Espa?a, un sistema mejorable

El pasado 21 de septiembre el Comit¨¦ de Expertos encargado de evaluar la aplicaci¨®n de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias emiti¨® un informe sobre la aplicaci¨®n de la Carta en Espa?a que deber¨ªa llenarnos de orgullo a todos los espa?oles. Seg¨²n el Comit¨¦, debe elogiarse a Espa?a "por el s¨®lido reconocimiento y el alto grado de protecci¨®n asegurados en principio a las lenguas regionales o minoritarias", cosa que sit¨²a a Espa?a "entre los pa¨ªses m¨¢s firmemente comprometidos con la protecci¨®n y promoci¨®n de las lenguas regionales o minoritarias", gracias a la cooficialidad del catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera en las comunidades aut¨®nomas respectivas y a las correspondientes leyes auton¨®micas de "normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica".

No deja de ser interesante constatar que, por las mismas fechas que el Comit¨¦ de Expertos difund¨ªa su encendido elogio de un sistema de protecci¨®n considerado literalmente "extraordinario", todo un catedr¨¢tico de universidad como Aurelio Arteta tuviera la ocurrencia de afirmar en esta tribuna de opini¨®n que las mismas leyes de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica que nos sit¨²an a la vanguardia de la protecci¨®n y promoci¨®n de las lenguas regionales o minoritarias en Europa son "contrarias al esp¨ªritu y la letra"... ?de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias! (Cooficiales porque s¨ª, 26 de septiembre). De hecho, en los ¨²ltimos tiempos, acaso coincidiendo con la propuesta de nuevo Estatuto de autonom¨ªa de Catalu?a, se vuelven a escuchar voces contra los "excesos" de la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica, tanto en las tribunas previsibles para estas cosas como en medios tradicionalmente m¨¢s ponderados. Un empe?o en el que no falta, como siempre, la estricta demagogia o incluso la mera ignorancia, como las que exhib¨ªa recientemente en estas p¨¢ginas ?ngel de la Fuente (Reflexiones sobre el proyecto de Estatuto catal¨¢n, 5 de octubre) sosteniendo que el proyecto de Estatuto "proscribe" el castellano de un sistema educativo que parad¨®jicamente establece el deber de conocerlo al finalizar la ense?anza obligatoria, afirmando lo propio de unas administraciones p¨²blicas ante las cuales los ciudadanos tienen reconocido el derecho de opci¨®n ling¨¹¨ªstica, o ridiculizando el nivel de catal¨¢n que se exige a los m¨¦dicos forenses en Catalu?a con el burdo argumento de que los forenses s¨®lo examinan cad¨¢veres.

Pero la verdad es que en su informe el Comit¨¦ de Expertos no se limita a elogiar un sistema de protecci¨®n basado en algo que Arteta, de la Fuente y otros consideran aut¨¦nticas "tropel¨ªas". El Comit¨¦ de Expertos tambi¨¦n pone de relieve una serie de "inconvenientes" en este extraordinario sistema, algunos de los cuales tienen suficiente envergadura para que el Comit¨¦ de Ministros del Consejo de Europa los haya convertido en "recomendaciones" a las autoridades espa?olas para que mejoren la protecci¨®n de las lenguas regionales o minoritarias de Espa?a -es decir, para que vayan todav¨ªa un poco m¨¢s lejos de lo que Arteta y compa?¨ªa ya consideran demasiado lejos-.

Veamos un ejemplo. En el momento de ratificar la Carta, uno de los compromisos que adquiri¨® Espa?a fue el de garantizar que en las comunidades aut¨®nomas donde se habla catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera los tribunales pudieran llevar a cabo los procedimientos en las lenguas respectivas a requerimiento de una de las partes procesales. Cualquiera que viva en una de las comunidades aut¨®nomas relevantes puede calibrar lo fant¨¢stico del compromiso. Si ya es muy dif¨ªcil que un juzgado se dirija a uno en la lengua cooficial distinta del castellano, esperar que todo el procedimiento se lleve a cabo en esa lengua es hoy por hoy un objetivo simplemente inalcanzable. No es extra?o, pues, que ¨¦se sea uno de los puntos en que el Comit¨¦ de Expertos observa una aut¨¦ntica "brecha" entre el compromiso contra¨ªdo por Espa?a y su cumplimiento en la pr¨¢ctica. Y no es extra?o que el Comit¨¦ de Ministros recoja la preocupaci¨®n del Comit¨¦ de Expertos y recomiende a las autoridades espa?olas que tome las medidas jur¨ªdicas y pr¨¢cticas necesarias para asegurar que un porcentaje "adecuado" del personal que trabaja en la Administraci¨®n de justicia en las comunidades aut¨®nomas relevantes "tenga un conocimiento pr¨¢ctico de las lenguas pertinentes".

Despu¨¦s de la amonestaci¨®n europea, las autoridades espa?olas tienen ante s¨ª la posibilidad de cerrar la brecha detectada por el Comit¨¦ de Expertos, empezando por Catalu?a y por medio de toda una ley org¨¢nica del Estado cual ser¨¢ el nuevo Estatuto de autonom¨ªa de Catalu?a. Seg¨²n el art¨ªculo 102 del texto remitido al Congreso de los Diputados, para ocupar una plaza de magistrado, juez o fiscal en Catalu?a, los candidatos "deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catal¨¢n". Es posible que este art¨ªculo, como muchos otros del proyecto catal¨¢n, no supere el tr¨¢mite parlamentario tal como est¨¢; lo que no ser¨ªa de recibo es que, ignorando la recomendaci¨®n del Consejo de Europa, las Cortes no encontraran la f¨®rmula para que al menos un porcentaje "adecuado" de magistrados, jueces y fiscales que ejerzan en Catalu?a tenga un conocimiento pr¨¢ctico de la lengua que comparte oficialidad con el castellano.

Garantizar que los ciudadanos que lo deseen puedan desenvolverse en su lengua regional o minoritaria en sus relaciones con la Administraci¨®n de justicia es una de las preocupaciones del Comit¨¦ de Expertos que vela por la correcta aplicaci¨®n de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Una preocupaci¨®n m¨¢s general del Comit¨¦ es que "sigue siendo necesario crear conciencia en Espa?a acerca de las lenguas regionales o minoritarias". El Comit¨¦ lamenta en su informe que los medios de comunicaci¨®n espa?oles apenas presten atenci¨®n a la diversidad ling¨¹¨ªstica del pa¨ªs, y que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas no afectadas no sea consciente de que Espa?a es un pa¨ªs pluriling¨¹e (es decir, que crea que Espa?a es un pa¨ªs monoling¨¹e). Para remediarlo, el Comit¨¦ considera preciso "redoblar los esfuerzos para educar a la poblaci¨®n mayoritaria castellanoparlante y a los medios de comunicaci¨®n nacionales, con miras a fomentar una mayor aceptaci¨®n y respeto por las especificidades de las identidades regionales como parte integrante del patrimonio espa?ol". Pues bien, en eso tambi¨¦n tienen las autoridades espa?olas un documento sobre la mesa que puede contribuir a mejorar el sistema. Se trata de la proposici¨®n de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana "de protecci¨®n y promoci¨®n de las lenguas espa?olas distintas del castellano", que incluye entre las medidas que deber¨ªa adoptar el Estado la de difundir entre la poblaci¨®n espa?ola el conocimiento de la realidad pluriling¨¹e de Espa?a. La propuesta de Esquerra de convertir el catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera en lenguas oficiales del Estado puede parecer pol¨ªticamente inoportuna: desde el punto de vista catal¨¢n, interfiere de modo partidista en un objetivo transversal del Gobierno tripartito citado expl¨ªcitamente en el famoso pacto del Tinell; desde el punto de vista espa?ol, plantea de golpe un objetivo demasiado ambicioso si tenemos en cuenta las grandes reticencias que suscita una medida tan modesta como el uso del catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados. Pero por m¨¢s inoportuna que pueda ser la propuesta de Esquerra no es la aberraci¨®n que algunos han pretendido, sino un punto de partida para una discusi¨®n finalmente ineludible que se inscribe escrupulosamente en el mandato constitucional de respeto y protecci¨®n del patrimonio ling¨¹¨ªstico espa?ol y en la misma l¨®gica que llev¨® a Espa?a a ratificar la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en el a?o 2001 y a solicitar en el 2004 el reconocimiento oficial del catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera en las instituciones de la Uni¨®n Europea.

Hay quien cree, como Aurelio Arteta, que la idea de mejorar las posibilidades de uso del catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera en las instituciones del Estado (o en las de la Uni¨®n Europea) no tiene fundamento alguno. Su divisa es que en lo concerniente al reconocimiento de esas lenguas en nuestras instituciones estatales (o europeas) comunes lo que hay es lo que debe haber. (De hecho, seg¨²n ¨¦l, tal como se lo o¨ªmos decir en Barcelona, la situaci¨®n del catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera en 1975 es tambi¨¦n la que deb¨ªa haber, por lo que las pol¨ªticas de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica nunca deber¨ªan haber existido). Los que no hemos llegado a catedr¨¢ticos de Filosof¨ªa, pero recordamos de nuestras clases de juventud que un fil¨®sofo que se precie no puede confundir lo que es con lo que debe ser, no compartimos su visi¨®n de las cosas. Y sabiendo que quien gobierna Espa?a en este momento tampoco es un adepto del inmovilismo, esperamos grandes cosas de esta legislatura.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona y presidente de Organizaci¨®n por el Multiling¨¹ismo.