Un estudio oficial acusa al Gobierno de "vaciar" las competencias forales

Un informe elaborado por el Departamento de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV) a petici¨®n de las Juntas Generales de ?lava constata la "crisis" en la que ha entrado la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH), la norma que fija la distribuci¨®n de competencias entre las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) y las forales. Las cada vez m¨¢s numerosas leyes sectoriales que aprueba el Parlamento y, sobre todo, la proliferaci¨®n de decretos del Gobierno que regulan de forma exhaustiva cualquier materia han desencadenado un proceso de "vaciamiento generalizado" de las competencias que les corresponden a las tres Juntas Generales. ?sta es una de las aseveraciones del informe elaborado para clarificar la asignaci¨®n de competencias que tienen establecidas las instituciones y comprobar si se cumple o no el reparto legal.

El trabajo fue encargado por las Juntas alavesas en abril de 2005 y su elaboraci¨®n ha corrido a cargo, entre otros, de la catedr¨¢tica em¨¦rita de la UPV Milagros Garc¨ªa Crespo; el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Alberto L¨®pez Basaguren, y los catedr¨¢ticos de Econom¨ªa Aplicada Marisol Esteban y Felipe Serrano. Basaguren se?al¨® abiertamente de est¨¢ en "crisis" el modelo de la LTH.

Los cuatro catedr¨¢ticos presentaron ayer el resultado de su trabajo ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda de las Juntas alavesa y en presencia del diputado de Hacienda, Juan Antonio Z¨¢rate. El informe llega cuando va a comenzar la revisi¨®n de la ley de Aportaciones, que regula el reparto de los recursos del Concierto entre el Gobierno y las diputaciones. En este sentido, el trabajo refleja c¨®mo en los ¨²ltimos a?os ha aumentado la capacidad de financiaci¨®n del Gobierno, mientras ha ca¨ªdo la de las diputaciones.Aunque el encargo de hacer el informe es de las Juntas Generales de ?lava, sus resultados tambi¨¦n resultan extrapolables a los otros dos territorios. El Gobierno eludi¨® pronunciarse sobre el documento. La primera parte consiste en un an¨¢lisis jur¨ªdico de la actuaci¨®n del Gobierno y de las Juntas Generales. Este examen pone de manifiesto la existencia de importantes ¨¢mbitos en los que no se respeta la distribuci¨®n de competencias establecida por la Ley de Territorios Hist¨®ricos.

En primer lugar, apunta el documento, se est¨¢ recurriendo, de forma m¨¢s habitual cada vez m¨¢s habitual, a la modificaci¨®n del reparto competencial por medio de leyes sectoriales emanadas del Parlamento. "Aunque ello es leg¨ªtimo desde el punto de vista jur¨ªdico,", observan los expertos, "parece poner de manifiesto el problema de la vigencia del modelo establecido en la LTH. Y ser¨ªa conveniente que ello se abordase de forma global, sistem¨¢tica, y no a trav¨¦s de cada una de las leyes del sector".

El ¨²ltimo ejemplo de esta controversia se ha suscitado con el proyecto de ley de Aguas, que fue recurrido la legislatura pasada ante la Comisi¨®n Arbitral por las Juntas Generales de ?lava al entender que se invad¨ªan competencias forales. Finalmente, la Comisi¨®n Arbitral dio la raz¨®n al Gobierno al se?alar que el reparto competencial entre Ejecutivo y Diputaciones fijado en la LTH se puede modificar a trav¨¦s de una ley sectorial, siempre que ¨¦sta contenga una disposici¨®n adicional en la que se articule de manera "directa, expresa y fundada" dicha modificaci¨®n competencial.

El segundo problema al que hace referencia el informe se refiere al proceso de "vaciamiento generalizado" de las competencias de desarrollo normativo y ejecuci¨®n de los territorios hist¨®ricos que, a juicio de sus redactores, se viene produciendo en los ¨²ltimos a?os. Este vaciamiento es consecuencia de "una proliferaci¨®n" de decretos del Gobierno que regulan de manera exhaustiva cualquier materia. "Con ello, el Ejecutivo ha demostrado un fuerte apego a unas formas de actuaci¨®n expansiva en la regulaci¨®n de lo b¨¢sico, irrespetuosa con las competencias de desarrollo normativo de los territorios hist¨®ricos", apunta el documento.

"El poder del gasto"

La prueba palpable de esta pr¨¢ctica es que en la actualidad las Juntas Generales s¨®lo promulgan normas forales sobre fiscalidad, sin apenas adentrarse en otros campos que ya aparecen regulados con los decretos del Gobierno.

En tercer lugar, los expertos advierten de que el Gobierno recurre a su "poder de gasto" e inversi¨®n para intervenir, por medio de subvenciones, en ¨¢mbitos que son competencia exclusiva de las diputaciones. De esta forma no respeta la LTH, que especifica que antes de invertir en algo debe realizar la transferencia de recursos correspondiente a las diputaciones. Estos tres problemas se concretan de manera especial en las competencias sobre agricultura, ganader¨ªa y montes, y servicios sociales.

Adem¨¢s de la invasi¨®n competencial causada por las leyes sectoriales, los decretos y las subvenciones, en algunos programas de agricultura y ganader¨ªa se produce una aut¨¦ntica "expropiaci¨®n competencial", en palabras del catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Alberto L¨®pez Basaguren. Es el caso de la promoci¨®n y capacitaci¨®n agraria (actividades formativas: Escuela de Viticultura de Laguardia, Artzain Eskola, Escuela de Arkaute) y el ¨¢mbito del desarrollo rural (programas Erein, Leader y Elkarteak). La mayor parte de estas "sustracciones de competencias" se materializan a trav¨¦s de la creaci¨®n de sociedades p¨²blicas, dependientes del Departamento de Agricultura, como Mendikoi. Algo parecido ocurre en torno a los productos de calidad con la Fundaci¨®n Kalitatea y el programa Egoki.

La acci¨®n directa

En el terreno de los servicios sociales, el informe del Departamento de Econom¨ªa Aplicada destaca que el Gobierno est¨¢ empleando una previsi¨®n contenida en la LTH: la de la acci¨®n directa, que permite al Gobierno ejercer determinadas competencias siempre y cuando justifique no son propias en circunstancias especiales. Sin embargo, el Ejecutivo aplica la cl¨¢usula pero despu¨¦s no concreta en qu¨¦ consiste el "inter¨¦s general" o las circunstancias extraordinarias exigidas por la ley.

El estudio calcula que el Gobierno gast¨® en 2003 en actuaciones ajenas a sus competencias el 1,34% de su presupuesto. Los departamentos de Agricultura (con el 41,6% de su presupuesto destinado a este tipo de competencias no propias) y Ordenaci¨®n del Territorio (con el 32,8% de su presupuesto) encabezan la clasificaci¨®n.

En otro apartado, el informe analiza de manera exhaustiva la evoluci¨®n de los ingresos y los gastos del Ejecutivo y de las diputaciones desde 1991 hasta 2002. El Gobierno ha mostrado una tendencia tan positiva en las aportaciones recibidas que en el a?o 2000 el super¨¢vit generado fue equivalente al 23% de los ingresos corrientes. A partir de ese a?o, empieza a decrecer hasta situarse en el a?o 2004 en el 15% de los ingresos corrientes. En cambio, en las diputaciones, los ingresos propios se han mantenido constantes, mientras que los gastos han crecido. Esta circunstancia ha obligado a las tres diputaciones a endeudarse cada vez m¨¢s.