El fiscal cuestiona la legalidad de la repetici¨®n del juicio del mot¨ªn de Fontcalent

Jos¨¦ Antonio Romero, fiscal del juicio por el mot¨ªn de Fontcalent, cuestion¨® ayer la legalidad de la repetici¨®n del procesamiento. La primera vista oral, celebrada en 2002, fue anulada por el Tribunal Supremo por considerar que el sistema de videoconferencia mediante el cual declararon los acusados [19 reos] vulner¨® sus derechos fundamentales. La revuelta carcelaria se produjo en noviembre de 1990 y se sald¨® con el asesinato de un interno argelino.

El ministerio p¨²blico, en su informe final, anunci¨® que no descarta presentar un recurso de casaci¨®n ante la decisi¨®n de la sala, un tribunal de la Audiencia de Alicante, de no dar lectura a actas de testigos de la primera vista oral que en esta ocasi¨®n no han comparecido. Romero consider¨® que la sentencia del Supremo, que invalid¨® el primer juicio, s¨®lo afecta a los testimonios de los presos, que declararon por videoconferencia. El fallo del alto tribunal no afecta a los testigos que s¨ª comparecieron en la sala. "Las declaraciones del primer juicio que no afecten al motivo de la nulidad, tienen validez para el actual", remarc¨® Romero.

Para el fiscal, esos testimonios, "finalmente omitidos", constituyen una prueba clave para su acusaci¨®n, en concreto para acusar de asesinato a uno de los procesados [ahora 12 reos]. El ministerio p¨²blico imput¨® finalmente el delito de asesinato a cinco de los procesados, entre ellos el primer acusado, Antonio Cort¨¦s Escobedo. El fiscal tambi¨¦n imput¨® a los 12 incriminados del delito de detenci¨®n ilegal y declar¨® al Estado responsable civil subsidiario, "porque no garantiz¨® las medidas de seguridad necesarias para evitar el mot¨ªn". Entre otras carencias, el ministerio p¨²blico subray¨® el fallo de la alarma y la ausencia de guardias civiles en las garitas de la prisi¨®n.

Plan de fuga

Por ¨²ltimo, el fiscal sostuvo que el objetivo de la rebeli¨®n carcelaria era la fuga de amotinados de la prisi¨®n, y no la demanda de mejoras en la c¨¢rcel, como mantiene los procesados. Estos se enfrentan a penas que oscilan entre 3 y 159 a?os de c¨¢rcel de acuerdo a la petici¨®n final del ministerio p¨²blico.

La vista oral prosigue hoy con el informe final de las defensas. Los letrados de los reos procesados solicitan la absoluci¨®n o, alternativamente, penas menores de c¨¢rcel. A lo largo de las sesiones de la vista, que comenz¨® el pasado 30 de enero, los abogados han planteado un sinf¨ªn de alegaciones y protestas. En primer t¨¦rmino, por el "trato vejatorio" a los acusados [los reos han sido juzgados esposado y bajo una estrecha vigilancia policial]. Adem¨¢s, las defensas, en concreto el letrado del primer incriminado, tambi¨¦n lleg¨® a recusar el tribunal por considerar que estaba "contaminado" por conocer las actas de la primera vista oral y que fue invalidada por el alto tribunal.