Di¨¢logo social y ley de Dependencia

En los ¨²ltimos tiempos hay una palabra que se ha convertido en un instrumento de legitimaci¨®n/deslegitimaci¨®n y de confrontaci¨®n intersindical e institucional: el di¨¢logo social. Lo que he venido denominando como "locura de la diferencia" se ha instalado en el debate pol¨ªtico y sindical vasco. Deslegitimar al otro a cambio de mi legitimaci¨®n es una constante estrat¨¦gica del nacionalismo inocente e irresponsable, una estrategia tremendamente improductiva e in¨²til para cambiar las cosas y mejorar los derechos de la ciudadan¨ªa.

La actitud de compromiso y de pacto surge, ante todo, como una voluntad de consenso y de pacto en una sociedad. Esto se concreta en la b¨²squeda y determinaci¨®n de objetivos comunes unificantes, de intereses compartidos y de intercambios de mutua ganancia. No pretendo ni sacralizar ni mitificar la concertaci¨®n y el di¨¢logo social, menos a¨²n en un momento de preeminencia y prevalencia de pol¨ªticas neoliberales. Tengo muy claro que los acuerdos no son buenos porque sean concertados, sino por sus contenidos. Tal vez en la situaci¨®n actual convendr¨ªa desmitificar el conflicto, elevado a categor¨ªa estrat¨¦gica mitificada. Parece que acordar es sin¨®nimo de entreguismo y traici¨®n.

Se trata de institucionalizar un derecho y de responder a necesidades sociales inaplazables

Los acuerdos firmados no son buenos porque sean concertados, sino porque lo son sus contenidos

Pertenezco a una generaci¨®n tremendamente afectada por el problema de la dependencia. Las familias somos los sujetos activos para abordar esta problem¨¢tica de la que las instituciones han venido absteni¨¦ndose. Pretendo poner en valor el di¨¢logo social y el papel de los interlocutores sociales en su compromiso, en formas y en contenidos, por hacer frente a esta problem¨¢tica de gran transcendencia social. Hago un esfuerzo por abstraerme de la lamentable y aburrida deriva que en nuestra realidad vasca est¨¢ teniendo el proyecto de Ley de Dependencia, de los desacuerdos internos y externos; es decir, entre nuestras instituciones y con el Gobierno central. Son demasiadas piedras en el camino, olvidando que la puesta en marcha de un nuevo derecho social siempre es una grata noticia que exige un esfuerzo de negociaci¨®n y de acuerdo lo m¨¢s amplio posible. Y aqu¨ª quiero situar el papel del di¨¢logo social en el origen, en la l¨ªnea de salida y en la base de lo que podr¨ªamos denominar "cimentaci¨®n y legitimaci¨®n social" de dicho proyecto de ley.

Es una buena noticia que los agentes sociales negocien y acuerden contenidos de calado social determinantes para nuestra protecci¨®n y cohesi¨®n social, as¨ª como para la arquitectura de nuestro Estado social y de derecho. No conviene que esto se olvide. As¨ª lo analiza el dictamen del Consejo Econ¨®mico y Social de Espa?a en el informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley de Dependencia. Desde el ¨¢mbito del di¨¢logo social se ha impulsado de manera decisiva la concreci¨®n del derecho a la atenci¨®n social en situaciones de dependencia y de las caracter¨ªsticas que deb¨ªa reunir dicha protecci¨®n.

En el Acuerdo sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesi¨®n Social, firmado el 8 de julio de 2004, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes (CC OO, UGT, CEOE y Cepyme) se comprometen a abordar un proceso de di¨¢logo social en el ¨¢mbito de la protecci¨®n social, con el objetivo de su adaptaci¨®n a las nuevas realidades, que configuran nuevas necesidades. Entre estas ¨²ltimas, se se?ala prioritaria la atenci¨®n a las situaciones de dependencia, por ser ¨¦ste uno de los principales problemas, tanto de los jubilados y personas con discapacidad como de sus familias. Posteriormente, y como resultado del trabajo desarrollado en la Mesa de Di¨¢logo Social espec¨ªfica para abordar esta cuesti¨®n, el 21 de diciembre de 2005 los agentes sociales componentes de la misma suscriben con el Gobierno el Acuerdo sobre la Acci¨®n Protectora de la atenci¨®n a las situaciones de dependencia, sin duda uno de los antecedentes m¨¢s influyentes en la iniciativa de elaboraci¨®n de ese anteproyecto. Con el acuerdo se impulsa la creaci¨®n del Sistema Nacional de Dependencia (SND), como una nueva modalidad de protecci¨®n social que ampl¨ªa y contempla la acci¨®n protectora de la Seguridad Social y del Estado. Contempla, as¨ª mismo, la articulaci¨®n de este sistema mediante una ley con car¨¢cter de norma b¨¢sica, "que promueva la autonom¨ªa personal y garantice el derecho a ser atendida en situaciones de dependencia, y en la que se establecer¨¢n las condiciones b¨¢sicas y los requisitos de acceso a los servicios y prestaciones en condiciones de equidad en todo el territorio del Estado".

Nuestro insuficiente Estado de bienestar ha decidido aprobar esta asignatura pendiente. Es una urgencia y una necesaria inversi¨®n social. Se va a institucionalizar un nuevo derecho social, un nuevo pilar de nuestra protecci¨®n social. Fue en 1990 cuando nacieron las pensiones de car¨¢cter no contributivo, resultado de la huelga del 14-D, de claro origen sindical. Es la hora de reconstruir las pol¨ªticas de Estado en protecci¨®n social. Nuestra deficiencias son alarmantes en gastos de protecci¨®n familiar y en atenci¨®n a las personas con necesidades de cuidados. Un escaso 0,3% de nuestro PIB, frente al 3% de algunos pa¨ªses n¨®rdicos. Esto est¨¢ propiciando un preocupante crecimiento del sector privado y la mercantilizaci¨®n de este servicio, con unos precios prohibitivos para la mayor¨ªa de las familias. El negocio anula el derecho de la mayor¨ªa. La asunci¨®n de las pol¨ªticas sociales como competencia exclusiva de las comunidades aut¨®nomas y la renuncia pr¨¢ctica del Gobierno central de su facultad de armonizaci¨®n que le confiere la Constituci¨®n, ha creado desgobiernos, desigualdades y, sobre todo, ausencia de derecho efectivo. Por ello se intentan crear las bases de una situaci¨®n de asimetr¨ªa social de la ciudadan¨ªa. Debe quedar claro que el Estado auton¨®mico es tambi¨¦n Estado social de derecho. De ah¨ª la necesaria complementariedad de las competencias para garantizar derechos y prestaciones b¨¢sicas a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. Las encuestas del CIS nos dicen que el 76,1% de la ciudadan¨ªa lo considera prioritario y que el 67% pagar¨ªa m¨¢s impuestos y cotizaciones sociales.

Por muchas dificultades que puedan surgir el tr¨¢mite de la ley, as¨ª como en la implantaci¨®n del sistema, est¨¢ claro que hemos entrado en una din¨¢mica imparable. Se trata de responder a necesidades sociales inaplazables, que afectan a mucha gente y que tienen una gran incidencia en el ¨¢mbito laboral, ya que va a facilitar que muchas de las actuales cuidadoras en las familias puedan incorporarse al mercado de trabajo; que otras adquieran derechos sociales y puedan acceder a prestaciones de la Seguridad Social; que se afronte y refuerce el principio de igualdad, al liberar a la mujer de unas cargas que en el modelo familiar tradicional se le asignaban casi en exclusividad; que se sienten las bases para resolver no s¨®lo los problemas de la dependencia propiamente dicha, sino para abordar otro gran debate pendiente, el de la conciliaci¨®n; que se creen muchos empleos.

En definitiva, institucionalizar un derecho subjetivo universal, real y exigible, y un marco de referencia com¨²n con criterios objetivos y homog¨¦neos para todos los ciudadanos, superando lo que era graciable, asistencial y voluntario a trav¨¦s de los Servicios Sociales de las CC AA, es un reto institucional colectivo que exige generosidad y compromiso.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Econ¨®mico y Social vasco.