La politizaci¨®n de la justicia

En las ¨²ltimas semanas, la oposici¨®n parlamentaria, que integran el PSPV y Esquerra Unida, ha reiterado sus acusaciones de corrupci¨®n hacia el Consell y el Partido Popular presidido por Francisco Camps. La existencia de nuevas revelaciones sobre irregularidades en la gesti¨®n del Instituto Valenciano de la Exportaci¨®n (Ivex), la supuesta participaci¨®n de varios miembros del consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica en una trama de facturas falsas, y la declaraci¨®n del presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, como imputado en una tercera causa obligaron a la direcci¨®n del Consell y del PP a cambiar su estrategia inicial. As¨ª, en vez de ignorar estos asuntos para no dar pie a nuevas cr¨ªticas, los populares optaron finalmente por expandir la sombra de la corrupci¨®n. Tres han sido los blancos del Consell y la direcci¨®n regional del PP: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricard Cabedo; el vicepresidente de Bancaja, Josep Maria Catalu?a, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, junto a otros pocos cargos socialistas, la mayor¨ªa alcaldes.

Las cr¨ªticas de los populares al fiscal jefe, Ricard Cabedo, han sido sustentadas en su parcialidad, por estar casado con una diputada socialista

Los grupos de la oposici¨®n han reiterado en las ¨²ltimas semanas sus acusaciones de corrupci¨®n hacia el Consell y el Partido Popular

Las cr¨ªticas de los populares al fiscal jefe del TSJ han sido, fundamentalmente, de parcialidad. Una cr¨ªtica sustentada en dos argumentos: su matrimonio con la diputada socialista en el Congreso Juana Serna y la supuesta celeridad con la que ha tramitado una denuncia de la Agencia Tributaria que incluye a Terra M¨ªtica en una supuesta trama de empresas que emit¨ªan facturas falsas. La dureza y el calibre de las cr¨ªticas a Cabedo por parte del PP -incluida una petici¨®n de comparecencia del Fiscal General del Estado, C¨¢ndido Conde Pumpido, para que explique en el Congreso la "alarma social" generada por la fiscal¨ªa del TSJ- s¨®lo ha servido para aglutinar a las juntas de fiscales en defensa de su superior, lo que finalmente ha hecho que el Consell rebobinase.

Por su parte, el vicepresidente de Bancaja y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, han sido acusados por el PP de recaudar donaciones de promotores y constructores de Orihuela para financiar el PSPV. La base de la acusaci¨®n, que los populares finalmente han reducido a Pla, son unas declaraciones del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco Garc¨ªa Ortu?o, expulsado del PSPV-PSOE desde hace meses.

Textualmente Garc¨ªa Ortu?o dijo: "Pla s¨®lo viene a Orihuela a reunirse con empresarios y no con los militantes, y despu¨¦s Catalu?a

[ex secretario de Administraci¨®n del PSPV y actual vicepresidente de Bancaja] pasa la bandeja". El edil oriolano sostiene que se refiri¨® a la petici¨®n de donaciones de los partidos para financiar su actividad. "Es una pr¨¢ctica com¨²n de los partidos y no constituye ning¨²n delito", explica ahora Garc¨ªa Ortu?o. "Yo nunca he acusado a Pla de pedir financiaci¨®n a los empresarios a cambio de favores, extremo que s¨ª ser¨ªa delito. Por tanto, no tengo por qu¨¦ denunciar nada de esto ante el Fiscal Anticorrupci¨®n", a?ade.

Garc¨ªa Ortu?o s¨ª ha trasladado a ese departamento de la Fiscal¨ªa de Alicante documentos relacionados con la investigaci¨®n del ministerio p¨²blico sobre supuestos fraudes contables en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP. "Es un tema diferente, esa investigaci¨®n la inici¨® de oficio el fiscal a ra¨ªz de las denuncias del ex interventor de la Corporaci¨®n", concluye.

En este ambiente, el debate sobre la corrupci¨®n y el cruce de acusaciones entre populares y socialistas ha llevado al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, a manifestar que apartar¨¢ del partido a todos aquellos cargos que est¨¦n imputados en una causa judicial. Elemento al que se ha acogido el PP para exigir que cumpla con su palabra y expulse del PSPV a varios alcaldes imputados por supuestos delitos de diverso car¨¢cter. Exigencia que contrasta con el nulo cumplimiento del c¨®digo ¨¦tico que se impuso el PP bajo la presidencia de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Sin embargo, los principales casos que se instruyen en los juzgados y que afectan a posibles pr¨¢cticas irregulares de altos cargos p¨²blicos son los siguientes:

- Caso Ivex. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 19 de Valencia instruye de una denuncia del PSPV que cree que hay indicios de que el Ivex pag¨® de manera irregular parte del contrato de promoci¨®n con el cantante Julio Iglesias. El ex director del Ivex Jos¨¦ Mar¨ªa Tabares ya fue condenado por estafa y falsedad en relaci¨®n con otra operaci¨®n comercial. El instituto se ha visto, adem¨¢s, envuelto en una pol¨¦mica pol¨ªtica por la concesi¨®n de becas a familiares de altos cargos del PP.

- Terra M¨ªtica. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Valencia tramita la denuncia interpuesta por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, a ra¨ªz de la documentaci¨®n remitida por la Agencia Tributaria, por una trama de facturas falsas en la que figura, entre otras empresas, Terra M¨ªtica. Entre los imputados figuran tres miembros del consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica: Luis Esteban, Miguel Navarro -ahora en la empresa de la Generalitat Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA-, y el ex cu?ado de Eduardo Zaplana, Justo Valverde.

- Caso Fabra. El presidente de la Diputaci¨®n y del PP provincial de Castell¨®n, Carlos Fabra, se enfrenta a dos procedimientos judiciales distintos pero con un mismo origen, la acusaci¨®n del empresario Vicente Vilar de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitaci¨®n de autorizaciones de productos fitosanitarios. El presidente provincial del PP de Castell¨®n ha tenido que personarse ya tres veces ante el juez para declarar por la supuesta comisi¨®n de uno o varios delitos contra la administraci¨®n p¨²blica, entre los que se encuentran el cohecho, la prevaricaci¨®n y el tr¨¢fico de influencias; por un presunto fraude fiscal, denunciado por la Agencia Tributaria tras la inspecci¨®n de su declaraci¨®n de 1999; y por un posible delito de falsedad del que le acusa el mismo Vilar.

- Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Las supuestas irregularidades en la gesti¨®n urban¨ªstica y econ¨®mica de tres alcaldes del PP, los de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi; Torrevieja, Pedro Hern¨¢ndez Mateo; y Orihuela, Jos¨¦ Manuel Medina, centran las investigaciones de la reci¨¦n creada Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de la Audiencia de Alicante.

El alcalde de Alicante est¨¢ imputado en un supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa p¨²blica Mercalicante. Junto a Alperi, hay otros 21 imputados m¨¢s, entre ellos un edil y un ex concejal del PP. La investigaci¨®n judicial, que dirige el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Alicante, comenz¨® en septiembre de 2002 y tres a?os despu¨¦s el sumario a¨²n no est¨¢ cerrado.

Un juzgado de Torrevieja, a instancia del fiscal Anticorrupci¨®n, investiga la ventajosa operaci¨®n inmobiliaria del alcalde, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo. ?ste compr¨® en 2000 una finca en la vecina localidad de Almorad¨ª por 180.000 euros y la vendi¨® dos a?os despu¨¦s por 5,4 millones. En el origen y final de la operaci¨®n est¨¢ la mercantil Ed¨¦n del Mar, constructora con un elevado volumen de adjudicaciones en Torrevieja, antes, durante y despu¨¦s de la compra-venta de la finca por parte de Hern¨¢ndez Mateo.

En Orihuela, al margen de las denuncias de la oposici¨®n sobre irregularidades urban¨ªsticas, el fiscal Anticorrupci¨®n investiga una serie de supuestos fraudes contables denunciados por el ex interventor de la Corporaci¨®n. El alcalde de la localidad, Jos¨¦ Manuel Medina, vive en un chal¨¦ y conduce un lujoso turismo, ambos propiedad de un promotor.

Junto a estos consistorios, los juzgados tambi¨¦n tienen abiertas diligencias, igualmente por supuestos tratos de favor e informaci¨®n privilegiada en el ¨¢mbito urban¨ªstico, que afectan a los de Albatera y Catral, gobernados por el PSPV; Algorfa, en manos del PP, y X¨¤bia, hasta hace unas semanas tambi¨¦n gobernado por los populares. En Oropesa, el alcalde, Rafael Albert (PP), y en Vila-real el concejal de Urbanismo, Juan Serrano (PP), tambi¨¦n tienen diligencias abiertas; igual que los alcaldes socialistas de Alcal¨¢, Isabel Soriano; Zarra, Juan Jos¨¦ Rubio; Elda, Juan Pascual Azor¨ªn; y Llucena, Vicent Nebot.

Esta informaci¨®n ha sido elaborada por Santiago Navarro, Mar¨ªa Fabra y Joaqu¨ªn Ferrandis.