Nieto da un paso atr¨¢s en su intenci¨®n de controlar a las universidades p¨²blicas

El consejero Justo Nieto dio ayer un paso atr¨¢s en su af¨¢n por controlar hasta el mil¨ªmetro el funcionamiento ordinario de las universidades. Los rectorados no tendr¨¢n que solicitar permiso al Consell antes de alcanzar cualquier acuerdo -convenios de colaboraci¨®n, contratos con empresas, peticiones de becas...- con cualquier instituci¨®n local, estatal o internacional, como se preve¨ªa en el proyecto enviado a las Cortes. La excepci¨®n ser¨¢n los departamentos de la propia Generalitat, que s¨ª deber¨¢n informar previamente a Nieto. Los rectores ven corta la rectificaci¨®n y piden su retirada.

La ley redactada por Nieto y enviada hace unas semanas a las Cortes sublev¨® a los rectores por el poder sin precedentes que conced¨ªa al consejero sobre las decisiones m¨¢s irrelevantes tomadas por las cinco universidades p¨²blicas. Los dirigentes acad¨¦micos calificaron entonces a la norma, entre otras cosas, de "peligrosa" y "napole¨®nica". El consejero dio ayer parcialmente marcha atr¨¢s. Su director general de universidades, Jos¨¦ Capilla, se encarg¨® de anunciar la reformulaci¨®n de la disposici¨®n adicional cuarta.

La nueva redacci¨®n elimina la obligaci¨®n de solicitar permiso a la consejer¨ªa antes de alcanzar cualquier tipo de acuerdo con cualquier instituci¨®n, p¨²blica o privada: Desde un convenio con otra universidad hasta un contrato con una empresa; desde la solicitud de una ayuda al Ministerio de Educaci¨®n a la realizaci¨®n de un proyecto conjunto con la Unesco. Al menos tres de los cinco rectores consideraron que aquello supon¨ªa, en la pr¨¢ctica, enterrar la autonom¨ªa universitaria.

Jos¨¦ Capilla les dio ayer la raz¨®n. Despu¨¦s de atribuir la pol¨¦mica a un problema de "claridad" en la redacci¨®n de la disposici¨®n adicional cuarta, asegur¨® que ¨¦l, como universitario -Capilla es profesor en excedencia y ex vicerrector de la Polit¨¦cnica de Valencia-, no hubiera aceptado la interpretaci¨®n original.

La "preceptiva puesta en conocimiento" previa queda reservada a los acuerdos que las universidades pretendan firmar con "los departamentos de la Generalitat y dem¨¢s entes p¨²blicos y privados dependientes o vinculados a la misma", lo que, seg¨²n se mire, no deja de resultar parad¨®jico. Capilla trat¨® de justificar esa previsi¨®n a base de sinceridad. La Consejer¨ªa de Empresa, Universidad y Ciencia desconoce hoy con exactitud, dijo, cu¨¢nto dinero reciben los campus p¨²blicos.

La mayor¨ªa de los rectores insistieron en que la rectificaci¨®n se queda corta. Permanece, por ejemplo, la potestad del Consell para segregar o suprimir facultades y centros de investigaci¨®n sin que los gobiernos acad¨¦micos puedan decir palabra. Es decir, que el tormentoso proceso por el que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana desmembr¨® la Universidad de Alicante -en el marco del pulso que manten¨ªa con su rector- para crear la Miguel Hern¨¢ndez de Elche, se convertir¨¢ con la nueva ley en un simple tr¨¢mite administrativo.

Las universidades pierden igualmente la capacidad de intervenir en caso de que el Consell decida remover alguno de sus centros adscritos. Y el Consejo Valenciano de Universidades y Formaci¨®n Superior, ampliado para dar cabida, entre otros, a los directores de los centros de ense?anzas art¨ªsticas, a quienes nombra el Consell, queda relegado b¨¢sicamente a "ser informado" de las decisiones de Nieto.