La juez imputa por prevaricaci¨®n al jefe de Extranjer¨ªa de Ir¨²n

Un juzgado de Ir¨²n ha imputado un delito de prevaricaci¨®n y, subsidiariamente, otro contra los derechos fundamentales al jefe de Extranjer¨ªa de la comisar¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa de Ir¨²n, Abel Pizarro, y a un agente de ese servicio por expulsar a una inmigrante de Espa?a sin comunicarlo a tiempo a su abogado. El mismo juzgado ha sobrese¨ªdo provisionalmente las diligencias contra otros dos agentes.

El procedimiento judicial parte de la denuncia interpuesta en febrero de 2005 por los letrados del Turno de Extranjer¨ªa del Colegio de Abogados de Guip¨²zcoa contra Pizarro y "cualquier otro funcionario" que pudiese tener responsabilidad en la expulsi¨®n de seis inmigrantes sin la preceptiva comunicaci¨®n a sus representantes legales a lo largo de 2004.

A partir de esta denuncia, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Ir¨²n cit¨® a declarar como imputados al jefe de Extranjer¨ªa en la localidad fronteriza, as¨ª como a tres subordinados suyos que trabajaban en el citado servicio. El primero en comparecer fue Pizarro, quien admiti¨® que su unidad hab¨ªa materializado la expulsi¨®n de algunos inmigrantes sin comunic¨¢rsela a tiempo a sus letrados, al entender que la normativa no le obliga a ello.

Tras las diligencias practicadas hasta la fecha, la titular del juzgado irun¨¦s aprecia "indicios racionalmente suficientes" para imputar a Pizarro y a otro agente un delito de prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas) previsto en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal, que establece penas de siete a diez a?os de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico. Subsidiariamente, la juez imputa a ambos otro delito contra los derechos fundamentales previsto en el art¨ªculo 542 del mismo texto legal, que fija la inhabilitaci¨®n entre uno y cuatro a?os.

En un auto notificado ayer, la juez argumenta que de las pruebas documentales y las declaraciones recibidas se deduce que el agente, "actuando en funci¨®n de las instrucciones de su superior", no notific¨® al abogado de la joven boliviana Gabriela Queteguari la expulsi¨®n de su representada. La mujer fue detenida el 16 de noviembre de 2004 para ejecutar la resoluci¨®n de repatriaci¨®n dictada por la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Guip¨²zcoa. La actuaci¨®n policial impidi¨® al letrado solicitar como medida cautelar la suspensi¨®n de dicha expulsi¨®n, por lo que la chica fue repatriada dos d¨ªas despu¨¦s. S¨®lo entonces su defensor conoci¨® los hechos. Finalmente, Queteguari fue devuelta a Espa?a a costa del Estado por orden de un juzgado donostiarra.

La resoluci¨®n judicial, que puede ser recurrida, ha sido notificada a la Fiscal¨ªa y a las partes personadas en la causa, que ahora deber¨¢n presentar sus escritos de calificaci¨®n y solicitar la apertura de juicio oral.

El mismo juzgado ha emitido un segundo auto en el que dicta el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra otros dos subordinados de Pizarro, al considerar que no existen indicios racionales de que hayan cometido una infracci¨®n penal. El Colegio de Abogados tiene intenci¨®n de recurrir esta resoluci¨®n. Sostiene adem¨¢s que, aunque la juez se ha centrado en el caso de Queteguari, hay otros tres expedientes de expulsi¨®n en los que, a la vista de la instrucci¨®n, se pudo cometer prevaricaci¨®n.