Territorio, ciudadan¨ªa, partidos

La necesidad de garantizar el futuro para el territorio valenciano arraiga con fuerza a la vista de las agresiones que sufre a causa de una din¨¢mica especulativa cuyos efectos destructivos se multiplican. Esta es la raz¨®n de las numerosas quejas que diversos colectivos y entidades han llevado a cabo a lo largo de los ¨²ltimos en diferentes lugares, y es la raz¨®n de la manifestaci¨®n ciudadana que el pr¨®ximo d¨ªa 3 plantear¨¢ sus demandas en la ciudad de Valencia: una moratoria urban¨ªstica inmediata; una gesti¨®n racional del agua, los recursos naturales y los residuos; una pol¨ªtica social de viviendas; y la lucha contra la corrupci¨®n y la especulaci¨®n.

El movimiento ciudadano Comprom¨ªs pel Territori, que la organiza, explicita necesidades urgentes: cambiar una econom¨ªa delirantemente volcada en el monocultivo del cemento; legislar contra la especulaci¨®n y por la primac¨ªa del medio natural y del patrimonio cultural sobre los proyectos; abrir un periodo de amplia reflexi¨®n social para definir un modelo territorial basado en los presupuestos anteriores. Y la participaci¨®n ciudadana en todo ello y en las decisiones sobre los proyectos concretos que diariamente aprueban sin miramientos las administraciones locales y auton¨®mica.

Participaci¨®n ciudadana: es decir, eso que, de forma natural, debiera ser requisito preceptivo y vinculante, formando parte de los mecanismos propios de la democracia para la aprobaci¨®n de cualquier ley o proyecto, en general, y particularmente de los proyectos urban¨ªsticos y de infraestructuras. Y que no existe.

Porque los ¨²nicos ciudadanos que verdaderamente participan en estas decisiones son los promotores, bien indirectamente, influyendo en los pol¨ªticos locales, bien por su presencia directa en empresas p¨²blicas, como el Instituto Valenciano de la Vivienda.

Porque, donde los hay, los consejos de participaci¨®n municipales o auton¨®micos, o no existen, o no funcionan, o, al no ser vinculantes sus decisiones, las administraciones pocas veces las tienen en cuenta.

Porque no es participaci¨®n los procesos de exposici¨®n p¨²blica y alegaciones previstos en las leyes, en tanto se aprueban proyectos sin contestar dichas alegaciones, o interpret¨¢ndolas tan parcial y sesgadamente que solo cabe la posibilidad de un largo y costoso contencioso que, con suerte, se resuelve cuando la obra ya est¨¢ ejecutada.

Porque todos los proyectos urban¨ªsticos o de infraestructuras aprobados en territorio valenciano incumplen el mandato legal de acreditar en su expediente el grado de aceptaci¨®n o rechazo social del proyecto en sus aspectos medioambientales, o el de haberse llegado a acuerdos entre el promotor y los ciudadanos afectados.

Ciudadanos afectados: otra clave para entender la actual situaci¨®n. Porque se ha dado a esta expresi¨®n, contenida en la extinta LRAU, la interpretaci¨®n perversa de ciudadanos "propietarios" (de los terrenos a edificar). Propietarios con los que, por otra parte, pocas veces se ha llegado a acuerdos, teniendo con frecuencia que pagar con su propiedad el "favor" de ser urbanizados, so pena de expropiaci¨®n forzosa, como si de terratenientes ego¨ªstas se tratara.

Pero hay muchos otros colectivos ciudadanos afectados: por inconcebibles crecimientos de sus municipios, en viviendas, poblaci¨®n y tr¨¢fico, en detrimento de la calidad de vida, la salud y los servicios, frecuentemente con riesgos claros (contaminaci¨®n, desecaci¨®n de acu¨ªferos, aumento de la inundabilidad); vecinos afectados por el clima de hostilidad generado en muchas poblaciones entre partidarios y opositores a los proyectos; agricultores afectados porque no se resignan a la coacci¨®n generada en los ¨²ltimos tiempos (o vender la tierra o empobrecerse con el trabajo del campo); j¨®venes afectados porque a pesar de tanta construcci¨®n, el acceso a una vivienda digna cada d¨ªa es m¨¢s dif¨ªcil; profesionales afectados porque sus propuestas desde la sensatez y la racionalidad son ninguneadas por la imposici¨®n fan¨¢tica de una sola idea de progreso; ciudadanos afectados por la p¨¦rdida del patrimonio cultural, del paisaje, de los lugares de esparcimiento de siempre, afectados por la perversi¨®n inducida entre convecinos, afectados en su coraz¨®n por la perspectiva de un incierto futuro para la tierra.

Las Administraciones locales y auton¨®micas son las que controlan y aprueban esos proyectos que as¨ª afectan a la ciudadan¨ªa. Pero esas administraciones est¨¢n gestionadas por partidos pol¨ªticos.

Cierto es que el Partido Popular es el m¨¢ximo responsable de la actual pol¨ªtica especulativo-urban¨ªstica y de las leyes que la sustentan a nivel auton¨®mico, as¨ª como de notorios esc¨¢ndalos a nivel local. Cierto es que el president de la Generalitat, se?or Camps, ha hecho o¨ªdos sordos a las quejas de la ciudadan¨ªa en torno a dichas pol¨ªticas, y m¨¢s concretamente a la petici¨®n de m¨¢s de setenta entidades de todo el territorio valenciano de reunirse con ¨¦l a dialogar sobre ello. Pero no es menos cierto que muchos ciudadanos se quejan de la permisividad con los promotores y falta de transparencia de partidos de la izquierda a la hora de aprobar proyectos en poblaciones cuyos ayuntamientos gobiernan.

Todos los partidos, en tanto est¨¢n formados al fin y al cabo por ciudadanos y ciudadanas, han de sentirse desde ya comprometidos con la participaci¨®n, preceptiva y vinculante, de la sociedad, y con la salvaguarda del medio natural y del patrimonio cultural como condiciones para la aprobaci¨®n de proyectos. Desde ya. A la vista de sus convecinos en los ayuntamientos donde est¨¢n presentes. Esa es la clave para cualquier tipo de acuerdo, electoral o no: el previo acuerdo con una ciudadan¨ªa que se lo est¨¢ reclamando, la convicci¨®n previa de que la democracia y la tierra no pueden soportar m¨¢s desgaste.

Josep Vidal es miembro del movimiento ciudadano Comprom¨ªs pel Territori.