Ganar las elecciones y robar la cartera

El Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a de 1979, al igual que el de 2006, establece que el Parlament es elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y que el sistema electoral es de representaci¨®n proporcional, asegurando la adecuada representaci¨®n de todas las zonas del territorio. El Estatuto de 1979 encomend¨® al propio Parlament la elaboraci¨®n de una ley electoral conforme a tales preceptos, y una disposici¨®n transitoria regul¨® los primeros comicios. Tal disposici¨®n establec¨ªa una distribuci¨®n de esca?os en las cuatro circunscripciones que penalizaba notablemente a los electores de Barcelona. Pues bien, 26 a?os despu¨¦s todav¨ªa no existe una ley electoral catalana y las elecciones al Parlament siguen celebr¨¢ndose conforme a aquella disposici¨®n transitoria. La pregunta inmediata es obvia: ?es democr¨¢ticamente aceptable que el voto de los ciudadanos de Barcelona valga sustancialmente menos que el de los ciudadanos de las otras circunscripciones?

Claro est¨¢ que no es dif¨ªcil comprender el poco inter¨¦s de los gobiernos de CiU (1980-2003) en dar cumplimiento a la previsi¨®n estatutaria. Basta fijarse en los resultados de las dos ¨²ltimas elecciones celebradas: en las de junio de 1999, las candidaturas del PSC en coalici¨®n con Ciutadans pel Canvi, y con IC en Girona, Lleida y Tarragona obtuvieron el 37,8% de los votos, en tanto que las de CiU obten¨ªan una d¨¦cima menos, el 37,7%. Pero la traducci¨®n de los votos en esca?os alter¨® el orden, o si se prefiere el empate: CiU obtuvo 56 diputados frente a los 53 del PSC y sus aliados, lo que permiti¨® a la coalici¨®n nacionalista, con el apoyo del PP, la reelecci¨®n de Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat. En las elecciones de noviembre de 2003 las candidaturas del PSC-Ciutadans pel Canvi fueron de nuevo las m¨¢s votadas -31,1%-, ligeramente por delante de CiU, que obtuvo el 30,9%, pero de nuevo la norma electoral alter¨® la voluntad popular: 46 esca?os para CiU y 42 para el PSC. Desde entonces y durante toda la legislatura, la coalici¨®n nacionalista, que fue incapaz de formar una mayor¨ªa parlamentaria para gobernar, no ha parado de repetir que hab¨ªa ganado las elecciones, afirmaci¨®n reproducida habitualmente de forma acr¨ªtica por buena parte de los medios de comunicaci¨®n, que incluso a veces han atribuido a CiU la condici¨®n de fuerza m¨¢s votada.

Sin embargo, el incumplimiento del Pacto del Tinell respecto a la elaboraci¨®n de una ley electoral, responsabilidad fundamentalmente de ERC, nos conduce a una nueva convocatoria con la misma norma provisional y en la que ya se est¨¢ especulando sobre una posible repetici¨®n de la divergencia entre votos y diputados. Y adem¨¢s, los m¨¢ximos dirigentes de CiU no paran de demandar que una vez asignados los esca?os se olvide r¨¢pidamente el n¨²mero de votos, es decir, la expresi¨®n exacta del apoyo de los electores a las distintas candidaturas, y que s¨®lo el n¨²mero de diputados obtenido sea tenido en cuenta a la hora de considerar la condici¨®n de ganador de los comicios, una pretensi¨®n que se asemeja a la del jugador que quiere convertir en norma indiscutida una ventaja irregular que le favorece.

Creo que deber¨ªa estar fuera de toda discusi¨®n que ¨²nicamente los votos expresan la voluntad de los ciudadanos y que, por tanto, si una candidatura con m¨¢s votos que su oponente obtiene menos esca?os es que el sistema electoral es defectuoso y que debe modificarse. Ya s¨¦ que algunos dir¨¢n que el sistema electoral espa?ol -y otros, claro est¨¢- tambi¨¦n altera la proporcionalidad m¨¢s all¨¢ de lo aceptable, y desde luego me encuentro entre quienes piensan que deber¨ªa modificarse, cosa que, por cierto, impidieron hace pocos meses en el Congreso de los Diputados CiU y ERC en alianza con el PP, votando contra una propuesta del PSOE e IU-IC. Pero, en todo caso, en las elecciones legislativas espa?olas, es la tercera lista -el PCE en su d¨ªa, hoy Izquierda Unida- la que resulta m¨¢s penalizada, y jam¨¢s el partido con m¨¢s sufragios ha obtenido al mismo tiempo el mayor n¨²mero de esca?os en el Congreso, con las consecuencias pol¨ªticas que ello implica.

Pero junto con la pretensi¨®n de convertir en algo incontrovertible que ganar las elecciones es obtener m¨¢s esca?os, al margen de cu¨¢l sea el apoyo popular expresado en votos, los dirigentes de CiU han puesto en circulaci¨®n un argumento del todo incompatible con una democracia parlamentaria: el de que debe necesariamente gobernar quien obtiene m¨¢s esca?os, cuestionando no la legalidad pero s¨ª la legitimidad de cualquier otra f¨®rmula. Naturalmente, los dirigentes de CiU saben perfectamente que en las elecciones al Parlamento se eligen diputados -aunque la campa?a promueva especialmente al candidato a la presidencia de la Generalitat- y que la formaci¨®n de Gobierno, a falta de una mayor¨ªa absoluta de un grupo pol¨ªtico, depende de la mayor¨ªa parlamentaria que se articule. Y eso no s¨®lo es plenamente leg¨ªtimo, sino que forma parte de la pr¨¢ctica habitual de las democracias parlamentarias. A ning¨²n dirigente pol¨ªtico europeo se le ocurrir¨ªa decir seriamente que le han "robado la cartera" porque ha sido incapaz de tejer una alianza parlamentaria para formar gobierno aun disponiendo del grupo parlamentario m¨¢s numeroso. Por cierto, que no consta que CiU haya criticado a sus socios del BNG por su pacto con los socialistas para desplazar al PP del Gobierno de Galicia, la fuerza m¨¢s votada y con m¨¢s esca?os en el Parlamento de aquella comunidad.

Ser¨ªa una tal vez peque?a pero no irrelevante contribuci¨®n al debate de cara a las pr¨®ximas elecciones del 1 de noviembre que los dirigentes pol¨ªticos, todos, tuvieran presente sus ocasionales y a menudo tan poco cre¨ªbles llamadas a ejercitar la pedagog¨ªa pol¨ªtica. Por eso, si debido a la distorsi¨®n provocada por la normativa electoral se produce una disparidad votos/diputados no se puede pretender que simplemente se ignore el dato que de forma precisa indica la voluntad popular. Y ante la previsible inexistencia de una mayor¨ªa absoluta deber¨ªa aceptarse no s¨®lo la legitimidad, sino la plena normalidad democr¨¢tica del acuerdo de gobierno que las formaciones pol¨ªticas representadas en el Parlament sean capaces de alcanzar.

Pere Ys¨¤s es profesor de Historia Contempor¨¢nea de la UAB.