Urbanismo y negocio inmobiliario

En los ¨²ltimos tiempos se ha producido un intenso debate social sobre la situaci¨®n del urbanismo en el ¨¢mbito valenciano, lo cual motiva que manifestemos p¨²blicamente nuestra opini¨®n sobre una cuesti¨®n tan trascendente, desde una ¨®ptica ciudadana que compartimos con numerosas personas vinculadas al servicio p¨²blico de la justicia. Hemos de recordar que, hasta ¨¦pocas recientes, parec¨ªa correcta una perspectiva del urbanismo como conjunto de actividades referidas al estudio y desarrollo racional del territorio, cuyo eje quedaba constituido por la relaci¨®n del ser humano con el medio en el que se desenvuelve. En este sentido, con el paso del tiempo se hab¨ªa impuesto la conveniencia de practicar un desarrollo sostenible, que conciliase el desarrollo urbano con la protecci¨®n del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos, relacionada tambi¨¦n con su situaci¨®n econ¨®mica.

No obstante, las evidencias de nuestro entorno demuestran un panorama diferente. Las gr¨²as han poblado sin ning¨²n freno razonable el escenario valenciano, tanto urbano como rural, y nos hemos convertido en el rinc¨®n europeo que lidera los ¨ªndices de construcci¨®n masiva, la cual parece arrasar sin piedad ni rubor nuestros maltrechos recursos naturales. La codicia especulativa est¨¢ devorando de forma alarmante nuestros paisajes m¨¢s emblem¨¢ticos: el litoral, los humedales, la huerta, las masas forestales. Desde esta perspectiva, resulta relevante la aprobaci¨®n por el Parlamento Europeo del llamado informe Fourtou, el cual ha considerado abusiva la aplicaci¨®n de nuestra legislaci¨®n urban¨ªstica, ha constatado numerosas irregularidades en el ¨¢mbito municipal y ha censurado "el n¨²mero de casos de corrupci¨®n confirmados o sobre los que existen fundadas sospechas"; adem¨¢s, el citado dictamen expresa su preocupaci¨®n por el "impacto desastroso en el medio ambiente y la ecolog¨ªa de numerosas zonas costeras y, m¨¢s en concreto, en las condiciones futuras de abastecimiento de agua". Ante semejantes consideraciones, sorprende la ausencia de reflexi¨®n autocr¨ªtica por parte de las instituciones afectadas, que se han limitado a entonar la aburrida cantinela de la conspiraci¨®n for¨¢nea, argumento de nula credibilidad ante el tozudo avance del mar de cemento que nos invade.

Sin duda, el sistema urban¨ªstico dise?ado por la LRAU parti¨® de un grave error de concepci¨®n, al permitir que quedase en manos de la iniciativa privada la ordenaci¨®n p¨²blica del territorio y al confundir los intereses generales con los particulares. Ante el abandono de los principios propios de un desarrollo sostenible y coordinado, basado en valores sociales, no debe sorprendernos la obtenci¨®n de unos penosos resultados de caos y degradaci¨®n paisaj¨ªstica, generadores de ingentes beneficios para unos pocos y de perjuicios a largo plazo para la colectividad. En todo caso, parece oportuno sostener la plena vigencia del art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n, que proclama "la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n".

Bajo la presi¨®n de los organismos europeos, con inusual celeridad, se abord¨® el tr¨¢mite y aprobaci¨®n de la Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV). No obstante, la nueva regulaci¨®n normativa reincide en las tendencias err¨¢ticas de la anterior legislaci¨®n, a pesar de la ret¨®rica de un mayor control p¨²blico que ha acompa?ado su entrada en vigor. Se ha escrito acertadamente que la LRAU fue una ley impregnada de prop¨®sitos positivos que adoleci¨® de perversiones en su aplicaci¨®n pr¨¢ctica. Pero la supuesta candidez de la intenci¨®n legislativa no puede hacernos descuidar que las leyes no se promulgan para su an¨¢lisis doctrinal en los boletines oficiales, sino para regular jur¨ªdicamente situaciones concretas que afectan a la vida de los ciudadanos. Y no se requiere la consulta a ning¨²n experto para adivinar que, en un sector econ¨®mico que activa diariamente miles de millones de euros, no resultaba esperable la generosidad filantr¨®pica de los agentes encargados de su gesti¨®n; desde las sombras de la experiencia anterior, se impon¨ªa la exigencia de una legislaci¨®n m¨¢s limitativa de los movimientos especulativos y m¨¢s correctora de las inclinaciones perniciosas que se han detectado en la evoluci¨®n del mercado inmobiliario. En definitiva, parec¨ªa conveniente un retorno al ideario del noble arte del urbanismo, a la calidad constructiva frente a la masificaci¨®n ca¨®tica, a una definici¨®n m¨¢s adecuada de la funci¨®n social de la propiedad desde los principios constitucionales. Sin embargo, ante la omisi¨®n de mayores restricciones legales, la aplicaci¨®n pr¨¢ctica de la LUV facilitar¨¢ la continuidad de una ordenaci¨®n del territorio cimentada en las m¨¢s triviales expectativas del negocio inmobiliario y en las concepciones desarrollistas de los agentes p¨²blicos y privados. Los reiterados elogios de los defensores de la LUV a lo que califican como admirable dinamismo empresarial -a menudo, un mero aprovechamiento de evidentes ventajas para el enriquecimiento f¨¢cil- permiten concebir escasas esperanzas sobre futuras variaciones de nuestra orientaci¨®n urban¨ªstica.

Mar¨ªa Ib¨¢?ez Solaz y Ximo Bosch Grau son miembros de Jueces para la Democracia (JpD).