Privatizaciones y fractura del sistema sanitario p¨²blico

De todos los servicios p¨²blicos el m¨¢s valorado por los ciudadanos es el sistema sanitario. As¨ª se registra en todos los sondeos de opini¨®n. Es l¨®gico, porque cumple una funci¨®n vital y adem¨¢s lo hace razonablemente bien. Por eso habr¨ªa que cuidarlo y los ciudadanos deber¨ªan estar vigilantes ante cualquier intento de socavar sus cimientos. Este sistema est¨¢ caracterizado por tres ejes fundamentales: aseguramiento ¨²nico con financiaci¨®n p¨²blica, equidad en el acceso a las prestaciones y control por los representantes de los ciudadanos de su planificaci¨®n y gesti¨®n. Lamentablemente, el ataque sistem¨¢tico a los cimientos de la sanidad valenciana como servicio p¨²blico ha avanzado ya un buen trecho de la mano del Partido Popular, con Zaplana antes y con Camps ahora.

Desde la llegada del PP a la Generalitat en 1995 y m¨¢s en los ¨²ltimos tiempos su planteamiento ha sido la de romper estos ejes a favor de las aseguradoras privadas de manera que con el tiempo y si alguien no lo remedia los valencianos si quieren ser atendidos de forma ¨¢gil deber¨¢n recurrir a seguros privados complementarios, rompi¨¦ndose as¨ª el principio de aseguramiento ¨²nico, ya que esos contratos por razones obvias no son accesibles a la gran mayor¨ªa de ciudadanos.

En el momento actual, el gobierno presidido por F. Camps ha establecido que los nuevos hospitales y centros de salud de Torrevieja, D¨¦nia, Manises y Elx sean de construcci¨®n, planificaci¨®n y gesti¨®n privada. La poblaci¨®n atendida a trav¨¦s de este modelo superar¨¢ el 25% de los valencianos. Esta f¨®rmula de gesti¨®n y de financiaci¨®n del conjunto de la atenci¨®n sanitaria p¨²blica en determinadas comarcas se caracteriza por los siguientes rasgos b¨¢sicos: la Generalitat Valenciana paga a las empresas concesionarias una cantidad fija por cada ciudadano con derecho a la atenci¨®n sanitaria del ¨¢mbito de influencia del hospital, haga o no uso de los servicios, durante un periodo de tiempo, prorrogable, estipulado en los contratos, que oscila entre 15 y 25 a?os. Con esa financiaci¨®n la empresa adjudicataria construye el hospital y los centros de salud adicionales y los pone en funcionamiento para atender a los enfermos con aseguramiento p¨²blico, pero y aqu¨ª est¨¢ una parte del negocio, la empresa adjudicataria tambi¨¦n puede atender en esos centros sanitarios, que se han construido y dotado tecnol¨®gicamente con los impuestos de todos, a pacientes con p¨®lizas de seguro privadas ya sean de su propia empresa o de otras aseguradoras. Es decir, los valencianos por medio del Partido Popular estamos financiando la construcci¨®n de hospitales a las aseguradoras privadas, que los incluyen en su oferta particular de servicios.

Una vez roto este principio, inmediatamente y por pura l¨®gica empresarial se rompe el principio de equidad. El n¨²mero de p¨®lizas de seguro de asistencia sanitaria parece que alcanz¨® techo hace tiempo. En su memoria anual de 2001, el presidente de Adeslas explicaba que aunque cada a?o se emiten m¨¢s p¨®lizas, tambi¨¦n cada a?o crece el n¨²mero de bajas. Esta circunstancia la achaca a que, como la mayor parte de los asegurados est¨¢n tambi¨¦n protegidos por la sanidad p¨²blica, cuando prev¨¦n que no van a precisar asistencia cancelan su p¨®liza. Para el presidente de Adeslas, las aseguradoras privadas tienen un problema de fidelizaci¨®n y por tanto de limitaci¨®n de la cartera de clientes... puede que el modelo Alzira sea la soluci¨®n a parte de sus problemas. Las aseguradoras privadas tienen pues un doble objetivo respecto a sus p¨®lizas particulares: no perder clientes e incrementar su n¨²mero. Las empresas, para alcanzar estos fines, tienen que ofertar alguna ventaja adicional en relaci¨®n con la atenci¨®n p¨²blica, como es la rapidez en la asistencia. As¨ª, la aseguradora Adeslas, en La Ribera, se promociona anunciando el hospital de Alzira como propio y garantizando asistencia inmediata. Sin embargo, en ese mismo hospital para ciudadanos de la comarca con aseguramiento p¨²blico hay lista de espera en diferentes especialidades, por lo tanto para la empresa pueden haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, rompiendo as¨ª el principio de equidad e igualdad.

La planificaci¨®n, es otro principio que se fractura. Son las empresas aseguradoras en funci¨®n de sus intereses econ¨®micos las que determinan qu¨¦ especialidades y recursos debe tener cada hospital para que les sea rentable, hipotecando incluso el desarrollo de los hospitales p¨²blicos. Es conocido, por ejemplo, que durante mucho tiempo, la analgesia epidural en el proceso del parto se ofertaba universalmente en el hospital de la Ribera mientras que en los hospitales de Gandia y X¨¤tiva la oferta era muy limitada, introduciendo desigualdades seg¨²n lugar de residencia. Como consecuencia las ciudadanas de esas comarcas requer¨ªan ser atendidas en el hospital de Alzira. El hospital de la Ribera factura, a la Consejer¨ªa de Sanidad, por cada parto atendido de fuera de la comarca una cantidad que supera ampliamente la que recibe por el conjunto de la atenci¨®n de cada ciudadano de la comarca. Recientemente hemos conocido que empresas candidatas a la posible adjudicaci¨®n privada de la construcci¨®n y gesti¨®n del nuevo hospital de Elx planteaban, con leg¨ªtima l¨®gica empresarial, la ampliaci¨®n de la poblaci¨®n a la que debe dar asistencia o la inclusi¨®n de nuevas especialidades, modificando as¨ª lo inicialmente previsto por la Consejer¨ªa de Sanidad, basado "te¨®ricamente" en criterios de planificaci¨®n.

Por ¨²ltimo, la gesti¨®n de las empresas adjudicatarias escapa al control p¨²blico: sus cuentas no son revisadas por la Sindicatura, evita el control parlamentario -como hemos podido comprobar-, la contrataci¨®n de personal elude los principios de m¨¦rito y capacidad, abriendo la puerta al clientelismo m¨¢s burdo. Finalmente este modelo en manos del Partido Popular introduce sin control la arbitrariedad y la falta de transparencia en el manejo de un segmento cada vez m¨¢s importante del presupuesto p¨²blico. Adem¨¢s, si a?adimos a todo ello los sobrecostes, el descontrol econ¨®mico y los problemas de calidad de otros experimentos similares, podemos concluir que el elevado coste en t¨¦rminos sociales del modelo sanitario del Partido Popular es un argumento m¨¢s, y de peso, para pensar en la necesidad y urgencia de un cambio. Son ya demasiados los elementos vitales de nuestro modelo social que ha puesto en riesgo una pol¨ªtica que prima, ante todo, los intereses privados, de grupos, e incluso de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas concretas, frente a los intereses p¨²blicos, a los intereses del conjunto de la ciudadan¨ªa.

Jos¨¦ Mayans y C. Juli¨¢n son miembros del colectivo Llu¨ªs Alcany¨ªs, M? Jos¨¦ Mendoza es m¨¦dico y diputada socialista, y Ricardo Campos es coordinador de la organizaci¨®n sectorial de Sanidad del Pa¨ªs Valenci¨¤ del PSPV-PSOE.