Reflexiones sobre el urbanismo y el Estado de Derecho

Recientemente en el XXI Congreso de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, celebrado los d¨ªas 7, 8 y 9 de este mes en Vitoria-Gasteiz, aparte de otros temas relacionados con el propio tema congresual Justicia y Paz, se aprob¨® un documento sobre propuestas relativas a los problemas constantemente generados por el desarrollo urban¨ªstico incontrolado, la corrupci¨®n en este ¨¢mbito, y lo que ello implicaba en el deterioro del Estado de Derecho que nuestra Constituci¨®n implicaba. Ya en un anterior art¨ªculo, jueces de esta comunidad aut¨®noma, pertenecientes a dicha asociaci¨®n hac¨ªamos una breve referencia a algunos de los problemas con que nos enfrent¨¢bamos en materia de urbanismo. Por su elevado inter¨¦s consideramos importante hacer hincapi¨¦ en la misma cuesti¨®n reiterando las aludidas propuestas asociativas que a modo de s¨ªntesis, y ahora relacionadas con la legalidad y el Estado de Derecho, se exponen a continuaci¨®n.

S¨®lo hace falta conocer la realidad de nuestros municipios para comprobar la destrucci¨®n de litorales costeros

Los ayuntamientos dise?an el desarrollo urban¨ªstico; despu¨¦s cualquier agente urbanizador puede alterar el proyecto

El permanente y agrio debate social sobre la situaci¨®n del urbanismo en el litoral mediterr¨¢neo espa?ol, con especial atenci¨®n a una parte de Andaluc¨ªa, a Murcia y a la Comunidad Valenciana, nos lleva de nuevo a reflexionar y manifestar nuestra opini¨®n para intentar aportar un poco de luz en un conflicto excesivamente opaco.

Hasta hace no mucho, parec¨ªa correcta y adecuada la definici¨®n del urbanismo como el conjunto de conocimientos referidos al estudio y desarrollo racional del territorio, siendo esencial la relaci¨®n del ser humano con el medio en el que se desenvuelve y, en particular, con su tierra. Con el paso del tiempo va plante¨¢ndose la necesidad de practicar un desarrollo sostenible, y as¨ª desde la ONU se elabora la llamada Agenda 21. Es un plan de acci¨®n exhaustivo que hab¨ªa de ser adoptado universal, nacional y localmente y que nace junto a la Declaraci¨®n de R¨ªo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaraci¨®n de Principios para la Gesti¨®n Sostenible de los Bosques, todas firmadas por m¨¢s de 178 pa¨ªses en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en R¨ªo de Janeiro, en junio de 1992. Se pretend¨ªa conciliar el desarrollo urbano con la protecci¨®n del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Se ten¨ªan en cuenta y se asum¨ªan responsablemente una serie de dimensiones sociales y econ¨®micas importantes, entre ellas la lucha contra la pobreza, la din¨¢mica demogr¨¢fica y la sostenibilidad, la protecci¨®n y el fomento de la salud humana y la integraci¨®n del medio ambiente y el desarrollo en la adopci¨®n de decisiones.

Para atender a estos fines, la actividad urban¨ªstica es ordenada en cuatro fases: el planeamiento, la gesti¨®n (ejecuci¨®n del planeamiento), la disciplina (que comprende el restablecimiento de la legalidad urban¨ªstica alterada y el r¨¦gimen sancionador) y la regulaci¨®n de los patrimonios p¨²blicos del suelo como instrumento de intervenci¨®n de los poderes p¨²blicos en el mercado del suelo. Sin embargo, la dejaci¨®n de las administraciones p¨²blicas responsables ha ido adulterado los contenidos de dichas fases.

En la fase de planeamiento los ayuntamientos dise?an el desarrollo urban¨ªstico de los municipios; sin embargo, despu¨¦s cualquier agente urbanizador puede alterar el proyecto a su antojo mediante determinados instrumentos -v. gr. los PAI-. De este modo, la gesti¨®n urban¨ªstica del planeamiento se ejecuta por agentes urbanizadores que, muchas veces, controlan los procesos de selecci¨®n y adjudicaci¨®n de la gesti¨®n, manejan los costes de ejecuci¨®n y acaban monopolizando las grandes urbanizaciones, el mercado del suelo urbanizable y las plusval¨ªas edificatorias, sin el debido y necesario control municipal. En muchos casos, son concretos grupos econ¨®micos, grandes promotoras inmobiliarias e incluso algunos particulares quienes dominan el escenario municipal, sin que los ayuntamientos ejerciten sus potestades de disciplina urban¨ªstica, rehuyendo los enfrentamientos con las grandes empresas y sin, incluso, hacer efectivas las demoliciones de lo ilegalmente construido. La impunidad de muchas actuaciones en esta fase es en ocasiones clamorosa. Y no es por falta de recursos a los que acudir. La jurisdicci¨®n contencioso-administrativa apenas interviene en los conflictos urban¨ªsticos m¨¢s all¨¢ de los litigios de contenido econ¨®mico y de las disputas privadas sin que se reclame, salvo en contadas ocasiones, su intervenci¨®n para el ejercicio de la acci¨®n p¨²blica en defensa de la legalidad urban¨ªstica, como instrumento social o colectivo. De otro lado, la creaci¨®n de patrimonio p¨²blico de suelo ha sido escasa. La pr¨¢ctica ha demostrado que muchas veces los suelos p¨²blicos obtenidos no se han destinado a fines sociales (viviendas, equipamientos sociales, conservaci¨®n ambiental...) sino que han sido objeto de un destino alejado en ocasiones de los intereses p¨²blicos y cercano al de grupos econ¨®micos, empresas y agentes privados, que han obtenido suelo p¨²blico a bajo coste y con gran rentabilidad lucrativa.

Las afirmaciones anteriores no son fruto de una mirada parcial o interesada del fen¨®meno urban¨ªstico; se apoyan en diversas evidencias:

1. El Parlamento Europeo aprob¨® el 5 de diciembre de 2005 el llamado Informe Fourtou, que pone de manifiesto las irregularidades del urbanismo valenciano y, en particular, la vulneraci¨®n del Derecho Comunitario (Directivas 92/50/CEE, 93/37/CEE, 85/337/CEE, 97/11/CE, 2000/60/CE y 2001/42/CE, sobre contratos p¨²blicos, evaluaci¨®n de impacto ambiental y pol¨ªtica del agua), denunciando las expropiaciones leoninas, la falta de transparencia y arbitrariedad en las adjudicaciones a los agentes urbanizadores, el desastroso impacto en el medio ambiente, ecolog¨ªa de las costas y abastecimiento de agua, haciendo responsable de ello a los Ayuntamientos y a la Generalitat Valenciana.

2. Espa?a es el pa¨ªs europeo en el que m¨¢s se construye, siendo la Comunidad Valenciana la que encabeza el proceso constructivo. S¨®lo hace falta conocer la realidad de nuestros municipios para comprobar la destrucci¨®n de litorales costeros, de paisajes emblem¨¢ticos, de montes y de masas forestales. Esta situaci¨®n ni siquiera se maquilla con una pol¨ªtica m¨ªnima de construcci¨®n de viviendas sociales, que al parecer para los responsables de ella no es rentable. Nuestro territorio sufre una imparable depredaci¨®n sin que las administraciones competentes tomen medidas.

3. La Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andaluc¨ªa, est¨¢n en proceso de desertizaci¨®n, sus acu¨ªferos est¨¢n sobreexplotados y sus reservas h¨ªdricas son precarias. Sin embargo, se permite la construcci¨®n de macrourbanizaciones, se potencia el turismo de piscina y campos de golf, y no se exige la previa dotaci¨®n de un servicio de abastecimiento de aguas ni se estudia el impacto ambiental de las nuevas obras.

Muchas son las v¨ªctimas de este estado de cosas, demasiadas... Es evidente que el urbanismo como funci¨®n p¨²blica es una de ellas, como tambi¨¦n lo es el derecho de la comunidad a participar en las plusval¨ªas derivadas de la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos. Pero somos los ciudadanos de hoy quienes vamos perdiendo cada d¨ªa m¨¢s la posibilidad de disfrutar de un entorno natural, viendo c¨®mo se degrada nuestra calidad de vida. Sufrimos un aumento desmesurado en los precios de la vivienda debido a los incrementos de costes que generan la especulaci¨®n, la ausencia de rigor y la corrupci¨®n. Los ciudadanos de ma?ana, si las cosas siguen as¨ª, se encontrar¨¢n con un pa¨ªs de cemento y ladrillos, sin espacios naturales, marcado por una sobreexplotaci¨®n h¨ªdrica, ambiental y costera y que afectar¨¢ negativamente a esenciales fuentes de ingresos -v. gr. la agricultura-. Y por supuesto, se quiebra y degrada la confianza del ciudadano en las instituciones al observar que frente a posibles y eficaces modelos de desarrollo sostenible, se imponen los intereses de grupos econ¨®micos o particulares que, pueden imponer sus lucrativos y exclusivos intereses con perjuicio para los de la colectividad, desconociendo la esencia del Estado de Derecho y los preceptos constitucionales donde se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero se a?ade la funci¨®n social del mismo, y donde se obliga a los poderes p¨²blicos a regular la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general.

Por ello, debe reclamarse una implicaci¨®n de todas las Administraciones en la regeneraci¨®n de la pol¨ªtica urban¨ªstica. Somos conscientes de que no hay f¨®rmulas m¨¢gicas para solucionar la situaci¨®n, pero pueden hacerse reformas legislativas que modifiquen el marco jur¨ªdico actual, moratorias en la aprobaci¨®n de los PAI y en la tramitaci¨®n y concesi¨®n de licencias urban¨ªsticas, el replanteo global de nuestros recursos naturales para posibilitar un urbanismo sostenible, la efectiva aplicaci¨®n de la Agenda 21, la redefinici¨®n y potenciaci¨®n del inter¨¦s p¨²blico y la exigencia sistem¨¢tica de estudios de impacto ambiental. Todos ellos son instrumentos que coadyuvar¨ªan a mejorar este estado de cosas. Y por supuesto sin olvidar una apuesta firme por la investigaci¨®n y persecuci¨®n en el ¨¢mbito penal de los delitos relativos a la ordenaci¨®n del territorio y la protecci¨®n del patrimonio hist¨®rico y del medio ambiente. Para ello es necesaria una efectiva implicaci¨®n de la Fiscal¨ªa y tambi¨¦n de los juzgados, lo que exige la previa disposici¨®n de medios necesarios. El esclarecimiento de las responsabilidades derivadas de este grupo de delitos contribuir¨ªa a frenar el fen¨®meno que nos ocupa, del mismo modo que lo contrario, la impunidad, contribuye a su extensi¨®n.

Por ello, reclamamos la elaboraci¨®n de un plan de acci¨®n que luche contra quien infringe, omite y desconoce la legalidad urban¨ªstica, y abordando toda la complejidad del fen¨®meno, no olvide que sin fiscal¨ªas especializadas y juzgados adecuadamente dotados, la impunidad continuar¨¢ siendo una invitaci¨®n para que muchos contin¨²en por la triste senda del deterioro de nuestro entorno.

Mar¨ªa Ib¨¢?ez y Ximo Bosch son jueces y miembros de Jueces para la Democracia.