El fiscal pide c¨¢rcel para los responsables de una obra en la que muri¨® un pintor

Dentro de su nueva pol¨ªtica de severidad contra las infracciones laborales, la Fiscal¨ªa de Madrid solicita tres a?os y nueve meses de c¨¢rcel para seis responsables de una obra -entre ellos, el arquitecto y dos aparejadores- por la muerte de un pintor al que le cay¨® encima una puerta de hierro de 700 kilos en La Moraleja. El trabajador, Bernardo Porras, dej¨® viuda y tres hijas. Si el juez impone finalmente esa pena, los acusados deber¨¢n ingresar en prisi¨®n, algo que hasta ahora no era habitual en este tipo de delitos. Espa?a es el pa¨ªs europeo con m¨¢s siniestralidad laboral.

El pasado 18 de septiembre, este peri¨®dico public¨® una sentencia pionera y ya firme en la que la Audiencia de Madrid impon¨ªa dos a?os y seis meses de c¨¢rcel -por dos delitos de homicidio imprudente y uno contra la seguridad de los trabajadores- a los responsables de una obra de la calle Juli¨¢n Camarillo (San Blas) en la que murieron dos trabajadores el 21 de mayo de 2001. Esa condena implicaba el ingreso en prisi¨®n de los acusados. Cuando una pena supera los dos a?os no cabe aplicar la remisi¨®n condicional y los reos tienen que ingresar necesariamente en prisi¨®n, al menos en este tipo de delitos contra los trabajadores.

El accidente sobre el que ahora se pronuncia la fiscal¨ªa, ocurrido en La Moraleja en 2002, llevar¨¢ al banquillo de los acusados a seis personas, entre ellas el arquitecto y los dos aparejadores. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, los seis cometieron un delito contra los derechos de los trabajadores en relaci¨®n con otro delito de homicidio imprudente, porque vulneraron la ley que obliga a los responsables de una obra a elaborar un plan de seguridad y definir en ¨¦l con claridad las medidas de prevenci¨®n.

Plan de seguridad

En este caso s¨ª exist¨ªa un plan de seguridad, pero en ¨¦l no figuraba "una menci¨®n espec¨ªfica a la instalaci¨®n y uso" de la puerta corredera de hierro que cay¨® sobre el operario.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2002. Ese d¨ªa, sobre las 13.15, el oficial de pintor Bernardo Porras, de la empresa Pintura y Decoraciones Goya, se hallaba en una vivienda en obras de La Moraleja junto al aprendiz Leonardo Murillo. Ambos estaban realizando tareas de acabado de la pintura de una puerta corredera de hierro. La puerta estaba colocada en el acceso a la finca y hab¨ªa sido instalada varios meses antes.

Seg¨²n el relato de la fiscal¨ªa, cuando Bernardo Porras la empuj¨® para realizar su trabajo -pese a tratarse de una puerta el¨¦ctrica, se accionaba manualmente porque no ten¨ªa instalado y en funcionamiento el motor el¨¦ctrico-, ¨¦sta se sali¨® de su carril, rompi¨® el tope met¨¢lico colocado al final del recorrido y cay¨® encima de Bernardo Porras, aplast¨¢ndolo con sus 700 kilos de peso. El hombre muri¨® pr¨¢cticamente en el acto.

El fiscal considera que en el plan de seguridad de la obra debi¨® incluirse un sistema de prevenci¨®n para evitar que la puerta se saliese de los rieles. No exist¨ªa tampoco un manual de instrucciones, y ning¨²n responsable de la obra explic¨® a los operarios c¨®mo deb¨ªan actuar para evitar que la puerta se desplomara al suelo. "Con el grave riesgo que ello supon¨ªa, dado el gran tama?o y peso de la puerta", destaca la fiscal¨ªa de Madrid en su escrito de acusaci¨®n provisional.

Los acusados en este proceso son Mar¨ªa del Carmen G¨®mez, apoderada de la empresa Teconsa, a quien el due?o de la casa encomend¨® la obra; Mat¨ªas Arroyo, director de la citada empresa; el arquitecto Gonzalo Echineque Gordillo; los aparejadores Pilar Guisasola y Francisco Navarro, quienes elaboraron al 50% el plan de seguridad, y Ram¨®n Moreno Fern¨¢ndez, a quien, como encargado de la obra, los aparejadores encomendaron las labores de coordinaci¨®n de seguridad. Para las tareas de pintura, Teconsa subcontrat¨® a la empresa en la que trabajaba el oficial de pintura fallecido.

El fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente con un total de 153.000 euros a la viuda y a las tres hijas del fallecido, que en el momento de los hechos ten¨ªan 28, 27 y 10 a?os, respectivamente, y les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores en relaci¨®n con otro delito de homicidio imprudente. El due?o de la casa, que ten¨ªa un seguro con Catalana Occidente, ha sido declarado responsable civil subsidiario junto con su compa?¨ªa de seguros.