Embargos a terroristas

El caso del ex etarra C¨¢ndido Azpiazu es estremecedor. Asesin¨® en 1980 al entonces concejal por UCD del ayuntamiento de Azkoitia (Guip¨²zcoa) Ram¨®n Baglietto, quien 18 a?os antes le hab¨ªa salvado de morir bajo las ruedas de un cami¨®n junto a su madre y a un hermano peque?o. Tras cumplir condena no ha tenido ning¨²n reparo en instalar su negocio en el edificio donde vive la viuda de su v¨ªctima. Aparte de la conmoci¨®n insoportable que ha causado en la familia esta intrusi¨®n en su ¨¢mbito m¨¢s ¨ªntimo, resulta inquietante que hasta ahora no haya podido adoptarse ninguna medida efectiva para evitar conducta tan ofensiva y provocadora.

Pero m¨¢s all¨¢ de la repulsa moral que merece, el caso sit¨²a en su verdadera dimensi¨®n dos problemas que afectan a las v¨ªctimas del terrorismo y que la justicia no ha sabido resolver satisfactoriamente: la dificultad de percibir las indemnizaciones fijadas por los tribunales, dada la declaraci¨®n de insolvencia generalizada de los condenados etarras, y la vecindad en un mismo entorno social de v¨ªctimas y verdugos, algo no infrecuente en el Pa¨ªs Vasco. La Audiencia Nacional ha reaccionado activando el procedimiento de embargo -siempre latente en los supuestos de responsabilidad civil derivada del delito- de los bienes y cuentas corrientes de los Azpiazu y el otro etarra que particip¨® en el asesinato de Baglietto y dictando una orden de alejamiento, especialmente justificada en este caso. Esta ¨²ltima medida, prevista desde antiguo en el C¨®digo Penal como pena accesoria de determinados delitos, s¨®lo ha comenzado a aplicarse recientemente -en el caso de uno de los asesinos de Fernando Buesa-, lo cual muestra que no siempre se han activado todos los mecanismos legales frente al terrorismo.

El hecho de que el Estado haya asumido por ley desde 2000 el adelanto a las v¨ªctimas del cobro de las indemnizaciones exigibles a los penados por delitos terroristas no implica que la deuda contra¨ªda por ¨¦stos no siga viva. Esa deuda es enorme -unos 400 millones de euros- y el Estado no puede, en principio, darla por saldada. Por ello, no es extempor¨¢neo ni ilegal que intente cobrar la que tienen pendiente los asesinos de Ram¨®n Baglietto -63.707 euros, m¨¢s intereses legales-, sobre todo cuando se tiene constancia del negocio abierto por uno de ellos en el mismo entorno vital de la viuda de su v¨ªctima. Ese embargo no cuestiona el derecho a la reinserci¨®n, como han se?alado algunos portavoces del PNV, pues es imposible que quiera reinsertarse quien humilla a su v¨ªctima con una cercan¨ªa indeseable y ofensiva para ella. Es el derecho de la v¨ªctima a no ser humillada el que prevalece en este caso.