RTVE, nuestra doble alma escindida

Las promesas del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero sobre la regeneraci¨®n del servicio p¨²blico de RTVE se han concretado ya en la Ley de la Radio y la Televisi¨®n de Titularidad Estatal, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de mayo, que se reclama en su pre¨¢mbulo de "las principales propuestas" del Informe del Consejo para la Reforma.

Ciertamente, hay en el texto aprobado algunos cambios relevantes respecto al dictamen del Consejo, como el incremento de consejeros o el nombramiento del presidente de la Corporaci¨®n RTVE por una mayor¨ªa reforzada del Congreso, en lugar de ser elegido por el Consejo de Administraci¨®n tras un concurso p¨²blico, como propon¨ªa el Informe para asegurar la profesionalizaci¨®n y prevenir la din¨¢mica militante en la gesti¨®n del servicio p¨²blico; pero se trata de opciones propuestas o apoyadas tambi¨¦n por los grupos parlamentarios minoritarios, que evidencian un determinado estado de conciencia pol¨ªtica. En todo caso, la elecci¨®n parlamentaria por mayor¨ªa reforzada supondr¨¢ un notable avance en la autonom¨ªa de RTVE respecto de los Gobiernos, el mal end¨¦mico de la democracia espa?ola. Y la nueva ley coincide en muchos aspectos sustanciales con las propuestas del Consejo: definici¨®n integral del servicio p¨²blico, acuerdos-marco a medio plazo y contratos programas trianuales que fijen las misiones comprometidas, consejos y estatutos de informativos, consejos asesores operativos, modelo financiero con aportaci¨®n p¨²blica estable y dominante.

Otras lagunas graves del inicial proyecto de ley fueron en buena medida paliadas en el Senado gracias a las enmiendas transaccionales promovidas por los principales sindicatos. De esta forma, se estipula que el servicio p¨²blico contar¨¢ con la estructura territorial necesaria para la adecuada prestaci¨®n del servicio p¨²blico, para proveer de contenidos regionales a la realidad estatal y desarrollar la cohesi¨®n interterritorial; y se dispone que la producci¨®n propia abarcar¨¢ la mayor¨ªa de los programas difundidos en las cadenas generalistas, prohibiendo la externalizaci¨®n de los servicios informativos y los dem¨¢s contenidos contemplados en el acuerdo-marco. Con esos retoques importantes, la Ley puede significar la m¨¢s importante transformaci¨®n democr¨¢tica del servicio p¨²blico estatal desde 1980.

Sin embargo, a la espera de otros dos proyectos legales vitales para la reforma del audiovisual, el de creaci¨®n de una alta autoridad del sector y el de ley general del audiovisual, el debate p¨²blico contin¨²a centrado en los planes de la SEPI, que amenazan con oscurecer e incluso anular en buena medida la trascendencia de la reforma legal emprendida. Todo ello apoyado en una ley de Presupuestos, un organismo sin experiencia ni sensibilidad por el servicio p¨²blico ni la cultura y un proceso extraparlamentario que el PSOE critic¨® duramente desde la oposici¨®n.

Aunque desveladas a trozos, parecen muy dudosas las bases del plan de la SEPI, refugiadas en el know how secreto de dos consultoras privadas, y justificadas en comparaciones internacionales nunca concretadas y en fuentes estad¨ªsticas desconocidas. Formalmente, el "plan de saneamiento" se limita a determinar que RTVE "requiere" unas cifras brutalmente m¨¢s bajas de empleados que las del servicio p¨²blico en todos los grandes pa¨ªses europeos. Pero, para llegar a este punto, explicita que se est¨¢ dise?ando un modelo de servicio p¨²blico, la oferta de la "Nueva RTVE", con porcentajes de emisiones infantiles, culturales o de informativos; es decir, la tarea encomendada legalmente a los contratos programa que deben ser aprobados por el Gobierno y el Parlamento.

Aunque se sigue agitando el fantasma de la deuda acumulada, fruto de la desidia gubernamental durante 15 a?os y cuya asunci¨®n por el Estado ha sido mil veces prometida, no hay ning¨²n modelo financiero en los documentos presentados; m¨¢s all¨¢ de la finalidad ¨²nica de disminuir las subvenciones estatales y de maximizar la publicidad futura multiplicando los spots emitidos, justamente lo contrario de lo que el Informe del Consejo recomendaba para evitar la distorsi¨®n de una programaci¨®n de servicio p¨²blico.

La v¨ªa preferente del plan de "futuro" para reducir la plantilla de empleados es la jubilaci¨®n anticipada indiscriminada, sin atenci¨®n a categor¨ªas ni a necesidades de la empresa, exactamente el camino al que el Informe del Consejo ped¨ªa renunciar, al vaciar a una empresa de sus creadores y profesionales de mayor experiencia y val¨ªa. M¨¢s chocante a¨²n es la obsesi¨®n de la SEPI por centrar en buena medida la dura disminuci¨®n de empleo sobre la reducci¨®n de los centros territoriales a simples corresponsal¨ªas informativas, abandonando toda otra producci¨®n de programas, con una concepci¨®n subsidiaria de RTVE respecto a los canales auton¨®micos e incluso locales absolutamente contradictoria con la nueva ley y con el Informe del Consejo. Porque ¨¦ste, en coincidencia con las propuestas recibidas de la propia RTVE, propon¨ªa justamente una mayor descentralizaci¨®n en la producci¨®n y la programaci¨®n, incluyendo la factura de los nuevos canales tem¨¢ticos y servicios interactivos.

En definitiva, entre la ley de la Radio y la Televisi¨®n Estatal y la de Presupuestos, la reforma del servicio p¨²blico de radiotelevisi¨®n en Espa?a contin¨²a, como en los ¨²ltimos 26 a?os, en el filo de la navaja. Pero este doble camino paralelo ilustra la duplicidad ideol¨®gica permanente de todos los gobiernos democr¨¢ticos en Espa?a ante la radiodifusi¨®n p¨²blica.

El Gobierno socialista actual muestra ahora tambi¨¦n su doble alma: una descentralizadora, respetuosa con el servicio p¨²blico, dispuesta incluso a renunciar a su control; la otra es neoliberal y centralista, carente de sentido del Estado auton¨®mico y de sus tendencias centr¨ªfugas que hacen m¨¢s trascendental todav¨ªa el papel de cohesi¨®n del servicio p¨²blico estatal. La primera, impulsada desde La Moncloa, bajo la presi¨®n de los sindicatos y de los grupos parlamentarios de izquierda, camina por el Parlamento para regenerar un servicio p¨²blico fuerte para la Sociedad de la Informaci¨®n; la segunda, movida desde la SEPI, s¨®lo aspira a que el Estado pague poco, aun a costa de debilitar profundamente el papel de RTVE como motor de la transici¨®n digital. Esperemos no tener que lamentar durante a?os la preponderancia de esta ¨²ltima en tal pugna "espiritual".

Enrique Bustamante es catedr¨¢tico de Comunicaci¨®n Audiovisual y Publicidad en la UCM y fue miembro del Consejo de la Reforma de los medios de titularidad estatal.