El Gobierno pide en los tribunales la suspensi¨®n del plan que prev¨¦ urbanizar la desembocadura del J¨²car

La Subdelegaci¨®n del Gobierno anunci¨® ayer que ha recurrido ante los tribunales la decisi¨®n de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de Valencia, adoptada el pasado 15 de noviembre, que permite urbanizar la desembocadura del r¨ªo J¨²car, una vez homologado el plan parcial de la Vega de Cullera. El recurso reclama que se suspenda la autorizaci¨®n al citado PAI al entender que no se garantiza el abastecimiento de agua y provocar¨¢ da?os en la cuenca del J¨²car. La Consejer¨ªa de Territorio tach¨® el recurso de intromisi¨®n en las competencias de la Generalitat. Mientras, Catarroja y Villalonga impulsan otros dos pol¨¦micos PAI.

Catarroja aprueba el PAI de Nou Mil¡¤leni y Villalonga impulsa otra pol¨¦mica urbanizaci¨®n

El recurso contencioso-administrativo planteado por el Gobierno reclama la suspensi¨®n de modo inmediato del acuerdo de la Comisi¨®n de Urbanismo -organismo que depende de la Consejer¨ªa que dirige Rafael Blasco- y en consecuencia del plan parcial, ya que de lo contrario se pueden producir toda una serie de perjuicios irreparables.

El programa de la Vega de Cullera prev¨¦ la construcci¨®n de 5.000 viviendas (1.100 protegidas) distribuidas en un total de 33 torres de hasta 25 alturas sobre una superficie de 610.000 metros cuadrados en la desembocadura del r¨ªo J¨²car en Cullera.

Para el Gobierno, el PAI objeto de discordia generar¨ªa una intensidad de tr¨¢fico superior a la capacidad de la carretera nacional 332. Seg¨²n el programa de la Vega de Cullera, las nuevas edificaciones que se mover¨¢n diariamente ser¨¢ de 17.481 veh¨ªculos, cuando la N-332 ya soporta una media de 18.502 autom¨®viles al d¨ªa.

Adem¨¢s, el recurso hace hincapi¨¦ en que "en ning¨²n momento se ha acreditado la suficiencia de caudales para atender al crecimiento poblacional ni sus efectos sobre los acu¨ªferos existentes" y el Ayuntamiento no ofrece soluciones ante los da?os derivados de la urbanizaci¨®n de la zona sobre la din¨¢mica fluvial.

En materia de costas, el escrito del Gobierno se?ala tambi¨¦n que algunas de las edificaciones previstas podr¨ªan invadir la zona de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre vulnerando lo previsto en la legislaci¨®n.

El director general de Ordenaci¨®n del Territorio, Pedro Grimalt, calific¨® ayer de "improcedente y prematuro" el recurso del Gobierno contra el plan de la Vega de Cullera al considerar que se trata de una iniciativa urban¨ªstica que "no est¨¢ definitivamente aprobada". Grimalt argument¨® que el PAI est¨¢ pendiente de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cullera y el Ministerio de Fomento en materia de carreteras, que garantice la movilidad, pero asegur¨® que en materia de agua se "ha acreditado que cuenta con recursos h¨ªdricos suficientes".

Grimalt acus¨® al Gobierno de "intromisi¨®n en las competencias de la Generalitat en un intento de politizar la ordenaci¨®n del territorio". "Ya es una evidencia que el Gobierno est¨¢ utilizando a la Delegaci¨®n del Gobierno y a las confederaciones hidrogr¨¢ficas para frenar el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana".

Por otra parte, ayer en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Catarroja, el equipo de gobierno formado por Uni¨®n Valenciana y el PP aprob¨® provisionalmente el PAI del pol¨¦mico macroproyecto Nou Mil¡¤lenni, un paso clave en la creaci¨®n de un complejo urban¨ªstico que incluye la reclasificaci¨®n de 1,7 millones de metros cuadrados de suelo r¨²stico y la construcci¨®n de 12.000 nuevas viviendas. En la pr¨¢ctica, Nou Mil¡¤lenni arrasa la ¨²ltima zona de naturaleza y de huerta que le queda al municipio y crea un pueblo paralelo al que ya existe: de sus actuales 26.000 habitantes, Catarroja pasar¨¢ a tener 60.000. "Intermediarios de los promotores est¨¢n ofreciendo ya 180.000 euros por hanegada a los que tenemos campos afectados por el proyecto", dice un labrador, "pero no valoran si tienes casa dentro del terreno, ni lo que esta te ha costado". A¨²n as¨ª, "mucha gente quiere vender cuanto antes". No obstante, hay quien espera, hasta que los precios suban hasta lo m¨¢ximo. "Hay personas", apunta el labrador, "que tienen de 3 a 10 hanegadas, otras que tienen de 20 a 70, y hay quien tiene terrenos de hasta 200 hanegadas". "Estos ¨²ltimos", dice, "ser¨¢n multimillonarios".

En la maqueta de presentaci¨®n de este proyecto ya estaba prevista una zona de equipamientos y servicios, aunque, seg¨²n el PSPV en la oposici¨®n municipal, no est¨¢ especificado en qu¨¦ consistir¨¢n. "No sabemos con certeza nada de carreteras, centros de salud o colegios; en cambio, s¨ª est¨¢ muy definido todo lo concerniente a campos de golf", dice el socialista Wilson Ferr¨²s. Esta construcci¨®n, en manos de una sociedad mixta constituida entre el Instituto Valenciano de la Vivienda y la promotora Llanera, ha sido aprobada antes del 1 de febrero, cuando entra en vigor la LUV o nueva ley urban¨ªstica. Eso permite a sus promotores acogerse a una posibilidad que quedar¨¢ eliminada: la de que el agente urbanizador y el agente constructor, como es el caso, sean el mismo.

Trescientas personas, entre miembros de la plataforma local Salvem Catarroja, que se opone a la construcci¨®n, y ciudadanos contrarios al proyecto, se concentraron ayer frente al ayuntamiento durante todo el pleno con pitos y consignas en contra del proyecto. Ferr¨²s advirti¨® de que su grupo pretende impugnar el pleno y prepara un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto para presentarlo el d¨ªa siguiente a la aprobaci¨®n definitiva del mismo.

Por otra parte, en la localidad de Villalonga, el alcalde del PP, Juan Ros, tiene previsto llevar hoy al pleno municipal la aprobaci¨®n provisional del pol¨¦mico macrocomplejo urban¨ªstico que promueve la empresa Urbac¨®n Levante SL, que pretende la construcci¨®n de 4.000 viviendas y un campo de golf en una superficie de m¨¢s de dos millones de metros cuadrados de la partida Pla de la Font. El proyecto ha sido cuestionado por los grupos de la oposici¨®n, PSPV y Bloc-EV, y la Plataforma pels Pobles de la Safor, que present¨® m¨¢s de un millar de alegaciones al PAI. El S¨ªndic de Greuges ha recriminado al gobierno municipal por no haber contestado dichas alegaciones; la Consejer¨ªa de Territorio ha solicitado al Ayuntamiento una revisi¨®n de su plan general y el TSJ ha dictado la paralizaci¨®n de los tr¨¢mites. A pesar de lo cual se ha convocado hoy el pleno para la aprobaci¨®n del PAI.