®n p¨²blica es m¨¢s reflejo de los intereses de las ¨¦lites que de la "voluntad delpueblo". Lo malo es que eso acabe perpetu¨¢ndose as¨ª por definici¨®n, independientemente de las posibilidades hist¨®ricas de cambiar esos t¨¦rminos. Hoy no resulta del todo desfasado hablar de ¨¦lites gobernantes que reproducen discursos hegem¨®nicos para las mayor¨ªas, alej¨¢ndose de los discursos de la propia ciudadan¨ªa. Como dijera Lippmann, ser¨ªa interesante dar la vuelta a la teor¨ªa democr¨¢tica para ver que sin gobiernos que accedan a conocer reflexivamente la sociedad no hay discurso que valga sobre el acceso de la ciudadan¨ªa al conocimiento. El papel de la sociedad civil organizada en el cuestionamiento de las polaridades del debate pol¨ªtico actual es, de hecho, un tema de atenci¨®n que abre otras posibilidades de definici¨®n de la deseada "sociedad de la informaci¨®n".

Los medios de comunicaci¨®n audiovisuales que podr¨ªan constituirse como los puentes para acceder a esa otra esfera p¨²blica no ser¨¢n observados como tales en la futura Ley del Audiovisual. Me refiero concretamente a las radios y televisiones comunitarias (es decir, los medios de la sociedad civil). Una paradoja a?adida en estos tiempos de gobernanza y de "ciudades del conocimiento" es que esos "otros" medios de comunicaci¨®n no sean reconocidos por lo que son, a pesar de estar presentes. Hablando del estado de salud de la democracia, resulta patol¨®gico (m¨¢s que parad¨®jico) que los medios comunitarios sean sometidos a una regulaci¨®n que, o bien los convierte en ilegales, o bien los reduce/seduce como "actividades privadas". En ese ¨²ltimo caso, se les reserva el espacio que ocupar¨ªan los parterres del hotel de cinco estrellas (por continuar con nuestro s¨ªmil urban¨ªstico). Otra cosa ser¨ªa concebirlos como una plaza abierta que comunique mundos, culturas y conocimientos. Quiz¨¢ sea tiempo de que nos quitemos la etiqueta de turistas-clientes-consumidores-audiencias y digamos algo al respecto.

Anna Clua es profesora de Ci¨¨ncies de la Comunicaci¨®, UAB y miembro de la Assemblea per la Comunicaci¨® Social.