Una reparaci¨®n insuficiente

Mas all¨¢ de discusiones acad¨¦micas sobre historia y memoria, cada d¨ªa somos m¨¢s los que tenemos claro que recuperar la memoria hist¨®rica, aqu¨ª y ahora, significa reconocer, con todas sus consecuencias, que el origen de la guerra civil espa?ola fue el levantamiento fascista contra la II Rep¨²blica. Una insurrecci¨®n militar impulsada por terratenientes, Iglesia y capitalistas que cont¨® con el apoyo activo de Hitler y Mussolini, que tuvo consecuencias tr¨¢gicas para muchos, pero especialmente para la clase obrera, cuyas organizaciones -socialistas, comunistas y anarquistas- fueron destruidas, y que finaliz¨® con la instauraci¨®n de una dictadura militar durante cuarenta a?os.

Estos hechos est¨¢n reconocidos por historiadores e instituciones internacionales, y recientemente el Consejo de Europa ha condenado, por unanimidad, "las graves y m¨²ltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en Espa?a por el r¨¦gimen franquista". Son una realidad hist¨®rica que obliga a respetar y aplicar las normas internacionales sobre violaciones graves de derechos humanos, justo lo contrario de lo que hace el proyecto de ley sobre v¨ªctimas del franquismo presentado por el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero. Un texto en el que late el temor al enfrentamiento con el PP y el miedo a rectificar errores del pasado, porque el mito de la transici¨®n como modelo de gesti¨®n pol¨ªtica, de consensos y perdones, es una reconstrucci¨®n ideol¨®gica de la memoria que hace tiempo que est¨¢ en crisis y va revelando poco a poco hasta que punto la actual democracia se ha construido sobre la injusticia, el silencio y el miedo.

En el texto late el temor al enfrentamiento con el PP y el miedo a rectificar errores del pasado

Es inaceptable oponer el criterio de "cosa juzgada" ante fallos derivados de procesos judiciales sin garant¨ªas

La ley de Amnist¨ªa de 1977 es una ley de punto final que vulnera el derecho internacional. Una ley por la que los criminales perdonaron a sus v¨ªctimas a cambio de que ¨¦stas guardaran silencio y renunciaran a reclamar justicia por sus cr¨ªmenes. Se anularon derechos fundamentales que son indisponibles por el legislador y cuya violaci¨®n no admite la prescripci¨®n ni la amnist¨ªa, ni es un tema interno de cada pa¨ªs.

Es una verdad indiscutible que la ¨²nica versi¨®n oficial ofrecida por el Estado respecto de la guerra civil fue la "Causa General" instruida por el r¨¦gimen franquista y que quienes ganaron la guerra honraron a sus muertos y compensaron a sus v¨ªctimas, mientras que los que la perdieron fueron sometidos a una represi¨®n implacable, sistem¨¢tica y selectiva. He aqu¨ª un trato desigual que hay que reparar con quienes fueron privados de todo tipo de derechos.

Por eso, la ley de la memoria hist¨®rica debe anular las sentencias de tribunales golpistas y los procesos judiciales de la dictadura, en lugar de reconocer expl¨ªcitamente la legalidad franquista, como hace el proyecto de ley con los mismos argumentos utilizados en 1990 para excluir a los "esclavos del franquismo" de las indemnizaciones por privaci¨®n de libertad alegando que cumpl¨ªan el "servicio militar". Es inaceptable oponer el criterio de "cosa juzgada" ante fallos derivados de procesos judiciales parciales y sin garant¨ªas, o alegar "seguridad jur¨ªdica" cuando se sabe que las normas pueden tener car¨¢cter retroactivo si son favorables. Si la jurisprudencia constitucional reitera que la seguridad jur¨ªdica es el equilibrio de principios "para promover la justicia y la igualdad, en libertad", no hay excusas para que se anulen las farsas judiciales del franquismo en lugar de obligar a las v¨ªctimas a demostrar ante un "Consejo de Notables", que seg¨²n la propuesta debe ser pactado con el PP, su derecho a ser rehabilitadas.

Adem¨¢s, es la Administraci¨®n la que debe ponerse al frente de la tarea de buscar y enterrar dignamente a los miles de desaparecidos durante el franquismo, y debe hacerlo garantizando la intervenci¨®n judicial y forense para dejar constancia de lo ocurrido. El proyecto de ley insiste en desplazar al ¨¢mbito privado -familias y organizaciones civiles- la tarea de localizar fosas donde puedan encontrarse restos de personas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente, cuando debe ser el Estado el que asuma la responsabilidad de investigar tan graves delitos.

Compensar adecuadamente a las v¨ªctimas significa hacerlo de forma proporcional al da?o causado, asumir la responsabilidad de la Administraci¨®n, incluir a todos los colectivos y luchadores antifranquistas, aceptar que el dinero no compra el derecho a la verdad y la justicia, homogeneizar las distintas ayudas auton¨®micas. Justo lo contrario de un plan cicatero que mantiene los tres a?os de privaci¨®n de libertad para tener derecho a compensaci¨®n, cuando hay comunidades como la vasca que establece un m¨ªnimo de seis meses o la catalana que indemniza desde el primer d¨ªa.

El proyecto de ley mejora pensiones, reconoce la doble nacionalidad a excombatientes de Brigadas Internacionales y compensa a las v¨ªctimas del franquismo hasta 1977, pero contiene aspectos preocupantes que hay que corregir. El monumento al franquismo en el llamado "Valle de los Ca¨ªdos", realizado por 14.000 presos republicanos, se consolida como pante¨®n franquista financiado por todos, aunque se proh¨ªba su exaltaci¨®n, y la apolog¨ªa del fascismo sigue siendo un concepto penal inexistente. La mejora de la conservaci¨®n y localizaci¨®n de los "archivos de la represi¨®n" es insuficiente, al no facilitarse el acceso a v¨ªctimas y familiares y restringirse el acceso a documentos cuando "identifiquen a los autores u otras personas intervinientes en los hechos". La falta de referencias a pol¨ªticas educativas, el no reconocimiento de los maquis o de los presos en campos nazis, son otras ausencias notables.

La propuesta del PSE para que el Parlamento vasco apruebe el Informe del Instituto Valent¨ªn de Foronda sobre los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, como una alternativa al informe policial, viene a reconocer las carencias de un proyecto de ley que excluye expresamente derechos imprescriptibles. Porque el derecho a la justicia conlleva la obligaci¨®n del Estado de investigar e identificar a los autores, la obligaci¨®n de proveer y garantizar un recurso judicial efectivo, y la obligaci¨®n de sustituir por la verdadera la versi¨®n oficial que procede de la dictadura.

No se puede, finalmente, justificar la equiparaci¨®n de v¨ªctimas y verdugos en el proyecto de ley alegando prudencia, porque en derechos fundamentales no valen medias tintas. Bertold Brecht, artista y v¨ªctima del nazismo alem¨¢n, en su poema A los descendientes, ped¨ªa a los nietos que se acordasen de sus abuelos, pero no s¨®lo de sus ¨¦xitos sino de sus fracasos, para que ellos hicieran realidad sus esperanzas.

Es ya el tiempo de poner caducidad a la impunidad y rescatar del olvido los ideales revolucionarios que inspiraron la resistencia y la lucha antifranquista. El PSOE tiene un compromiso con la Historia, con su propia historia y con la base social que les llev¨® al gobierno y hay que reivindicarlo para conseguir que no nos defrauden.

Jos¨¦ Arturo Val del Olmo es abogado y sindicalista.