La Generalitat lleva sin pagar desde julio a funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia

La idea de seguridad econ¨®mica que suele asociarse a los funcionarios ha saltado por los aires en Valencia. Decenas de funcionarios de Justicia -90 seg¨²n la consejer¨ªa, 300 seg¨²n los sindicatos- llevan sin cobrar desde julio. Y eso no es lo peor. "Lo peor es que cuando preguntas cu¨¢ndo nos van a pagar te dicen que vamos a estar as¨ª sine die", aseguraba ayer una funcionaria que abord¨® al l¨ªder socialista, Joan Ignasi Pla, cerca de las Cortes. La directora general de Justicia, Patricia Montagud, le ech¨® las culpas al Gobierno y asegur¨® que todos cobrar¨¢n la n¨®mina a final de mes.

La FSP atribuye el problema a que cuatro trabajadores gestionan 4.000 n¨®minas

La directora general Montagud asegura que todos cobrar¨¢n a final de mes

La Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de la UGT atribuy¨® el impago a que s¨®lo cuatro personas gestionan las 4.000 n¨®minas de Justicia y est¨¢n desbordados.

Los funcionarios se incorporaron a los juzgados valencianos a mediados de julio. No hay entre ellos jueces ni fiscales. Pertenecen al cuerpo de gesti¨®n y de tramitaci¨®n de la Consejer¨ªa de Justicia, Interior y Administraciones P¨²blicas. Y son, mayoritariamente, valencianos que regresaron a casa desde otras comunidades aut¨®nomas por medio de un concurso de traslado.

No han cobrado el mes de julio ni el de agosto y hasta ¨²ltima hora de ayer nadie en la Generalitat era capaz de garantizar que fueran a cobrar el de septiembre. La situaci¨®n de algunos, como Amparo -pidi¨® no dar su apellido-, que ayer se cruz¨® por casualidad con Pla en una calle cercana a las Cortes y lo abord¨®, era desesperada. La funcionaria y su marido pagan cada mes 800 euros de hipoteca. "Nos hemos tenido que ir a vivir cada uno a casa de sus padres, porque no podemos pagar la luz, el agua, el tel¨¦fono, el gas, la comida, el ocio y adem¨¢s la hipoteca", dec¨ªa.

"Lo m¨¢s grave", comentaba ayer Mar¨ªa (nombre ficticio), funcionaria del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero cinco de Castell¨®n, "es que cuando pides una respuesta te dicen que no hay respuesta. Que no saben cu¨¢ndo vamos a cobrar". El caso de Mar¨ªa puede considerarse raro: Su pareja tambi¨¦n es funcionario de Justicia, tambi¨¦n lleg¨® a Castell¨®n en julio y tambi¨¦n lleva desde entonces sin cobrar. "M¨¢s que nada te queda la indignaci¨®n", dec¨ªa, "se te queda cara de tonto".

La Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos (FSP) del sindicato UGT remiti¨® ayer una carta al consejero Miguel Peralta en la que le reclamaba "que de modo inmediato la Administraci¨®n cumpla sus obligaciones salariales con estos empleados". "Hechas las averiguaciones pertinentes", reza la misiva de la FSP, "hemos constatado que el problema nace de la imposibilidad material de gestionar la ingente cantidad de incidencias administrativas por parte de los compa?eros del servicio de Recursos Humanos de la direcci¨®n general de Justicia. Cuatro funcionarios para gestionar 4.000 n¨®minas".

La versi¨®n coincide con la que Amparo y Mar¨ªa aseguraban haber recibido en la direcci¨®n general de Justicia. El encargado de las n¨®minas, dec¨ªa ayer la primera, le contest¨® "que estaba solo, que s¨®lo hay una persona, que estaba trabajando en vez de estar de vacaciones, y que no da abasto".

La directora general de Justicia explic¨® a ¨²ltima hora las cosas de otro modo. Para empezar, Montagud rebaj¨® el n¨²mero de afectados de 300 a 90, y afirm¨® que siempre ha habido "al menos 10 personas" encargadas de las n¨®minas. Tambi¨¦n responsabiliz¨® al Gobierno del retraso en pagar las n¨®minas.

Seg¨²n Montagud, el primer problema fue que el Ministerio de Justicia aprob¨® el concurso de traslado, que trajo a 900 funcionarios a los juzgados valencianos, en junio, justo antes de las vacaciones. El segundo, fue que en la convocatoria se introdujo la novedad de que los empleados p¨²blicos pod¨ªan renunciar una vez que hab¨ªan recibido la plaza. "O quedar a resultas", lo cual significa que pueden volver al destino anterior despu¨¦s de haber tomado posesi¨®n. El tercero y ¨²ltimo error del Gobierno fue el de equivocarse en el listado de quienes ten¨ªan que venir, seg¨²n la directora general.

El asunto, a?adi¨®, ha afectado a todas las comunidades aut¨®nomas, y el Pa¨ªs Vasco ha pedido que se debatan los problemas derivados del traslado en la reuni¨®n que las comunidades mantendr¨¢n el jueves con el ministerio.

Montagud reconoci¨® que la situaci¨®n ha tenido, adem¨¢s, las complicaciones derivadas del "volumen tan grueso de trabajo" que supone el desembarco de 900 funcionarios. Y afirm¨® que considera "sacrosanto" cobrar la n¨®mina, cosa que todos har¨¢n a final de septiembre.

Todo ello lo dijo Montagud hacia las ocho y media de la tarde. Por la ma?ana, ni a Amparo, ni a Mar¨ªa ni a la secretaria de Justicia de la FSP, Maribel Molina, se les dio una explicaci¨®n tan prolija. Ni tampoco garant¨ªas tan rotundas. "Se han comprometido a intentar mandar personal de apoyo a n¨®minas para agilizar el problema", aseguraba por la tarde Molina.