El ministro de Trabajo acepta que las comunidades regulen la prostituci¨®n

El ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, anunci¨® ayer en el Congreso que est¨¢ en estudio la posibilidad de conceder a las prostitutas que dejen esa ocupaci¨®n la renta activa de inserci¨®n, un salario para trabajadores con grandes dificultades de empleo. Caldera eludi¨® entrar en la pol¨¦mica sobre la legalizaci¨®n de la prostituci¨®n, desatada por la iniciativa reguladora de Catalu?a. Asegur¨® que el Estado carece de competencias. "El reparto permite que comunidades aut¨®nomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas para eliminar los efectos nocivos", dijo.

La renta activa de inserci¨®n (una paga de 432 euros durante un m¨¢ximo de 11 meses) es una ayuda destinada a desempleados mayores de 45 a?os sin subsidio, emigrantes retornados o mujeres v¨ªctimas de la violencia machista. Su cuant¨ªa alcanza el 80% del salario m¨ªnimo. El ministro, en su respuesta en el Congreso a una interpelaci¨®n de la diputada de Izquierda Verde Carme Garc¨ªa, no dio por hecho que se vaya a conceder esa renta a todas las prostitutas, pero s¨ª quiso expresamente "anunciar que en el ¨¢mbito de la lucha contra la exclusi¨®n sociolaboral de las prostitutas estamos estudiando que puedan ser beneficiarias del programa de renta activa de inserci¨®n laboral y de los programas de formaci¨®n para el empleo". Tambi¨¦n aclar¨® que para ayudar a las inmigrantes a salir de la prostituci¨®n se podr¨¢n utilizar los 180 millones que el Gobierno, tras un pacto con Izquierda Verde y ERC, ha destinado a un fondo para hacer frente a los problemas de los inmigrantes.

La diputada de Izquierda Verde insist¨ªa en diferenciar la prostituci¨®n voluntaria de la que se realiza de forma forzada para llevar al ministro a opinar sobre su posible legalizaci¨®n, un debate que se ha desatado especialmente en Catalu?a, de donde procede la parlamentaria. El ministro eludi¨® entrar ah¨ª y se limit¨® a recordar que "en el mundo hay distintos modelos con ventajas e inconvenientes". El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha elaborado un informe en contra de la iniciativa catalana en el que se afirma, entre otras cosas, que ese Gobierno aut¨®nomo carece de competencias para acometer la regulaci¨®n que se propone (v¨¦ase EL PA?S del pasado s¨¢bado).

"Holanda y Alemania han optado por legalizar la prostituci¨®n, pero Suecia, despu¨¦s de a?os de permisividad, ha decidido penalizar", record¨®. "Hay quienes apuestan por la prohibici¨®n total, quienes piden un control administrativo y quienes defienden que las prostitutas deben tener la misma protecci¨®n que los dem¨¢s trabajadores", apunt¨® Caldera. "Sabemos que en Espa?a la mayor¨ªa de las mujeres que ejercen la prostituci¨®n est¨¢n en situaci¨®n de exclusi¨®n, y son inmigrantes irregulares que han sufrido el tr¨¢fico de mujeres. La mayor¨ªa de las prostitutas est¨¢n forzadas, s¨®lo una m¨ªnima parte lo hacen de forma voluntaria. Tenemos que actuar con firmeza para erradicar este problema", insisti¨®.

El ministro quiso en todo momento eludir el debate de fondo y aclar¨® que el Estado al que ¨¦l representa ni siquiera tiene competencias para regular la prostituci¨®n. "Desde el punto de vista penal, policial y de inmigraci¨®n, el Estado tiene las competencias, pero en el resto de cuestiones nuestras atribuciones son marginales", apunt¨®.

"Mi Gobierno no ignora la problem¨¢tica derivada del ejercicio de la prostituci¨®n. Pero el reparto de competencias limita mucho la intervenci¨®n de la Administraci¨®n y permite que comunidades aut¨®nomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas para eliminar los efectos nocivos que se derivan de su ejercicio", a?adi¨®.

Caldera relat¨® que son estas administraciones las que regulan los servicios sociales, las pol¨ªticas de inclusi¨®n social, sanitarias, de orden p¨²blico o incluso de ordenaci¨®n de la actividad econ¨®mica de las comunidades aut¨®nomas, en lo que se refiere a los locales en los que se ejerce la prostituci¨®n. "Ello hace que las comunidades aut¨®nomas y las corporaciones locales puedan actuar en la direcci¨®n pol¨ªtica que entiendan m¨¢s conveniente a la vez que limita la capacidad de intervenci¨®n del Estado en este ¨¢mbito", concluy¨®.

Garc¨ªa explic¨® m¨¢s tarde a EL PA?S que el Gobierno ha aceptado crear una subcomisi¨®n en el Congreso para que hablen los expertos de este tema y as¨ª dentro de unos meses el Ejecutivo pueda tomar una decisi¨®n sobre la posible legalizaci¨®n con limitaciones. La creaci¨®n de esta subcomisi¨®n se votar¨¢ la semana que viene, pero Garc¨ªa asegura que el Grupo Socialista ya le ha comprometido su apoyo. La divisi¨®n sobre este tema parece evidente dentro del Gobierno y del grupo que lo apoya.

Garc¨ªa se mostr¨® partidaria de que se aborde el problema de la prostituci¨®n en toda su dimensi¨®n. "Nosotros queremos erradicar la prostituci¨®n forzada, pero estudiaremos todas las propuestas que nos vengan", le replic¨® Caldera.