Denuncias y decretos

La falta de personal para atender a alumnos con necesidades especiales llev¨® en diciembre a los padres de una ni?a de Calp, de nueve a?os, al juzgado de D¨¦nia. Presentaron una denuncia por un supuesto delito de omisi¨®n del deber de socorro contra el conjunto de la Administraci¨®n educativa implicada, desde la inspectora de la zona hasta el propio consejero, Alejandro Font de Mora.

Mar¨ªa, que es como se llama la ni?a, padece mielitis transversa idiop¨¢tica y requiere de la ayuda de fisioterapeutas a lo largo de la jornada escolar.

Los directores de centros y la confederaci¨®n de asociaciones de padres Gonzalo Anaya han pedido que se solucione la falta de profesionales, que seg¨²n sus c¨¢lculos afecta a m¨¢s de 100 alumnos s¨®lo en Alicante. El PSPV ha asegurado que en todo el territorio valenciano hay al menos 40 centros que deber¨ªan tener y no tienen educadores especiales.

Parte del problema proviene, seg¨²n los directores, del largo y complicado proceso que deben seguir en el caso de que uno de los educadores pida una baja laboral o deje el trabajo. La solicitud para que se cubra la plaza se dirige a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, que a su vez la traslada a la Consejer¨ªa de Administraciones P¨²blicos, que debe pedir permiso a su vez a quien tiene la llave del dinero, la Consejer¨ªa de Hacienda. Todo este proceso, asegura un director, puede demorarse durante meses. En ese lapso de tiempo, algunos menores son atendidos en el colegio por sus familiares; otros, se quedan en casa.

La Generalitat aprob¨® en 1998 un decreto por el que la Administraci¨®n educativa debe garantizar los medios para que los alumnos con necesidades especiales reciban una educaci¨®n de calidad.