La conducta irresponsable

El intento del secretario auton¨®mico de Justicia de crear una comisi¨®n para controlar las actuaciones del fiscal Cabedo es un hecho grave, y as¨ª lo ha demostrado la reacci¨®n de la prensa ante el mismo. Lo preocupante es que esta intromisi¨®n del poder p¨²blico en la acci¨®n de la Justicia no es un accidente aislado. Desde hace tiempo se producen entre nosotros sucesos semejantes, aunque hasta ahora no hab¨ªan resultado tan llamativos. Ha tenido que ser la torpeza de Fernando de Rosa, obligando al ex fiscal Enrique Beltr¨¢n a emitir un desmentido, la que ha dado notoriedad al caso. No hay que olvidar, sin embargo, que el vicesecretario general del Partido Popular, Ricardo Costa, ya hab¨ªa anunciado semanas atr¨¢s que se formar¨ªa esta comisi¨®n.

Hace unos d¨ªas, era el alcalde de Torrevieja quien pon¨ªa en duda la imparcialidad de la Justicia. Si Ricardo Costa acusaba a los fiscales de perseguir al Partido Popular, Hern¨¢ndez Mateo la emprend¨ªa con los jueces. Ante las investigaciones en curso sobre el comportamiento de la Polic¨ªa Local, Hern¨¢ndez acus¨® a la juez encargada del caso, a la Guardia Civil y a los medios de comunicaci¨®n de confabularse contra ¨¦l para expulsarle de la alcald¨ªa. La salida de tono de Hern¨¢ndez se produjo p¨²blicamente y con la mayor impunidad. Nadie, ni dentro ni fuera de su partido le recrimin¨® por estas afirmaciones escandalosas que la prensa public¨® en espacios destacados.

En mi opini¨®n, estos sucesos demuestran que hay pol¨ªticos dispuestos a no respetar las instituciones si piensan que tal cosa conviene a sus intereses. El problema es que se ataca a las instituciones sin calcular las consecuencias que su desprestigio tendr¨¢ en la opini¨®n p¨²blica. Esta conducta irresponsable, profundamente antidemocr¨¢tica, va penetrando d¨ªa a d¨ªa entre la poblaci¨®n y ha de llegar el momento, si no se le pone remedio, en que acabaremos por acostumbrarnos a ella. Tal vez sea lo que algunos pretendan.

No son estos los ¨²nicos signos inquietantes que se perciben en el momento pol¨ªtico valenciano. Este peri¨®dico comentaba, el pasado mi¨¦rcoles, la ley que prepara el Gobierno para las universidades y que busca, en la pr¨¢ctica, un control absoluto sobre ellas.

Independientemente del juicio que nos merezcan nuestras universidades, el hecho mismo de haber concebido una ley de estas caracter¨ªsticas ya resulta inquietante. ?Qu¨¦ podr¨ªamos decir de las presiones que han convertido a la Acad¨¨mia de la Llengua en un ap¨¦ndice a las ¨®rdenes del Gobierno?

Quiz¨¢ el punto m¨¢ximo para definir la situaci¨®n actual sea la conducta que el jefe del Consell viene mostrando con la prensa. El hecho reiterado de negarse a responder a las preguntas de los periodistas, tras haberlos convocado, manifiesta una actitud contraria a la transparencia y el control que exige la democracia. Poco importa si se trata o no de una t¨¢ctica ideada por sus asesores y del resultado que se obtenga con la misma. Lo que la conducta muestra es la convicci¨®n de que el poder est¨¢ por encima de la sociedad, a la que no se respeta. Si los periodistas permiten que sea el poder quien dicte los temas y marque los tiempos de la informaci¨®n, vamos por mal camino.

En la Comunidad Valenciana es cada d¨ªa m¨¢s dif¨ªcil discutir en las Cortes; se crean nuevas leyes para maniatar a las universidades; se cuestiona el trabajo de la Justicia y su imparcialidad; se ningunea a la prensa. Habr¨¢ que preguntarse cu¨¢l ser¨¢ el pr¨®ximo paso.