El Gobierno advierte a la ministra de que no le har¨¢ el "trabajo sucio" en la ley antitabaco

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, afirm¨® ayer que la comunidad aut¨®noma vasca no est¨¢ dispuesta a hacerle el "trabajo sucio" al Gobierno central en la aplicaci¨®n de la ley antitabaco. En respuesta a unas manifestaciones de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, quien la v¨ªspera advirti¨® de que recurrir¨¢ ante los tribunales los reglamentos de las comunidades que suavicen la normativa estatal, Madrazo se?al¨® que el Ejecutivo vasco no aprobar¨¢ el decreto de aplicaci¨®n de la ley hasta que no haya un acuerdo previo con los municipios y los hosteleros.

"El Estado se equivoca si pretende que el Gobierno vasco le haga el trabajo sucio en la aplicaci¨®n de una ley que presenta un mont¨®n de carencias, insuficiencias y lagunas", dijo Madrazo. El consejero mostr¨® as¨ª p¨²blicamente su disconformidad con las exigencias que supone para las comunidades aut¨®nomas una normativa de ¨¢mbito nacional. Ocho meses despu¨¦s de la entrada en vigor de la Ley contra el Tabaco, en Euskadi est¨¢n a¨²n por despejar muchas inc¨®gnitas sobre su aplicaci¨®n.

Los alcaldes y los hosteleros, por ejemplo, est¨¢n a la espera de que el Gobierno vasco apruebe un reglamento que defina aspectos que est¨¢n por concretar, como el organismo que sancionar¨¢ las infracciones o las obras que tendr¨¢n que hacer los locales para adecuarse a la ley, entre otros.

Madrazo record¨® que el Ejecutivo no est¨¢ obligado a aprobar un decreto de aplicaci¨®n de la ley, aunque asegur¨® que lo elaborar¨¢ si existe previamente un consenso con los ayuntamientos y el sector de la hosteler¨ªa. Tambi¨¦n puso como condici¨®n que la Administraci¨®n central "clarifique su posici¨®n final" y deje de "confundir" a la opini¨®n p¨²blica sobre sus "intenciones de reformar la ley".

Y como tercer condicionante, Madrazo asegur¨® que el decreto se redactar¨¢ una vez que los tribunales "aclaren la interpretaci¨®n de esta ley" y se pronuncien sobre los recursos presentados por el Gobierno central contra los reglamentos ya elaborados por algunas comunidades aut¨®nomas. Est¨¢ recurrido el decreto de la Comunidad Valenciana y se ha pedido modificar la redacci¨®n hecha por Castilla y Le¨®n. Ambas autonom¨ªas est¨¢n gobernadas por el PP.

Desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales se insiste en que en Euskadi se est¨¢ aplicando la ley "con normalidad". Sin embargo, la gran mayor¨ªa de los establecimientos de hosteler¨ªa de m¨¢s de 100 metros cuadrados no han adaptado sus locales a la normativa. Un art¨ªculo de la ley les obliga desde el pasado 1 de septiembre a separar la zona de fumadores de la de no fumadores. Los due?os de estos negocios est¨¢n a la espera de lo que establezca el futuro decreto del Gobierno vasco. Mientras tanto, no est¨¢n dispuestos a realizar ninguna reforma. Tampoco est¨¢ claro qu¨¦ va a ocurrir en algunos recintos cerrados, como los frontones, donde se sigue fumando sin ning¨²n tipo de restricci¨®n ni control.

Respecto a la funci¨®n sancionadora, Madrazo record¨® que la ley antitabaco asigna esta competencia en las comunidades aut¨®nomas, aunque record¨® que la Ley vasca de Drogodependencias de 1998 establece "un reparto competencial entre las instituciones vascas en materia de inspecci¨®n y sanci¨®n". Seg¨²n esta normativa auton¨®mica, el Gobierno vasco "es competente en todo lo referido a promoci¨®n y publicidad", mientras que a los ayuntamientos les corresponde "todo lo referido a la venta y consumo". Madrazo se?al¨® que su departamento se atendr¨¢ al reparto competencial que determina la ley vasca de Drogodependencias y, por lo tanto, endosar¨¢ a los municipios la obligaci¨®n de sancionar y tramitar las infracciones.

En el primer semestre del a?o, se hab¨ªan presentado en la comunidad aut¨®noma 37 denuncias por incumplimientos de la ley antitabaco. Sin embargo, al no haberse precisado el procedimiento sancionador, no se ha aplicado todav¨ªa ninguna sanci¨®n, por m¨¢s que las cuant¨ªas de las multas est¨¢ precisada en la propia ley estatal, que es de obligado cumplimiento en todo el pa¨ªs. Hay tres tipos de infracciones: leves (hasta 600 euros), graves (de 601 a 10.000 euros) y muy graves (de 10.001 a 600.000 euros). Por territorios, 18 de esas denuncias se presentaron en Vizcaya, 16 en Guip¨²zcoa y las tres restantes en ?lava.