Una discapacitada tendr¨¢ derecho a un producto no incluido en el sistema de salud
La justicia obliga a Castilla-La Mancha a financiar la ayuda, necesaria para su integraci¨®n
Los padres de N. G., una chica de 16 a?os que naci¨® con espina b¨ªfida, llevan a?os pidiendo que el Estado pague las finas compresas de alta absorci¨®n que tiene que llevar su hija por un problema de incontinencia cong¨¦nito. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha s¨®lo les ofrec¨ªa pa?ales, demasiados visibles para una adolescente que quiere llevar una vida normal en el instituto. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad acaba de darles la raz¨®n, anteponiendo, por primera vez, el derecho a la integraci¨®n al r¨ªgido cat¨¢logo de prestaciones sanitarias p¨²blicas.
N. G. tiene reconocida una discapacidad del 44%. Naci¨® con espina b¨ªfida, una anomal¨ªa del sistema nervioso central que afecta a algunas v¨¦rtebras. En su caso, aparte de numerosas molestias al andar, le ha provocado incontinencia urinaria y fecal. La menor acaba de terminar la educaci¨®n secundaria obligatoria, la antesala del bachillerato. Est¨¢ en plena adolescencia. "Es un momento dif¨ªcil", asegura su padre, Jes¨²s. Y unos gruesos pa?ales no la ayudar¨ªan en absoluto a integrarse entre los alumnos.
La chica lleva desde hace varios a?os unas compresas finas de alta absorci¨®n que le hacen la vida m¨¢s f¨¢cil porque apenas se notan, pero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha nunca ha aceptado financi¨¢rselas. S¨®lo ofrece pa?ales de adulto, lo que est¨¢ incluido en el cat¨¢logo de prestaciones de la Sanidad p¨²blica.
Despu¨¦s de numerosas cartas e intentos -y siempre la misma respuesta: no est¨¢ en el cat¨¢logo-, los padres acudieron a los tribunales. El Juzgado de lo Social n¨²mero 1 de Toledo dio la raz¨®n a la Junta, haciendo una estricta aplicaci¨®n de la ley. La familia recurri¨®. Ahora, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, invocando el principio de igualdad y la dignidad de la persona consagrados en la Constituci¨®n y la Ley de Integraci¨®n Social de los Minusv¨¢lidos de 1982, ha reconocido el derecho de la menor a recibir compresas "que pasen desapercibidas para los dem¨¢s" aunque no aparezcan en las prestaciones sanitarias p¨²blicas. Los magistrados entienden que no se conseguir¨ªa su integraci¨®n social y educativa si tuviera que ir a la escuela y "relacionarse con sus compa?eros con unos absorbentes claramente perceptibles".
El tribunal se?ala que los pa?ales de adultos incluidos en el cat¨¢logo "a?adir¨ªan una mayor carga psicol¨®gica negativa" a la que ya pueda tener la menor. Al ser de un Tribunal Superior, y no del Supremo, la sentencia no sienta jurisprudencia, pero ser¨¢ un precedente que otros tribunales podr¨¢n tener en cuenta en el futuro. "Es muy valiente y novedosa porque se sale del listado de la Seguridad Social atendiendo al argumento de la integraci¨®n social", asegura el abogado de la familia, Carlos Sardinero, de la Asociaci¨®n el Defensor del Paciente (Adepa). "No defend¨ªamos que las compresas estaban en la lista, como se ha hecho en otras reclamaciones", explica. "Part¨ªamos de que no lo estaban, pero entend¨ªamos que la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos es prestar todos los recursos necesarios para que una menor con minusval¨ªa no tenga problemas psicol¨®gicos y se sienta excluida".
Importante precedente
"En el colegio se han re¨ªdo de ella m¨¢s de una vez por llevar pa?ales", relata el padre. "Para mi hija es muy dif¨ªcil; imag¨ªnate tener 16 a?os y tener este problema". La chica prefiere no hablar y mantener su anonimato. La sentencia todav¨ªa no es firme pero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no la recurrir¨¢. La familia est¨¢ contenta. "Esperamos que otra gente con problemas similares se pueda beneficiar de esta resoluci¨®n", exclama el padre, satisfecho de que la justicia, tras a?os de lucha, le haya dado la raz¨®n. "Este caso era muy concreto", se?ala el abogado Sardinero. "Pero los minusv¨¢lidos tienen muchos problemas con el listado de prestaciones sanitarias, que muchas veces no incluyen lo que m¨¢s favorece su integraci¨®n, y con esta sentencia las cosas podr¨ªan empezar a cambiar".
El cat¨¢logo de prestaciones sanitarias com¨²n a todas las comunidades tiene 10 a?os de antig¨¹edad y no recoge los avances sanitarios de la ¨²ltima d¨¦cada. En mayo de 2005, el Ministerio de Sanidad prepar¨® un borrador de lista com¨²n, pero lo tiene paralizado por las disputas con las comunidades por su contenido y su financiaci¨®n, informa Emilio de Benito.
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