Puerta valenciana

La aprobaci¨®n ayer en el Senado de la reforma del Estatuto de autonom¨ªa de la Comunidad Valenciana, con los votos favorables de PSOE, PP y Coalici¨®n Canaria, es el resultado del primer gran pacto de Estado sobre las reformas territoriales. Ello ha sido posible, pese al agrio enfrentamiento general entre PP y PSOE, gracias a la tenacidad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apoyado por Mariano Rajoy, y a la generosidad del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, quien supedit¨® los intereses partidistas a los generales.

Pero ese mismo acuerdo revela la artificiosidad de otros desacuerdos. Hay en la reforma valenciana puntos coincidentes con la catalana que el PP acepta en la primera y rechaza en la segunda, sin que explique la raz¨®n. As¨ª, ambos estatutos contienen un similar cat¨¢logo de derechos sociales, y ambos contemplan agencias tributarias consorciadas con parecidas competencias. La diferente actitud del PP en Valencia puede interpretarse como prueba de la existencia de contradicciones en dicho partido, pero tambi¨¦n como una consecuencia de la abierta disponibilidad al acuerdo mostrada desde el comienzo por los socialistas valencianos.

El PSPV trat¨® de incorporar al consenso a IU y las minor¨ªas nacionalistas, pero no al precio de comprometer el acuerdo con el PP. Las objeciones de esos partidos minoritarios sobre cuestiones objetivamente menores -la denominaci¨®n del valenciano y el tope m¨ªnimo para obtener representaci¨®n parlamentaria- no deber¨ªa oscurecer la evidencia de que el nuevo texto supone un notable avance en materia de autogobierno respecto al de 1982. Introduce la facultad del presidente de la Generalitat para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, igual¨¢ndose as¨ª al Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Galicia y Andaluc¨ªa; ampl¨ªa las competencias sobre ense?anza, recupera el derecho civil valenciano, reivindica la foralidad y permite la existencia de una polic¨ªa integral.

El acuerdo valenciano marca la pauta, por otro lado, para los procesos abiertos en otras comunidades, y en primer lugar en Andaluc¨ªa, cuyo presidente, Manuel Chaves, ha obtenido el compromiso del popular Javier Arenas con la reforma, como ya ocurre en Galicia. M¨¢s all¨¢ de los discursos, la din¨¢mica real impone la paulatina incorporaci¨®n del PP a la reforma en las comunidades en que no gobierna, y la adopci¨®n de la iniciativa en las que s¨ª, como Baleares, donde la comisi¨®n de expertos nombrada por el Gobierno balear ya ha ultimado su borrador, en el que se define, con apoyo de todos los grupos, a Baleares como "nacionalidad hist¨®rica".