Preparados para lo peor

La comisi¨®n gestora que hoy inicia sus trabajos tiene encomendado poner orden en el Ayuntamiento de Marbella para entregarlo en las mejores condiciones posibles a la corporaci¨®n municipal que resulte elegida en las urnas en mayo de 2007. Pero antes de recetar el tratamiento, ser¨¢ necesario un diagn¨®stico de la situaci¨®n, y por los indicios que se tienen de un consistorio gestionado con gran opacidad en los ¨²ltimos 15 a?os, todo indica que el paciente presenta muchas complicaciones: banca rota, bienes embargados, un patrimonio desconocido que no se actualiza desde 1991, un plan general de ordenaci¨®n urbana de hace 20 a?os sin revisar, unas 30.000 viviendas alegales, servicios b¨¢sicos prestados en condiciones p¨¦simas, y concesiones municipales bajo sospechas fundadas de que se adjudicaron a cambio de cohechos. El presidente de la gestora, Diego Mart¨ªn Reyes, asegura que para saber con qu¨¦ se va a encontrar la gestora es necesario "estar preparados para lo peor".

Desde 1991 se han construido 60.000 viviendas, pero 30.000 no est¨¢n legalizadas El Ayuntamiento tiene un presupuesto de 180 millones, el 70% para gastos de personal

La comisi¨®n gestora de Marbella entra hoy en un consistorio gestionado con opacidad durante 15 a?os

El Tribunal de Cuentas ya calific¨® la situaci¨®n del Ayuntamiento de Marbella de "quiebra t¨¦cnica" en 2001 por el constante saqueo al sometieron las arcas municipales los sucesivos gobiernos del Grupo Independiente Liberal. No es descabellado calcular en m¨¢s de 300 millones la actual deuda municipal. S¨®lo con la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social ya acumula 166,9 millones de euros, 90,9 millones correspondientes al propio Ayuntamiento, y otros 76 millones a las 11 empresas municipales. Las obligaciones con Hacienda se aproximan a los 30 millones de euros. Esta abultada deuda con la Administraci¨®n P¨²blica, sin que se haya negociado un plan de pagos, ha motivado que el Estado retenga las transferencias de los ingresos que corresponden el Ayuntamiento de Marbella, que apenas recibe financiaci¨®n por esta v¨ªa. De ah¨ª, la importancia que Mart¨ªn Reyes otorga a la colaboraci¨®n de las dem¨¢s Administraciones. Adem¨¢s, las peculiares formas de gobierno del GIL y su aislamiento institucional no han permitido que el consistorio se beneficie de programas de ayudas y subvenciones.

A instituciones como el Patronato Provincial de Recaudaci¨®n, el Ayuntamiento marbell¨ª debe unos 22 millones, y otros 7,7 millones a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol por la utilizaci¨®n de la planta de tratamiento de residuos y el suministro de agua.

De la deuda con las instituciones financieras poco se sabe, s¨®lo que existen 50 millones de euros contra¨ªdos con el Banco Hipotecario y que las obligaciones no satisfechas con determinadas entidades han motivado el embargo de numerosos bienes de propiedad municipal, entre ellos unas 200 viviendas de promoci¨®n p¨²blica y algunas dependencias municipales como la jefatura de Polic¨ªa Local de San Pedro.

El Ayuntamiento tiene un presupuesto anual de 180 millones de euros, de los que el 70%, seg¨²n reconoci¨® la ex alcaldesa Marisol Yag¨¹e, se consume en el pago de personal. Esta es una de las principales cargas del consistorio, y de las m¨¢s complicadas de aligerar, con una n¨®mina de 3.200 trabajadores, el 50% m¨¢s que M¨¢laga, una ciudad que casi quintuplica a Marbella en n¨²mero de habitantes. Se supone que con el cese de la corporaci¨®n anterior, se extinguir¨¢n los contratos de los 45 cargos de confianza con sueldos boyantes que ten¨ªa el consistorio, aunque el Partido Andalucista y los sindicatos han denunciado que muchos de ellos han sido contratados como personal laboral en las sociedades municipales en los d¨ªas previos a la disoluci¨®n del Ayuntamiento.

El presidente de la gestora ha anunciado la personaci¨®n del consistorio en todos aquellos asuntos penales que se instruyan en los que haya perjuicio para las arcas municipales al objeto de exigir las indemnizaciones que correspondan para la ciudad.

El Ayuntamiento de la ciudad que pasa por ser la tercera de Andaluc¨ªa con m¨¢s actividad econ¨®mica tras M¨¢laga y Sevilla apenas ha obtenido beneficios de este dinamismo. Desde 1991 se han construido en Marbella unas 60.000 viviendas, pero el legado es uno de los mayores quebraderos de cabeza para las instituciones p¨²blicas: 30.000 de ellas no tienen cobertura en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente y est¨¢n por ello en situaci¨®n de alegalidad. El documento de avance del nuevo PGOU que contaba con el aval de la Junta, pero que el equipo de Yag¨¹e se resisti¨® a aprobar, contemplaba mecanismos para poder legalizar unas 25.000, mientras que el resto quedar¨ªa fuera de ordenaci¨®n a la espera de que los tribunales dicten sentencia firme sobre la legalidad de sus licencias y en consecuencia se determine si deben ser o no demolidas. Estas viviendas en principio ilegalizables son las que se han construido, con permiso del Ayuntamiento, ocupando zonas de equipamiento p¨²blico y expansi¨®n de las que la ciudad tiene un considerable d¨¦ficit.

La pol¨ªtica urban¨ªstica de los gobiernos del GIL, dirigida por el cerebro de la trama de corrupci¨®n, Juan Antonio Roca, deja un lastre especial en la Administraci¨®n de justicia, con unos 40 procedimientos penales abiertos contra ex miembros de la corporaci¨®n municipal y 389 recursos contenciosos-administrativos interpuestos por la Junta de Andaluc¨ªa contra licencias de obras concedidas por el consistorio. El presidente de la gestora ha anunciado que revocar¨¢ de oficio todas aquellas licencias que se compruebe que fueron concedidas en contra del planeamiento vigente.

Apenas tres semanas antes de que la ex alcaldesa, su asesor de Urbanismo y otros dos miembros m¨¢s de la anterior corporaci¨®n fueran encarcelados, la Junta de Andaluc¨ªa inici¨® el tr¨¢mite de la retirada de competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento.

La gestora, que s¨ª tiene competencias de planificaci¨®n urban¨ªstica, no puede sin embargo aprobar un PGOU.

Entre los asuntos que la gestora tendr¨¢ que revisar est¨¢ tambi¨¦n la situaci¨®n de algunos funcionarios p¨²blicos imputados en la trama de corrupci¨®n como el secretario municipal, Leopoldo Barrantes o el jefe de la Polic¨ªa Local, Rafael del Pozo, actualmente de baja por depresi¨®n. Mart¨ªn Reyes ya anunci¨® en una entrevista con El PA?S el pasado viernes que en estos se abrir¨¢n expedientes disciplinarios para dejar apartados del servicio a los funcionarios implicados de forma cautelar hasta que se produzca una resoluci¨®n judicial definitiva.