Alternativas a la religi¨®n

El Gobierno ha regulado los contenidos m¨ªnimos que deben estudiar los alumnos de primaria de toda Espa?a, entre los que se encuentra la pol¨¦mica cuesti¨®n de la religi¨®n y su alternativa para quienes no quieran cursar la materia confesional. El real decreto, en fase de borrador, se?ala s¨®lo que los que no estudien religi¨®n deben recibir la debida "atenci¨®n educativa", aunque el Gobierno ha explicado que esto implica que los colegios podr¨¢n decidir si quieren o no impartir alguna alternativa, lo que supone una novedad. Si un centro opta por no ofrecerla, podr¨ªa colocar la asignatura al principio o al final del d¨ªa y los alumnos que no cursen religi¨®n podr¨ªan ausentarse esa hora.

El Ministerio de Educaci¨®n lleva meses negociando este asunto con la Conferencia Episcopal. El Gobierno baraja ofrecer esas dos opciones (actividades complementarias diversas o nada) para quienes no quieran cursar religi¨®n. Que los padres tengan libertad para no elegir ninguna de las dos parece muy razonable en un Estado aconfesional, para que los derechos de unos no supongan una obligaci¨®n para otros. Del texto del real decreto se puede deducir que existe la opci¨®n de no cursar como alternativa esta "atenci¨®n educativa" que se entiende como voluntaria para los padres. Pero no se afirma de forma expresa, lo que permite concluir que la propuesta peca de falta de claridad en un asunto que precisamente constituye el meollo de unas de las principales reyertas educativas de las ¨²ltimas d¨¦cadas.

El problema de fondo es saber en manos de qui¨¦n se deja la regulaci¨®n de la alternativa. La pretensi¨®n de ceder la decisi¨®n a los colegios o a las comunidades aut¨®nomas es muy discutible. Aunque la pol¨ªtica educativa de esta legislatura se caracteriza por dejar la m¨¢xima autonom¨ªa a los centros en todas las cuestiones, precisamente en este tema no resulta lo m¨¢s adecuado.

Dado que esta pol¨¦mica ha aparecido a partir de los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado espa?ol, ser¨ªa aconsejable que fuese el Gobierno quien adoptara una posici¨®n clara sobre la alternativa y que fuera establecida del mismo modo para toda Espa?a. Esto evitar¨ªa tanto que la alternativa se regule de un modo distinto seg¨²n el partido pol¨ªtico que gobierne en cada autonom¨ªa, como que los alumnos que no quieran cursar religi¨®n sean tratados de modo desigual si se cambian de colegio.