El PP de Sueca recalific¨® en 2001 suelo por el que ahora denuncia al alcalde

El Partido Popular (PP) de Sueca y la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda, dirigida por la misma formaci¨®n pol¨ªtica, se encuentran en plena campa?a judicial contra Salvador Gil, alcalde socialista de la capital de la Ribera Baixa, por el otorgamiento de una licencia de obras en suelo que los populares calificaron como urbano (Edificaci¨®n Abierta) durante la pasada legislatura, en la que gobernaban, y el Consell aprob¨® definitivamente a trav¨¦s de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de 2 de mayo de 2001, en la cual se ratificaba el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana.

Los populares tambi¨¦n otorgaron, sin informe favorable del parque, m¨¢s de 50 licencias

Un contencioso administrativo impulsado por la consejer¨ªa a instancias de Jos¨¦ Segarra, director del Parque Natural de L'Albufera y concejal suecano del PP; una denuncia presentada por la agrupaci¨®n popular local; y un escrito de Gil ante el fiscal-jefe de la Comunidad Valenciana, solicitando que investigara los hechos que se le imputaban, son los tres primeros frentes abiertos.

El actual gobierno municipal concedi¨® licencia de obras el 14 de septiembre de 2004 a la empresa Andi¨¢n SL para la construcci¨®n de 25 viviendas y garajes sobre una parcela de unos 2.000 metros. Dos meses m¨¢s tarde entraba en vigor el PRUG de L'Albufera. Y en diciembre eran paralizadas las obras, acabadas de iniciar, a instancias de la direcci¨®n del parque. Segarra, que estando en el gobierno local ratific¨® el PGOU con su voto, cuestiona la licencia por cuanto exist¨ªa una suspensi¨®n temporal en las ¨¢reas afectadas por el espacio natural, si bien ¨¦sta no afectaba a las zonas consolidadas como urbanas. El propio ayuntamiento popular aprob¨® m¨¢s de 50 autorizaciones, afectadas en mayor o menor nivel por la misma normativa. Desde la consejer¨ªa argumentan, en el caso de la obra paralizada, la inexistencia del hipot¨¦tico informe favorable por parte del consejo directivo del parque. En las obras aprobadas con Segarra en el poder municipal tampoco aparecen.

Por su parte, Gil, alcalde y arquitecto de profesi¨®n, siempre ha sostenido que la licencia fue otorgada con todos los preceptos legales previstos y que la parcela "es suelo urbano consolidado por las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urban¨ªstico del Municipio de 1977 a la que llega el alumbrado p¨²blico, la red de agua y el alcantarillado; despu¨¦s el PGOU mantiene esa calificaci¨®n". Este hecho est¨¢ ratificado en una certificaci¨®n municipal de octubre de 2002 (con el PP en el gobierno local) y en la que se expresa que "est¨¢n clasificados como suelo urbano, siendo su calificaci¨®n de la zona Edificaci¨®n Abierta EDA".

En el terreno judicial, el Ayuntamiento y la mercantil Andi¨¢n SL ya han presentado sus respectivos recursos de apelaci¨®n admitidos a tr¨¢mite ante la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 2 que daba la raz¨®n a la consejer¨ªa. Los abogados de las dos partes demandadas alegan "manifiesto y notorio error en la apreciaci¨®n y valoraci¨®n de las pruebas, b¨¢sicamente, los planos en los que se establece el car¨¢cter urbano de la parcela".

La denuncia presentada por Carlos Ram¨ªrez, edil popular y presidente local del partido, por los presuntos delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, continuado de prevaricaci¨®n y contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha sido incoada por el Juzgado n¨²mero 1 de Sueca y est¨¢ en el proceso de diligencias previas de los imputados (Gil, Enrique Redondo, autor del proyecto de la obra, y Ricardo Linares, arquitecto municipal) y primeras declaraciones. Al d¨ªa de ayer, ninguno de los tres eran conocedores de la decisi¨®n judicial.

Por ¨²ltimo, el fiscal-jefe de la Comunidad Valenciana no aprecia delito alguno tras la petici¨®n presentada por el alcalde de Sueca tras la campa?a medi¨¢tica de la que es objeto.