La Confederaci¨®n del J¨²car recibe cada a?o m¨¢s de 1.500 peticiones para extraer agua de pozos

Cauces secos y embalses casi vac¨ªos son la imagen m¨¢s conocida de las sequ¨ªas. Sin embargo, en el subsuelo se oculta la sed creciente de los acu¨ªferos, de reservas subterr¨¢neas sometidas a una fuerte presi¨®n que se traduce en m¨¢s de 1.500 peticiones anuales para extraer agua a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ). A unas demandas agr¨ªcolas m¨¢s o menos constantes se ha sumado el incremento de las exigencias residenciales al calor del boom urban¨ªstico. El organismo tramita 868 expedientes de sanci¨®n por explotaci¨®n abusiva de los acu¨ªferos o pozos ilegales.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha expresado en repetidas ocasiones la preocupaci¨®n de su departamento por el control de los acu¨ªferos para frenar su sobreexplotaci¨®n. En ese contexto, el ministerio prepara una reforma de la Ley de Aguas con cambios en la gesti¨®n de los recursos subterr¨¢neos, si bien ha descartado una amnist¨ªa a los miles de pozos ilegales en Espa?a.

La creciente presi¨®n sobre las masas de agua subterr¨¢neas del territorio de la CHJ -que incluye casi toda la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha y Teruel- se traduce en 6.223 peticiones de extracci¨®n desde enero de 2002 -la gran mayor¨ªa para pozos peque?os, de un consumo m¨¢ximo de 7.000 metros c¨²bicos anuales en una misma parcela-, lo que arroja en cuatro a?os una media de 1.500 solicitudes tanto de recursos agr¨ªcolas como residenciales. A ello se a?aden 1.127 de aguas superficiales.

El fuerte ritmo urbanizador de los ¨²ltimos a?os ha incidido claramente en esta entrada constante de nuevas peticiones, explica la CHJ y constatan los informes sobre la implementaci¨®n de la directiva marco europea en la cuenca. La falta de recursos suficientes para garantizar el suministro a las miles de viviendas planificadas en la Comunidad Valenciana ha quedado patente tambi¨¦n en decenas de informes negativos de la CHJ desde abril del a?o pasado. El ministerio introdujo entonces una reforma que declara preceptivos, aunque no vinculantes, los informes sobre la disponibilidad de agua en nuevos proyectos urban¨ªsticos, en un intento de poner coto a un desarrollo desenfrenado.

La Comisar¨ªa de Aguas de la CHJ dispone, entre otras herramientas de control, de un servicio de guardas -limitado a una treintena de personas- que recorren el territorio para vigilar las extracciones de agua. De los abusos en la explotaci¨®n de aguas subterr¨¢neas, especialmente, y la apertura de pozos ilegales queda constancia en los 868 expedientes sancionadores en marcha, la mayor parte de a?os pasados. En 2005 se cerraron con sanci¨®n un total de 131. El a?o pasado, a ra¨ªz de sentencias en las que los jueces redujeron el importe de las sanciones por la falta de una valoraci¨®n sobre el da?o al medio ambiente en las denuncias de sobreexplotaci¨®n de pozos, se introdujeron criterios para medirlo que calculan en 0,10 euros el coste del metro c¨²bico usado de m¨¢s sobre la concesi¨®n legal, explica el comisario de Aguas, Manuel Alcalde. La consecuencia es un aumento de la cuant¨ªa de las sanciones, con alg¨²n expediente con propuesta de varios centenares de euros de multa.

No obstante, Alcalde afirma que las cantidades de agua extra¨ªdas que escapan al conocimiento de la CHJ no son significativas sobre el total de recursos consumidos. La gesti¨®n y vigilancia de las aguas subterr¨¢neas, sin embargo, tiene a¨²n inacabada la regularizaci¨®n e inscripci¨®n de miles de pozos conocidos por la CHJ. La aprobaci¨®n de la Ley de Aguas en 1985 supuso un cambio sustancial en la consideraci¨®n de las aguas subterr¨¢neas, que pasaron entonces al dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, con la obligatoriedad de que sus usuarios registraran los pozos, seg¨²n los casos, en el Registro de Aguas o el Cat¨¢logo de Aprovechamientos de Aguas Privadas. La regularizaci¨®n de las concesiones desbord¨® la capacidad de tramitaci¨®n de expedientes de las confederaciones hidrogr¨¢ficas y llev¨® finalmente al Gobierno a contratar asistencias t¨¦cnicas externas en 2003 englobadas en el llamado plan Alberca. Para entonces, los plazos de inscripci¨®n previstos en la ley ya hab¨ªan expirado -salvo que los modifique de nuevo el ministerio, como apunta alg¨²n borrador manejado para la nueva reforma-.

La CHJ no ha escapado al atasco administrativo. El comisario de Aguas, Manuel Alcalde, calcula que hasta 2008 no habr¨¢ finalizado la actualizaci¨®n de los registros, aunque destaca que el proceso "lleva buena marcha". El estado actual de los expedientes refleja la magnitud del trabajo: 27.695 peticiones de aguas subterr¨¢neas est¨¢n en tramitaci¨®n, y el grueso (19.481) lo engloban pozos peque?os, agr¨ªcolas o de abastecimiento residencial. Frente a estos casos pendientes, y tras el empuj¨®n dado a la tramitaci¨®n con el plan Alberca, se han resuelto 15.311 expedientes. De ellos, s¨®lo 7.047 han culminado con la inclusi¨®n en el registro, ya que los otros 8.264 se han resuelto con un resultado desfavorable, desde casos en los que los usuarios han desistido de consumir el agua durante la tramitaci¨®n de la concesi¨®n hasta pozos que a la hora de su inscripci¨®n estaban secos.

El proceso de inscripci¨®n culmina con la colocaci¨®n obligatoria de contadores de consumo en los pozos. La CHJ acaba de firmar un convenio con la Universidad Polit¨¦cnica para mejorar los sistemas de medici¨®n de la captaci¨®n de aguas subterr¨¢neas.