La autopista A-8 sumar¨¢ casi 350 millones de euros de d¨¦ficit durante los pr¨®ximos ocho a?os
PSE y PP piden un plan opcional si el Supremo confirma la nulidad de la norma del peaje
El diputado vizca¨ªno de Obras P¨²blicas y Transportes, Eusebio Melero, defendi¨® ayer en las Juntas Generales el cobro del peaje en la autopista A-8, despu¨¦s de que el Tribunal Superior vasco haya anulado la norma foral que lo regula. Melero rechaz¨® los argumentos del alto tribunal -que el dinero obtenido no puede destinarse a otras carreteras, como est¨¢ realizando la Diputaci¨®n- e incluso asegur¨® que el Tribunal Supremo y la Uni¨®n Europea avalan sus tesis. Adem¨¢s, revel¨® que la gesti¨®n actual de la autopista se mantendr¨¢ con p¨¦rdidas hasta 2014, que cuantific¨® en casi 350 millones de euros, debido a las obras de los terceros carriles.
El responsable foral de Obras y Transportes se explay¨® en el uso de argumentos jur¨ªdicos. Se?al¨® que el mismo reglamento de las administraciones locales en el que el Superior se ha basado para la anulaci¨®n incluye otro art¨ªculo que establece que las tarifas pueden destinarse a otros fines. Agreg¨® que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se argumenta que "s¨®lo se debe fijar una cuant¨ªa m¨ªnima" para los peajes y aludi¨® a una directiva comunitaria, renovada este a?o, que permite el destino de su cobro "a fines medioambientales y el transporte".
Pese a esta argumentaci¨®n y el recurso interpuesto en el Supremo, Melero ofreci¨® un dato sorprendente: "El canon solo no da para [costear] la mejora de la A-8". Detall¨® los ingresos y gastos del pasado a?o, que arrojaron un d¨¦ficit de casi tres millones de euros, y asegur¨® que las previsiones para este a?o apuntan a unos gastos de 76 millones y unos ingresos de 38 millones. Acto seguido, avanz¨® que de 2010 a 2014 se registrar¨¢ un d¨¦ficit superior a los 300 millones. El diputado adujo que en los gastos se incluyen los costes de los proyectos de obra, la explotaci¨®n de la v¨ªa y su mantenimiento.
Pr¨¦stamo con ocho bancos
El diputado anunci¨® que el mes pasado se acord¨® formalizar un pr¨¦stamo de 1.060 millones de euros con ocho entidades crediticias, entre ellos el Banco Europeo de Inversiones, para financiar el Plan de Accesibilidad, que incluye la Supersur, la nueva autopista paralela a la A-8 presupuestada en 1.200 millones.
El PP y Ezker Batua fueron los grupos m¨¢s cr¨ªticos con la postura de la Diputaci¨®n. Jos¨¦ Ferrera, de EB, que llev¨® la pol¨¦mica a las Juntas con una proposici¨®n para cumplir la sentencia que fue rechazada, consider¨® contradictorio el recurso si la A-8 es deficitaria hasta 2014. "Con esos datos, se deduce que no tiene incidencia en el Plan de Accesibilidad y no vemos por qu¨¦ se recurre", dijo. Opin¨® que los argumentos jur¨ªdicos del Superior "van a prevalecer en el Supremo" y enfatiz¨® el perjuicio a los usuarios "obligados a pagar m¨¢s del doble" por el peaje.
El popular Jes¨²s Isasi cuestion¨® los datos de los ingresos y gastos en la autopista aportados por Melero y las interpretaciones jur¨ªdicas del diputado. "El Libro Blanco [de la UE] dice que hay que cobrar los gastos que se producen en el punto de uso", se?al¨®. A su juicio, la sentencia del Superior obliga a que no se cobre ning¨²n euro por el peaje y censur¨® al diputado foral que s¨®lo contemple "la tesitura de que va a ganar" el pleito.
El socialista Segundo Calleja, al igual que ya hab¨ªa planteado el PP, pidi¨® a Melero un plan B que garantice la construcci¨®n de las carreteras que se pretenden financiar con el peaje de la autopista en caso de que los tribunales mantengan su posici¨®n actual. Ana Reka, del PNV, asegur¨® en cambio que el fallo del Superior "en ning¨²n momento anula el cobro del canon" y destac¨® que "nadie puede aventurar las consecuencias econ¨®micas" de esta sentencia. El PP ha facilitado un modelo de recurso a los usuarios para que reclamen lo cobrado desde junio de 2003 y ha solicitado al Superior la ejecuci¨®n provisional del fallo.
Reka manifest¨®, ante la petici¨®n de un plan alternativo en caso de un fallo desfavorable, que estaba segura de que hay "l¨ªneas de trabajo" por parte del Departamento de Obras P¨²blicas y Transportes. E insisti¨®: "El canon no est¨¢ invalidado por la sentencia e incluso con el plan B seguir¨¢ existiendo".
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