El Congreso da v¨ªa libre a la ampliaci¨®n de funciones de la CNE con la oposici¨®n del PP

El Congreso convalid¨® ayer, con los ¨²nicos votos en contra del PP, los dos reales decretos aprobados el 24 de febrero para ampliar las funciones de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) y reformar el funcionamiento del mercado el¨¦ctrico. En el transcurso del debate, que tuvo momentos broncos, el portavoz de Econom¨ªa del PP, Miguel Arias Ca?ete, anunci¨® que su partido interpondr¨¢ un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que afecta a la CNE. El ministro de Industria, Jos¨¦ Montilla, explic¨® que el Gobierno informar¨¢ en breve a la Comisi¨®n Europea.

Al t¨¦rmino del debate, que se prolong¨® durante tres horas, Montilla destac¨® el amplio respaldo obtenido por el Gobierno y expuso algunos de los resultados logrados ya por las medidas aprobadas el 24 de febrero y convalidadas ayer. Entre ellos, mencion¨® el descenso del 25% de los precios en el mercado mayorista el¨¦ctrico (all¨ª donde se casa la oferta y la demanda de electricidad). Con iron¨ªa, expuso que tal oscilaci¨®n no tiene relaci¨®n con la evoluci¨®n de los precios de las materias primas, como han mantenido las compa?¨ªas del sector.

Pero el asunto central del debate fue el Real Decreto 4/2006, que ampl¨ªa las funciones de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) de tal forma que el ¨®rgano regulador podr¨¢ analizar y vetar cualquier operaci¨®n que afecte a una compa?¨ªa con actividades reguladas.

A partir de ahora, la CNE deber¨¢ autorizar cualquier operaci¨®n que implique la compra de m¨¢s de un 10% de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribuci¨®n de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa".

Adem¨¢s, el organismo regulador podr¨¢ denegar la autorizaci¨®n o establecer condiciones si existen "riegos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "inter¨¦s general". La CNE deber¨¢ velar especialmente por los activos considerados estrat¨¦gicos, los que afectan a la seguridad del suministro.

El PP, seg¨²n puso de manifiesto Arias Ca?ete, considera que la norma se ha aprobado para cerrar el paso a la oferta alemana de E.ON sobre Endesa. Por ello, asegur¨® el dirigente popular, el real decreto supone hacer "saltar por los aires el Estado de derecho". Todo ello, dijo, porque "el Gobierno est¨¢ obsesionado con que culmine la compra, a bajo precio, de Endesa por Gas Natural". Las duras acusaciones de Arias Ca?ete responden, seg¨²n asegur¨® Montilla, "a la absoluta mala fe" del principal partido de la oposici¨®n en este tema.

El titular de Industria asegur¨® que, tras la convalidaci¨®n de las dos normas, el Gobierno proceder¨¢ a informar sobre el contenido de las mismas de forma "casi inmediata" a la Comisi¨®n Europea. El plazo de 10 d¨ªas que Bruselas hab¨ªa dado al Ejecutivo espa?ol para proporcionar informaci¨®n sobre los reales decretos finaliz¨® el pasado viernes.

Cr¨ªtica de Almunia

Sobre la ampliaci¨®n de funciones de la CNE y la posici¨®n europea, el comisario de Asuntos Econ¨®micos, Joaqu¨ªn Almunia, explic¨® ayer, seg¨²n Europa Press, que el decreto que faculta a la CNE para analizar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa podr¨ªa ser discriminatorio y por tanto contrario a la legislaci¨®n de la Uni¨®n Europea. "Se pueden alegar razones de seguridad nacional, pero no puede haber discriminaci¨®n de empresas. Eso es sacrosanto", dijo Almunia en un encuentro con periodistas espa?oles en referencia al decreto.

Las reticencias de Bruselas ante la legislaci¨®n espa?ola, a tenor de la votaci¨®n registrada ayer en el Congreso, chocan frontalmente con la idea que, sobre el sector energ¨¦tico, sostienen todos los partidos (PSOE, IU, CiU, BNG o ERC), a excepci¨®n del PP.

En general, todos los grupos, excepto el PP, apoyaron ayer al Gobierno en sus decisiones por considerar que el sector energ¨¦tico es estrat¨¦gico y tiene una dimensi¨®n m¨¢s nacional que comunitaria. La prueba, en su opini¨®n, est¨¢ en las actuaciones de los gobiernos europeos en defensa de sus compa?¨ªas nacionales.

Pese al apoyo obtenido en el Congreso, el Gobierno se prepara para una larga batalla en Bruselas a cuenta de los reales decretos aprobados en el mes de febrero.