La corrupci¨®n se presenta a las elecciones

La corrupci¨®n pol¨ªtica modificar¨¢ las listas de candidatos de los principales partidos en los pr¨®ximos comicios locales y auton¨®micos de 2007, pero no al completo. Al menos seis altos cargos p¨²blicos del PP, cuatro del PSOE y uno del PA mantienen su intenci¨®n de repetir candidatura y continuar en el puesto que ocupan ahora y por el que est¨¢n imputados en graves delitos relacionados con la corrupci¨®n.

Los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen en sus reglamentos internos medidas de regeneraci¨®n que pasan por la expulsi¨®n o la suspensi¨®n de militancia para casos de corrupci¨®n pol¨ªtica, aunque estas medidas quedan generalmente congeladas a la espera de que haya una condena firme, que en muchos casos tarda varios a?os.

El protagonista del 'caso Fabra', que conserva todos los cargos en el partido en Castell¨®n, controlar¨¢ la campa?a electoral

El alcalde de Alicante se ha asegurado competir por cuarta vez por el cargo tras superar su ¨²ltimo rev¨¦s en los tribunales

Los partidos mantendr¨¢n en las listas a una decena de altos cargos pese a estar implicados en casos que investiga la justicia

Los socialistas mantienen que en sus listas no habr¨¢ rastro de pol¨ªticos sobre los que recaiga una sospecha cierta de corrupci¨®n y han empezado por dar ejemplo en Murcia, donde algunos concejales o alcaldes han dejado su puesto. En cambio, el regidor de Carboneras, con una condena de seis meses, s¨ª parece mantenerse como candidato en este municipio almeriense. En el PP las cosas no est¨¢n tan claras y parece que algunos de sus principales dirigentes en la Comunidad Valenciana repetir¨¢n en las listas electorales pese a los graves casos de corrupci¨®n por los que est¨¢n siendo investigados.

Lo que sigue resume la situaci¨®n en las zonas donde m¨¢s casos de corrupci¨®n se han destapado desde las anteriores elecciones.

ALICANTE: Tres alcaldes en apuros.

En Alicante, las imputaciones por supuestos casos de corrupci¨®n afectan los regidores de la capital de la provincia, Torrevieja y Orihuela: Luis D¨ªaz Alperi, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo y Jos¨¦ Manuel Medina, respectivamente. Aparte del acoso judicial, los tres alcaldes alineados con el sector interno del PP af¨ªn al jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, han tenido que hacer frente al colectivo opositor interno, los zaplanistas, pr¨®ximos al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana.

El alcalde de Alicante (319.000 habitantes) ha vencido la resistencia del colectivo zaplanista y el ¨²ltimo rev¨¦s de los tribunales y se ha asegurado la nominaci¨®n para revalidar por cuarta vez el cargo. D¨ªaz Alperi y dos de sus concejales (Sonia Castedo, de Urbanismo, y Luis Concepci¨®n, de Tr¨¢fico) han sido imputados por cinco supuestos delitos, entre ellos prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias, derivados de la adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos al promotor local Enrique Ortiz. El alcalde est¨¢ adem¨¢s acusado en el sumario por el desfalco de seis millones de euros en la empresa p¨²blica Mercalicante.

El mi¨¦rcoles pasado, D¨ªaz Alperi respir¨® con alivio. El comit¨¦ electoral, tras un pacto entre direcci¨®n nacional, regional y provincial, respald¨® su candidatura.

En cambio, el alcalde de Orihuela (75.000), Jos¨¦ Manuel Medina, en el cargo desde 1996, ha anunciado que no opta a la reelecci¨®n. Su decisi¨®n se produce tras reconocer ante la juez que vive en un chal¨¦ y usa un Rolls Royce propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. El alcalde tiene que hacer frente a otras 15 denuncias, todas a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por hechos delictivos en la gesti¨®n urban¨ªstica y econ¨®mica del consistorio. El alud judicial y la p¨¦rdida de confianza del presidente regional, Francisco Camps, presionado por la direcci¨®n nacional del PP, han abocado a Medina a olvidarse de la reelecci¨®n.

El regidor de Torrevieja (84.000), Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, en el cargo desde 1987, optar¨¢ a su quinta reelecci¨®n pese a su doble imputaci¨®n judicial y el ¨²ltimo esc¨¢ndalo de las supuesta torturas de la Polic¨ªa Local a arrestados, que afecta a la c¨²pula del cuerpo y dos concejales m¨¢s del PP, el de Seguridad y el de Sanidad. Hern¨¢ndez Mateo est¨¢ acusado de tr¨¢fico de influencias en relaci¨®n con una plusval¨ªa de 5,2 millones de euros que le report¨® la compraventa de una finca. Otro juez ha imputado al regidor y otros dos ediles, el de Hacienda y el de Personal, por un supuesto delito de prevaricaci¨®n derivado de pagos de facturas sin consignaci¨®n presupuestaria.

CANARIAS: El 'caso Fayc¨¢n'.

Entre los casos de corrupci¨®n destapados en Canarias en este a?o, el 1 de marzo se produjeron las primeras detenciones del denominado caso Fayc¨¢n, una supuesta red de cobro de comisiones en obras p¨²blicas y suministros integrada por una docena de pol¨ªticos, empresarios y empleados del municipio de Telde (localidad de 96.000 habitantes en el sureste de la isla de Gran Canaria), gobernada por un alcalde del PP en alianza con la agrupaci¨®n vecinal Ciuca. Ya han pasado 16 personas ante el juez que instruye el caso, entre ellas la principal imputada, concejal popular de Obras P¨²blicas (Mar¨ªa Antonia Torres), la concejal popular de Fiestas, Guadalupe L¨®pez, y su marido, Salvador Santana, adem¨¢s de Candelaria S¨¢nchez, edil de Ciuca, con responsabilidades en Aguas, por presuntos delitos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y cohecho. El alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), ha anunciado que no presentar¨¢ su dimisi¨®n.

La suspensi¨®n de sus funciones de las tres concejales deja al grupo de gobierno municipal en minor¨ªa, con 11 ediles (6 del PP y 4 de Ciuca) frente a 12 de la oposici¨®n (integrada por los partidos Nueva Canarias, PSOE, Coalici¨®n Canaria y Centro Canario Nacionalista). Esos tres concejales suspendidos de militancia no repetir¨¢n en las listas, seg¨²n las previsiones del PP.

Otros dos casos de presunto fraude a las arcas p¨²blicas se debaten actualmente en sendas comisiones de investigaci¨®n en el Parlamento de Canarias. El caso e¨®lico mantiene abierta la v¨ªa judicial e intenta desenmara?ar una trama pol¨ªtico empresarial para hacerse con las m¨¢ximas concesiones posibles en un concurso para explotar aerogeneradores en las islas. Un ex empleado de una de las empresas que optaba al concurso revel¨® una trama originada desde la Direcci¨®n General de Industria, gobernada entonces por el PP, que finalmente no obtuvo los beneficios millonarios que esperaba porque el Gobierno de Canarias suspendi¨® la convocatoria. Este caso, adem¨¢s del enconamiento de los populares con el Gobierno central y discrepancias en materia de menores, provoc¨® la ruptura del pacto de gobierno entre Coalici¨®n Canaria y PP en junio pasado.

MURCIA: Renuncias y expulsiones.

El hasta hace un mes regidor de Los Alc¨¢zares (12.000), el socialista Juan Escudero, present¨® su dimisi¨®n despu¨¦s de que la direcci¨®n regional se lo solicitara tras hacerse p¨²blicas las inversiones del presunto cerebro de la trama de corrupci¨®n de Marbella, Juan Antonio Roca. Adem¨¢s, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel L¨®pez Bernal, investiga la actuaci¨®n del arquitecto municipal de Los Alc¨¢zares, Mariano Ayuso, quien aparec¨ªa de forma recurrente en los papeles intervenidos a Roca en Marbella. Pese a su dimisi¨®n, Escudero sigue siendo diputado regional, con lo que es aforado.

Otro de los alcaldes que han cedido su puesto es el socialista Miguel Navarro, que gobernaba Lorca (90.000). El motivo fue su oposici¨®n a las decisiones del secretario general de Murcia, Pedro Saura, quien ha optado por la cr¨ªtica frontal contra el modelo de desarrollo auspiciado por el presidente de la comunidad, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP). Navarro es, adem¨¢s, un ferviente partidario del trasvase del Ebro, una infraestructura cuya construcci¨®n ha sido paralizada por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Navarro podr¨ªa seguir siendo candidato del PSOE murciano a la Asamblea Regional, con lo que seguir¨ªa siendo aforado.

En el municipio de ?guilas, (31.000), seis ediles del PSOE fueron expulsados del partido (ahora han creado una formaci¨®n localista para presentarse a los comicios) tras no hacer caso a las directrices de la direcci¨®n y votar a favor de la urbanizaci¨®n de un paraje protegido por la Uni¨®n Europea (UE) denominado La Zerrichera. El apoyo al proyecto tambi¨¦n le cost¨® el puesto al edil popular Jos¨¦ L¨®pez, quien vot¨® en un pleno la reclasificaci¨®n de los terrenos que d¨ªas antes hab¨ªa comprado para despu¨¦s venderlos al empresario Trinitario Casanova Abad¨ªa. ?ste habr¨ªa ganado unos 75 millones de euros al revender la finca a la Caja de Ahorros de Guip¨²zcoa y San Sebasti¨¢n (Kutxa).

Tambi¨¦n en el PP otros concejales marcados por las denuncias de presuntas irregularidades o tratos de favor a sus socios han mostrado su intenci¨®n de no continuar en el cargo. Es el caso del n¨²mero tres del PP murciano y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia (415.000), Antonio S¨¢nchez Carrillo, quien anunci¨® al presidente Valc¨¢rcel su intenci¨®n de dimitir, aunque s¨®lo cuando un juzgado aceptara una querella contra los miembros de la oposici¨®n municipal del PSOE. Fuentes del PP apuntan a la posibilidad de que S¨¢nchez Carrillo entre en las listas para la Asamblea Regional, con lo que adquirir¨ªa tambi¨¦n la condici¨®n de aforado.

El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, quien tambi¨¦n fue criticado por aprobar la reclasificaci¨®n de un terreno destinado a viviendas para j¨®venes en la capital regional a uno de sus socios, ha adelantado que volver¨¢ a sus negocios inmobiliarios en mayo de 2007 tras su salida del ayuntamiento.

ANDALUC?A: L¨ªos urban¨ªsticos.

El edil de Urbanismo de Rota (27.000 habitantes, C¨¢diz), Antonio Pe?a (PP), est¨¢ imputado por prevariaci¨®n en la tramitaci¨®n de un expediente de urbanizaci¨®n en suelo privado, cuya empresa propietaria acusa al concejal de hacerse de manera il¨ªcita con la titularidad mayoritaria de la parcela. Quiere volver a presentarse.

En El Puerto de Santa Mar¨ªa (82.000), el ex alcalde, el independiente Hern¨¢n D¨ªaz, que fue socio de gobierno del PSOE, fue condenado a seis a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n en el nombramiento de un cargo de la Polic¨ªa Local. Su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez, del mismo grupo independiente, est¨¢ acusado de prevaricaci¨®n por no impedir el desarrollo urban¨ªstico ilegal en suelo protegido.

En Medina Sidonia (11.000), el PP ha presentado denuncias contra el alcalde y el concejal de Urbanismo, los socialistas Francisco Carrera y Rafael Gonz¨¢lez, por prevariaci¨®n y cohecho. Los acusa de "persecuci¨®n pol¨ªtica" por paralizar las obras de rehabilitaci¨®n de la vivienda del portavoz popular, Sebasti¨¢n S¨¢nchez.

En Sanl¨²car de Barrameda (63.000), el secretario local del Partido Andalucista, Antonio Prats, ha sido condenado a un a?o de prisi¨®n y de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico por atentar contra el alcalde y agentes de la autoridad durante una movilizaci¨®n de los empleados municipales de limpieza en 2001. La condena ha sido recurrida y Prats ser¨¢ candidato en 2007.

El ex alcalde de Chipiona (18.000), Luis Mario Aparcero, y el de Sanl¨²car, Agust¨ªn Cuevas, ambos del PSOE y en la actualidad sin actividad pol¨ªtica, fueron condenados el pasado mayo por el caso Sanl¨²car: el intento de soborno a un concejal del PP en 1999.

El alcalde de La L¨ªnea de la Concepci¨®n (63.000), el popular Juan Carlos Ju¨¢rez y ex del GIL, ser¨¢ candidato a pesar de estar imputado por el caso de los contratos, una denuncia interpuesta por el que fue secretario general del Partido Socialista de la Justicia, el abogado Emilio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez. ?ste, ahora en prisi¨®n, acus¨® a Ju¨¢rez de contratar de forma irregular en el Ayuntamiento a casi un centenar de personas. El PP ha dado su apoyo a Ju¨¢rez.

El alcalde de la localidad granadina de Almu?¨¦car (25.000), Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), dice que no tiene claro si se presentar¨¢ a la reelecci¨®n de un cargo que ha ejercido m¨¢s de 20 a?os, en los que ha representado a cinco siglas distintas (PSOE, Colectivo Pablo Iglesias, Partido Socialista del Pueblo Andaluz, PA y Convergencia Andaluza). Sostiene que en su decisi¨®n final no influir¨¢n las decenas de procesos judiciales abiertos contra ¨¦l, la mayor¨ªa por irregularidades urban¨ªsticas. Una sentencia le conden¨® en 2003 por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos a trav¨¦s de la empresa municipal Tropical Fruits (creada para promocionar y comercializar frutos subtropicales).

Agust¨ªn Pav¨®n, alcalde de la localidad sevillana de Camas (26.000), est¨¢ imputado por el intento de compra de una ex concejal y ha mostrado su inter¨¦s por presentarse de nuevo como candidato a la alcald¨ªa por Izquierda Unida. La asamblea local de IU ha pedido a la direcci¨®n regional que anule la suspensi¨®n de militancia y readmita a Pav¨®n.

En Almer¨ªa, Carboneras (7.300 habitantes), el actual alcalde, Crist¨®bal Fern¨¢ndez (PSOE), podr¨ªa repetir candidatura a pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de inhabilitaci¨®n de seis meses por delito electoral. La sentencia no se ha ejecutado a la espera de que se resuelva la petici¨®n de indulto firmada por m¨¢s de 12.000 vecinos. Fern¨¢ndez quiere repetir como candidato.

En el municipio costero malague?o de Manilva (10.000), el PP, sin representaci¨®n en el Ayuntamiento, ha aceptado la propuesta del Partido Democr¨¢tico de Manilva, formado por antiguos concejales del GIL, de canalizar las iniciativas que los populares quieren presentar hasta las elecciones de mayo. El PDEM fue fundado por el ex alcalde Pedro Tirado, detenido en la operaci¨®n Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales.

Han colaborado en esta informaci¨®n, Tono Calleja, Juan Manuel Pardellas, Santiago Navarro, Francisco J. Rom¨¢n, M. J. L¨®pez D¨ªaz, C¨¢ndido Romaguera, Reyes Rinc¨®n y Fernando P¨¦rez