El Constitucional deja en manos de las comunidades el control de las ITV

El Tribunal Constitucional, en una sentencia del pasado diciembre, deja en manos de las comunidades el control de la red de inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos (ITV). Un real decreto ley del Gobierno del PP liberaliz¨® en 2000 esta actividad, pero el alto tribunal ha dado la raz¨®n a los recursos presentados por Catalu?a y otras autonom¨ªas. A pesar de la sentencia, los sindicatos denuncian que el tripartito "har¨¢ justo lo que quer¨ªa el Gobierno de Aznar", a trav¨¦s de la nueva agencia catalana de seguridad industrial.

Varios organismos se han opuesto tajantemente a la creaci¨®n de la citada agencia catalana de seguridad industrial, que en la pr¨¢ctica supervisar¨¢ el funcionamiento de las ITV y de las actividades de inspecci¨®n y control de la seguridad industrial en las empresas bajo el nuevo r¨¦gimen que quiere introducir la Generalitat. Este nuevo sistema entierra el r¨¦gimen de concesi¨®n y lo sustituye por autorizaciones a empresas que cumplan determinados requisitos. Ninguna de ellas podr¨¢ controlar m¨¢s del 40% del mercado, a diferencia de lo que ocurre actualmente: cuatro empresas se reparten el mercado de ITV y control industrial.

La nueva agencia se convertir¨¢ en una empresa p¨²blica "sujeta al derecho privado". Y ¨¦ste es el detonante de la pol¨¦mica. El Consejo de Trabajo Econ¨®mico y Social de Catalu?a (CTESC), en el que participan las principales patronales y los sindicatos, emiti¨® un dictamen el pasado agosto contrario a la creaci¨®n de la nueva entidad. Y la propia Intervenci¨®n General de la Generalitat -organismo adscrito al Departamento de Econom¨ªa que controla internamente las finanzas p¨²blicas- se opone tambi¨¦n a la agencia, al igual que los dos partidos de la oposici¨®n en el Parlament, CiU y el PP.

Santi Rodr¨ªguez, diputado del PP, asegur¨® ayer que la agencia, incluida en el proyecto de ley de seguridad industrial -actualmente, en pleno tr¨¢mite parlamentario-, "no s¨®lo reduce las garant¨ªas de vigilancia industrial, sino que, adem¨¢s, supone una externalizaci¨®n de un servicio que no beneficia a la ciudadan¨ªa y, seg¨²n la propia Intervenci¨®n General, crea un nuevo organismo cuyas finanzas escapan al control p¨²blico".

Denuncias sindicales

Los sindicatos CC OO, CGT y CATAC-IAC consideran que el negocio de las ITV y de la seguridad industrial "mantendr¨¢ la situaci¨®n actual de oligopolio". En el caso de la seguridad industrial, los trabajadores afirman que la liberalizaci¨®n puede suponer que los funcionarios pierdan su situaci¨®n, lo que a la postre "puede constituir un nido de clientelismo y amiguismo si la regulaci¨®n sigue tal como est¨¢".

Fuentes del Departamento de Trabajo e Industria rebatieron ayer las cr¨ªticas de los sindicatos y la oposici¨®n. El cambio en las ITV y la seguridad industrial obedece a la voluntad de introducir "m¨¢s eficiencia" en el mercado, dijeron fuentes de Industria, siempre dentro del modelo de agencias p¨²blicas sometidas al derecho privado, de las que hay una treintena en Catalu?a. "El 99% del personal de la agencia estar¨¢ formado por funcionarios, y el organismo estar¨¢ sometido a auditor¨ªas p¨²blicas. Incluso se ha introducido una enmienda para reforzar este control econ¨®mico, una auditor¨ªa permanente por parte de la Intervenci¨®n General", inform¨® Industria. El PP, sin embargo, asegura que la legislaci¨®n obliga a controlar estas empresas a trav¨¦s de auditor¨ªas, y ¨¦stas se hacen siempre a posteriori. "Por eso se escapa al control de la Intervenci¨®n General, que fiscaliza, pero no puede hacer auditor¨ªas", explic¨® Rodr¨ªguez.

Applus -filial de Agbar- y RVSA se repart¨ªan hasta ahora, en r¨¦gimen de concesi¨®n, el mercado de ITV en Catalu?a. En el caso de los operadores industriales, en Catalu?a se reparten el mercado ECA e ICICT. El Departamento de Trabajo e Industria sostiene que el nuevo sistema de autorizaciones permitir¨¢ la entrada "de una docena de empresas" entre ambas actividades.