?Caf¨¦ para todos?

Ha sido como un vendaval. El apret¨®n de manos con el que el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el l¨ªder de Converg¨¨ncia, Artur Mas, sellaban un acuerdo sobre el Estatuto catal¨¢n hace nueve d¨ªas ha convulsionado a la Espa?a auton¨®mica. Con los recortes de prensa en la mano, consejeros y presidentes auton¨®micos se han encerrado a estudiarlo -y hasta a hacer simulaciones, como reconoce un consejero c¨¢ntabro-. A unos les ha puesto los dientes largos, a otros les ha erizado el vello de p¨¢nico.

El inter¨¦s ven¨ªa de atr¨¢s. Todos los Gobiernos auton¨®micos -incluso el de Castilla y Le¨®n, que rechaza de plano el documento- ten¨ªan puesta la mirada en el proyecto del tripartito catal¨¢n desde que arranc¨®, hace m¨¢s de a?o y medio. Y su arribo a buen puerto sienta un precedente que nadie puede ignorar. Mucho menos la decena larga de autonom¨ªas que han emprendido ya reformas estatutarias.

El Gobierno andaluz quiere ligar las inversiones no al PIB, sino a la poblaci¨®n

"Si se aplicara en Castilla y Le¨®n, perder¨ªamos al a?o 1.200 millones de euros"

Un Estatuto gallego como lo quiere el BNG depende tambi¨¦n del PP, clave en Galicia

A todas se ha dirigido este peri¨®dico en busca de repercusiones del Estatuto, para comprobar que, efectivamente, su estela llega al ¨²ltimo rinc¨®n del pa¨ªs. En casi todos los casos la valoraci¨®n est¨¢ condicionada por la disciplina de partido. De forma que las autonom¨ªas del PP critican un¨¢nimes el riesgo que conlleva de quiebra de la solidaridad entre territorios con diferente grado de riqueza y desarrollo. Y las gobernadas por socialistas, nacionalistas o regionalistas coinciden sin fisuras en los elogios. Aunque hay m¨¢s de una sorpresa.

?Qui¨¦n pod¨ªa pensar, por ejemplo, que fuera Castilla-La Mancha una de las comunidades m¨¢s entusiastas? Al menos esa impresi¨®n da Emiliano Garc¨ªa Page, vicepresidente segundo y portavoz del gobierno socialista que afirma sin vacilar, "lo que es bueno para Catalu?a es bueno para nosotros". Otros responsables auton¨®micos socialistas no lo tienen tan claro y estudian atentamente la letra menuda del Estatuto para ver como hincarle el diente. El Gobierno andaluz, por ejemplo, se ha fijado con sumo cuidado en la disposici¨®n transitoria que asegura a los catalanes en los pr¨®ximos siete a?os inversiones no inferiores a su PIB. "Nosotros vamos a proponer una disposici¨®n as¨ª, pero ligado a la poblaci¨®n [ocho millones de habitantes]", explica el portavoz del PSOE en el parlamento andaluz, Manuel Gracia.

Puestos a elegir, Cantabria se quedar¨ªa con la descentralizaci¨®n de la Justicia, y las competencias en puertos y aeropuertos, reclamada por los negociadores del cuatripartito. Tambi¨¦n Canarias. Aunque el portavoz del Gobierno nacionalista insular, Miguel Becerra, cree que hay que asegurarse de que la cesi¨®n de impuestos a las autonom¨ªas no afecte a servicios b¨¢sicos como sanidad y educaci¨®n. Materias que deben recibir del Estado, "la misma cantidad per c¨¢pita en todos los territorios".

Pese a ser la comunidad que menos ha crecido en la ¨²ltima d¨¦cada, Asturias no le tiene miedo al nuevo modelo de financiaci¨®n. El consejero de Econom¨ªa del Gobierno bipartito (PSOE e IU-BA), Jaime Rabanal, ve positivos los cambios, porque implican "m¨¢s capacidad fiscal, normativa y de decisi¨®n, y, en suma, m¨¢s corresponsabilidad y autonom¨ªa financiera".

?Con qu¨¦ se quedar¨ªan los dirigentes valencianos y baleares de este pol¨¦mico Estatuto? La inc¨®gnita no ha podido despejarse porque ni unos ni otros han respondido a este diario. En el caso valenciano, la tensi¨®n ha subido varios enteros, porque el consenso sobre el Estatuto logrado entre el Gobierno del PP y los socialistas parece seriamente amenazado. El texto, todav¨ªa en el aire, aumenta considerablemente el techo competencial y dota a la comunidad de una polic¨ªa auton¨®mica complementaria con la nacional.

Tambi¨¦n Baleares proyecta una reforma estatutaria aunque no parece probable que siga la pauta catalana, agriamente criticada por el PP. Basta o¨ªr lo que opina al respecto el presidente murciano, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, del mismo partido. "Rechazamos", declara, "cualquier imposici¨®n de un modelo de financiaci¨®n acordado bilateralmente y que quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre nuestros territorios, como jam¨¢s antes se ha hecho en nuestra democracia".

El Ejecutivo madrile?o se siente capaz, sin embargo, de entrar en el an¨¢lisis de la materia. "Si hablo como miembro del Gobierno, tengo que decir que en el aspecto econ¨®mico todo lo que le venga bien a Catalu?a es bueno tambi¨¦n para Madrid", dice Francisco Granados, concejal de presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. "Se use el criterio de renta o el de poblaci¨®n. Ahora, yo me pregunto, si recaudando el 33% del IRPF tenemos que devolver siempre dinero al Estado, al subir la recaudaci¨®n al 50% tendremos que devolver m¨¢s, ?no? Por eso supongo que Catalu?a habr¨¢ negociado de forma que recaudar m¨¢s signifique quedarse tambi¨¦n con m¨¢s".

Pero, ?qu¨¦ ocurre con las comunidades pobres, con demograf¨ªa bajo m¨ªnimos como Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, o Galicia? "Si se aplicara el modelo catal¨¢n perder¨ªamos al a?o 1.200 millones de euros", afirma Jos¨¦ Antonio de Santiago Ju¨¢rez, portavoz del PP en las Cortes regionales de Castilla y Le¨®n. Una p¨¦rdida que tendr¨ªan que compensar el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI). "Pero", se pregunta De Santiago, "con las cesiones de tributos el Estado va a recaudar menos, ?de d¨®nde va a sacar el dinero para aumentar los otros fondos?" Aparte de que no s¨®lo es cuesti¨®n de mayor dotaci¨®n sino de nuevos criterios. "Habr¨ªa que tener en cuenta la baja densidad, la dispersi¨®n y el envejecimiento de la poblaci¨®n", dice.

Galicia comparte algunos de esos problemas, pero el bipartito PSdG-BNG, ha acogido con buen ¨¢nimo el Estatuto. "Ha oxigenado un poco la atm¨®sfera pol¨ªtica", reconoce Carlos Aymerich, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el parlamento aut¨®nomo. "Adem¨¢s refuerza el clima de confianza en las instituciones", apunta el socialista Ismael Rego. Rego y sus compa?eros asumir¨ªan ya la definici¨®n de 'naci¨®n' "tal y como se ha fijado en el Estatuto catal¨¢n". Eso sin menoscabo de la naci¨®n espa?ola, de la que son parte, dice, "sin complejos".

Pero sus socios del BNG no parecen del todo satisfechos. "Emilio P¨¦rez Touri?o dijo en su d¨ªa que la definici¨®n de naci¨®n en el Estatuto era inconstitucional", recuerda Aymerich. Pero, ?y en lo dem¨¢s? "El esp¨ªritu del acuerdo financiero, es decir el objetivo de suficiencia que se ha marcado Catalu?a es v¨¢lido para Galicia, pero no su contenido. Nosotros incluir¨ªamos otros impuestos y otros porcentajes en esa cesta, porque si se aplicara ese modelo no cubrir¨ªamos ni el 67% de nuestras necesidades financieras". Aymerich se queja de que la cesi¨®n en materia de recaudaci¨®n de impuestos no tiene en cuenta que empresas gallegas -y cita Uni¨®n FENOSA- pagan sus impuestos en Madrid, que aporta un 17% al PIB espa?ol pero recauda el 44% de los tributos. Y otro tanto ocurre con Catalu?a, que genera el 18% del PIB y recauda el 22% de los tributos.

Pero la posibilidad de un estatuto al gusto del BNG est¨¢ condicionada por equilibrios pol¨ªticos. Cualquier modificaci¨®n de esta ley b¨¢sica requiere los dos tercios de los votos. Y una parte sustancial est¨¢ en manos del PP, clave en el Parlamento de Santiago al contrario que en el de Barcelona. M¨¢s sencillo lo tiene el Gobierno andaluz, que cuenta con el apoyo de Izquierda Unida para aprobar un futuro estatuto que incluye entre sus art¨ªculos y disposiciones una referencia a la "deuda hist¨®rica" del Estado con Andaluc¨ªa en materia de infraestructuras e inversiones. Son peticiones que no alteran a Jos¨¦ Mart¨ªn, consejero de Hacienda en la Junta de Extremadura, una de las pocas comunidades que no prev¨¦ cambios estatutarios a corto plazo. "A nosotros la nueva financiaci¨®n nos da igual". El dinero que no llegue con la recaudaci¨®n, llegar¨¢ por el Fondo de Suficiencia. Porque, "con la nueva f¨®rmula se reducir¨ªa un poco, del 65% al 49%, nuestra suficiencia financiera". A Cantabria le saldr¨ªa un saldo positivo, "unos diez millones de euros", calcula el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, del partido regionalista que gobierna con los socialistas. Tambi¨¦n a Canarias, aunque el Gobierno insular est¨¢ m¨¢s pendiente de aumentar competencias en la gesti¨®n de la inmigraci¨®n y en conseguir una agencia tributaria 'consorciada' como los catalanes. Algo a lo que aspira tambi¨¦n Andaluc¨ªa, que persigue adem¨¢s un sistema de blindaje competencial inspirado en el reci¨¦n alcanzado acuerdo catal¨¢n. Sentado del precedente del Estatuto, ?qui¨¦n se lo va a negar?

Con las aportaciones de Juan Manuel Pardellas (Tenerife), Isabel Salvador (Toledo), Concha Monserrat (Zaragoza), Eloy Madorr¨¢n (Logro?o), Javier Cuartas (Oviedo) y Tono Calleja (Murcia).