e-Administraci¨®n

A ESTAS ALTURAS, la favorable influencia de las Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n y de la Comunicaci¨®n (TIC) sobre el crecimiento de la prosperidad est¨¢ fuera de toda duda. La productividad del trabajo y la del conjunto de los factores -la eficiencia con la que funciona una econom¨ªa- son resultados alcanzados por aquellos pa¨ªses en los que la inversi¨®n p¨²blica y privada en esos bienes y servicios, y su adecuada utilizaci¨®n, fueron prioridad. Esas tecnolog¨ªas son, efectivamente, el catalizador fundamental de la denominada econom¨ªa del conocimiento. Y es dif¨ªcil avanzar en la senda de la competitividad de una econom¨ªa, de su modernizaci¨®n, si esa inserci¨®n se retrasa.

Espa?a no mantiene una posici¨®n precisamente favorable en la generalidad de los indicadores que eval¨²an la dotaci¨®n de esa forma de capital tecnol¨®gico, ni en su uso. A pesar de los esfuerzos recientes, la alfabetizaci¨®n digital de la mayor¨ªa de las empresas espa?olas, incluso de sus ciudadanos, no es elevada. Los otros agentes, las Administraciones P¨²blicas (AAPP), con algunas excepciones, tampoco brillan en esas clasificaciones internacionales que cada d¨ªa son m¨¢s seguidas por quienes toman decisiones de inversi¨®n internacional en funci¨®n de las capacidades, habilidades e infraestructuras tecnol¨®gicas de los pa¨ªses. Aunque se ha avanzado de forma significativa en los ¨²ltimos a?os, los dem¨¢s pa¨ªses de nuestro entorno, incluso los considerados emergentes, no se han quedado quietos. El resultado es una convergencia todav¨ªa insuficiente: persiste esa manifiesta asimetr¨ªa entre el tama?o de la econom¨ªa espa?ola y su grado de modernizaci¨®n tecnol¨®gica.

La alfabetizaci¨®n digital de la mayor¨ªa de las empresas espa?olas, incluso de sus ciudadanos, no es elevada. Las Administraciones P¨²blicas tampoco brillan en esas clasificaciones internacionales

Es cierto que en una econom¨ªa como la espa?ola han de ser las empresas las que en mayor medida intensifiquen la adopci¨®n de esas herramientas b¨¢sicas, pero a las AAPP tambi¨¦n les corresponde, cuando menos, predicar con el ejemplo. Y la mejor forma de hacerlo es garantizar a los ciudadanos el derecho a una interlocuci¨®n digital ¨²nica con todas sus administraciones. Adem¨¢s, la extensi¨®n de esas tecnolog¨ªas permitir¨¢ avanzar en la necesaria modernizaci¨®n y racionalizaci¨®n de las organizaciones p¨²blicas. Eso es lo que promete el proyecto de Ley de Administraci¨®n Electr¨®nica, presentado por el ministro de Administraciones P¨²blicas hace una semana en Consejo de Ministros. A trav¨¦s de ella, todos los servicios p¨²blicos ser¨¢n prestados electr¨®nicamente, de forma continua, al margen de los horarios convencionales. Todo ello, en el caso de los servicios suministrados por la Administraci¨®n General del Estado, no m¨¢s tarde de 2009, y los de las CCAA a partir de 2010.

Lamentablemente, la escasa difusi¨®n de ese proyecto no guarda relaci¨®n con la significaci¨®n y el alcance que, de prosperar en el proceso de tramitaci¨®n parlamentaria, esa norma puede tener para la definitiva modernizaci¨®n tecnol¨®gica de Espa?a. El compromiso no es menor. Garantizar esa interlocuci¨®n electr¨®nica exigir¨¢ hacer lo propio con la interoperabilidad de las soluciones electr¨®nicas desarrolladas por todas las Administraciones P¨²blicas. El compromiso se extiende al pleno respeto al principio de neutralidad tecnol¨®gica y a los requisitos de seguridad establecidos por la Ley de Protecci¨®n de Datos.

Desde el momento en que entre en vigor esa ley, todos los servicios prestados de forma electr¨®nica deber¨ªan ofrecer el grado m¨¢ximo de calidad, seguridad y confidencialidad. Al mismo tiempo, los ciudadanos dejar¨ªan de estar obligados a aportar cualquier tipo de informaci¨®n o documentos que obren ya en poder de alguna de las Administraciones P¨²blicas.

Una prueba de la responsabilidad y sensatez de los representantes elegidos por los ciudadanos deber¨ªa manifestarse en la atenci¨®n prioritaria a este proyecto, de los pocos que todo el mundo, incluidas las empresas, pueden percibir como directa e inequ¨ªvocamente beneficiosos, al tiempo que reconocedores de derechos b¨¢sicos. Su discusi¨®n, dejando a un lado todo tipo de corporativismos e intereses que no sean los de la mayor¨ªa, y la r¨¢pida concreci¨®n de su aplicaci¨®n, puede ser de las se?ales que los partidos pol¨ªticos emitan de aproximaci¨®n a la realidad, a la mejora de las condiciones de vida de quienes les han elegido. Perder m¨¢s tiempo en la concreci¨®n de un empe?o tan evidente ser¨ªa dif¨ªcil de justificar.