Alguien debe hacer algo por el Consejo

Del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cabe afirmar lo que de un personaje de Almod¨®var, cuando a la pregunta por su estado de salud segu¨ªa un aplastante "como siempre, peor", dicho con toda naturalidad.

Para apoyar este aserto, bastar¨ªa evocar las descalificaciones, nada constructivas, cruzadas entre ambos sectores de vocales y, ¨²ltimamente, la difusi¨®n de alarmantes insinuaciones sobre gastos en viajes abusivos o sin justificaci¨®n. Tal g¨¦nero de incidencias recorre desde el inicio las atormentadas vicisitudes de este Consejo, determinando situaciones de franca inoperancia por falta del m¨ªnimo entendimiento; y, en el conjunto, un cuadro institucional de ejemplar negatividad. Adem¨¢s, el contexto resulta enriquecido por peri¨®dicas intervenciones presidenciales ajenas a toda prudencia pol¨ªtica e incluso jur¨ªdica. Lo ¨²nico que explica la ¨²ltima convocatoria-provocaci¨®n a comparecer en el Congreso, sin m¨¢s fundamento que la supuesta potestad de ¨¦ste de crear deberes de cortes¨ªa en el presidente del Tribunal Supremo, impropiamente invitado a explicar una l¨ªnea jurisprudencial.

Y ya, para que nada falte, se dice que la mayor¨ªa pol¨ªtica querr¨ªa aprovechar el momento para redimensionar a la baja las competencias del ¨®rgano. Algo cre¨ªble, porque su tratamiento legislativo, desde 1980, est¨¢ sembrado de intervenciones de oportunidad y de otras debidas a la resistencia a aceptar el papel constitucional de la jurisdicci¨®n.

As¨ª, el CGPJ no es el espacio dotado de la autonom¨ªa necesaria para velar por la independencia judicial, sino un subrogado mec¨¢nico de la confrontaci¨®n pol¨ªtica general. Presto a romperse por la l¨ªnea de fractura de los dos partidos m¨¢s presentes en ¨¦l, como reflejo del sistema de cuotas. ?ste hace que el consiguiente v¨ªnculo clientelar haya podido tambi¨¦n predicarse, y con frecuencia en los distintos mandatos, de componentes de extracci¨®n judicial, con recusables actitudes comisariales, a veces de un sectarismo sonrojante.

Todo ello compromete la capacidad de iniciativa y la autoridad moral del ¨®rgano, con fuerte descr¨¦dito y una end¨¦mica grav¨ªsima crisis de legitimaci¨®n en el juicio de sus gobernados. Sobre los que proyecta una penosa imagen, merced, entre tantas cosas, a esa subalternidad partidaria, con frecuencia patente en la siempre oscura pol¨ªtica de nombramientos.

Otra muestra a gran formato de la calidad del estado de cosas es lo acontecido con el Estatuto catal¨¢n. Pues el uso manipulador y sesgado que el Consejo hizo de su competencia de informe en el tema del matrimonio homosexual ha servido para cuestionar su derecho a opinar en materia de Consejos auton¨®micos, que tanto le concierne. Algo inconcebible si el CGPJ tuviera, por su ejecutoria, el prestigio que la importancia de la funci¨®n judicial merece.

No es as¨ª, y el CGPJ se rom

-pe de nuevo, mientras se trata de sus competencias e incluso de su papel constitucional, en el terreno de la pol¨ªtica auton¨®mica. Hasta el absurdo de que pueda venderse, como supuesta v¨ªa de soluci¨®n de los problemas de la justicia, la peregrina idea de multiplicar por 17, potenci¨¢ndola, la actual exposici¨®n y permeabilidad del ¨¢mbito a las din¨¢micas partitocr¨¢ticas. Estrategia bien ajena a la funci¨®n de gestionar con criterios de estricta legalidad, y legalidad fuerte, el estatuto de jueces encargados de aplicar, de manera igual, un orden jur¨ªdico sustancialmente uniforme en toda la geograf¨ªa espa?ola.

Mientras tanto, el CGPJ se aproxima al fin del actual mandato. Y, sintom¨¢ticamente, aparecen en la prensa informaciones sugestivas de que los partidos toman posiciones al respecto con t¨¢cticas ya conocidas. De seguir as¨ª, pronto tendremos el nombre del presidente que, con seguridad, ser¨¢ votado por todos o la mayor¨ªa de los vocales del nuevo Consejo. Que, de este modo, una vez m¨¢s, imprimir¨¢ en su acta de nacimiento la acreditaci¨®n de la misma hipoteca que ha gravado tan pesadamente a los precedentes.

Es revelador que en los medios pol¨ªticos no se perciba alg¨²n apunte de reflexi¨®n (auto)cr¨ªtica, ni se constate otra inquietud que la de asegurar la propia colocaci¨®n en las mejores condiciones dentro del mismo tablero. Mientras, una infinidad de jueces vive con desesperanza y desmoralizaci¨®n lo que sucede, y hace patente (sotto voce) su desasosiego ante el alto riesgo de reiteraci¨®n de experiencia tan catastr¨®fica.

Esta actitud, comprensible, va acompa?ada de cierta proclividad al victimismo, m¨¢s dif¨ªcil de entender. Porque la responsabilidad de tan demoledor estado de cosas pesa de manera especial sobre quienes lo han hecho posible legislando, y gestion¨¢ndolo luego en esa recusable clave partitocr¨¢tica, de espaldas a lo que reclama la jurisdicci¨®n como instancia constitucional. Pero es una responsabilidad que no se agota en esa ¨¢rea. Se extiende al terreno de las asociaciones judiciales que se han dejado querer; y tambi¨¦n al de los individuos concretos. ?stos, implicados, unas veces por acci¨®n, ya que nada de lo que sucede podr¨ªa tener lugar sin la mediaci¨®n c¨®mplice de jueces de carne y hueso; y otras, masivamente, por omisi¨®n, porque no basta expresar la indignaci¨®n en los pasillos y en las tertulias y desentenderse en los hechos.

No tendr¨¦ que jurar que no soy optimista. Pero me resisto a creer que no quepa m¨¢s alternativa que anunciar con f¨¢cil clarividencia la consumaci¨®n de un desastre tan previsible, para luego anotarse el dudoso m¨¦rito de haber tenido raz¨®n al anticiparlo. Porque ocurre que doce de los vocales del futuro Consejo deber¨¢n pasar por el tr¨¢mite de las primarias. Es decir, contar con el voto de los jueces asociados y no asociados, que, por tanto, disponen de la posibilidad de d¨¢rselo s¨®lo a quienes est¨¦n a la altura de las acuciantes necesidades de transformaci¨®n del statu quo. O sea, a colegas de independencia cultural y pol¨ªtica bien contrastada, que se distingan por su capacidad de trabajo, por la calidad de ¨¦ste y por el compromiso desinteresado con el sentido constitucional de la funci¨®n. Cerrando as¨ª el paso a toda suerte de carrerismo y de posible v¨ªnculo clientelar. Y enviando, al mismo tiempo, un mensaje n¨ªtido acerca de la imperiosa exigencia de moralizar y legitimar las pr¨¢cticas del ¨®rgano de administraci¨®n de la jurisdicci¨®n.

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez es magistrado.