Privatizaci¨®n a la cubana

En Cuba, muchas veces lo que se observa en la superficie pol¨ªtica y social no tiene relaci¨®n con lo que realmente sucede. ?sta es una cuesti¨®n presente desde ¨¦pocas coloniales, cuando se ten¨ªa el concepto de que las leyes exist¨ªan, pero no se cumpl¨ªan.

La ¨²nica diferencia con experiencias pasadas resulta que la magnitud de este fen¨®meno se ha ampliado a niveles incre¨ªbles a trav¨¦s de la doble moral, la hipocres¨ªa, la mentira y otros dobleces reflejo de las complejidades de la vida de los cubanos.

Quien dude lo anterior, puede leer los art¨ªculos del peri¨®dico Juventud Rebelde de las ¨²ltimas semanas sobre el incremento desmedido de las llamadas ilegalidades, con datos reveladores de que mientras el Gobierno recentraliza la econom¨ªa y suprime paulatinamente el trabajo por cuenta propia para atar m¨¢s a los ciudadanos, en la realidad est¨¢ avanzando un proceso an¨¢rquico de privatizaci¨®n.

El presidente Fidel Castro llam¨® a combatir la corrupci¨®n y las ilegalidades el 17 de noviembre de 2005, brindando una cantidad abrumadora de elementos que reflejaban una tendencia, que, seg¨²n ¨¦l, estaba poniendo en peligro la propia existencia de la Revoluci¨®n. Ahora, las cifras ofrecidas por Juventud Rebelde demuestran que los problemas no s¨®lo se mantienen, sino crecen.

En un estudio comparativo realizado entre enero y agosto del 2005 e igual periodo del presente a?o, se observa un incremento del 22,4% de centros violadores de la legalidad. En la ciudad de La Habana, en 11.692 establecimientos -el 52% de los examinados- se encontraron violaciones de precios y alteraciones de la norma de los productos vendidos y los servicios prestados.

En las investigaciones fue detectado un n¨²mero considerable de centros con precios de venta muy superiores a los establecidos oficialmente, as¨ª como el suministro de mercanc¨ªas por debajo del peso o la cantidad. Ciertamente, existen factores clave: la falta de control estatal y la carencia de aseguramiento material, que obliga a administradores y trabajadores a comprar los recursos, muchas veces en bolsa negra, para poder seguir trabajando. Eso incluye hasta reparaciones constructivas en los locales o arreglo de equipos que el Estado es incapaz de asumir, produci¨¦ndose un tipo de privatizaci¨®n encubierta.

En los mencionados art¨ªculos de Juventud Rebelde, no fue abordado el problema en toda su magnitud. No se habla de las Tiendas de Recuperaci¨®n de Divisas, donde en algunas ocasiones mercanc¨ªas ofertadas pertenecen a los trabajadores, quienes las adquieren en otros lugares para luego venderlas y obtener altas ganancias, aprovech¨¢ndose de los desmesurados precios oficiales.

Tambi¨¦n hay una creciente privatizaci¨®n en el sector de la Salud P¨²blica, donde debido a las carencias y m¨¢s recientemente a la falta de m¨¦dicos, de forma casi siempre sutil, en ocasiones se espera de los pacientes retribuci¨®n por los servicios prestados; con lo cual en un sector que alcanz¨® ciertos niveles de calidad y eficiencia hoy se aprecia una tendencia a que est¨¦n ligadas a las posibilidades econ¨®micas de los pacientes. Esta situaci¨®n se reproduce en la Educaci¨®n con caracter¨ªsticas propias.

Esta problem¨¢tica se analiz¨® en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), efectuado en septiembre pasado, donde se conden¨® el incremento de la corrupci¨®n. Sin embargo, se soslay¨® la fuente del problema: un sistema ineficiente e incapaz, generador de la miseria y el desorden, promotores de la corrupci¨®n.

Hoy, en Cuba, con el salario no se puede vivir. Por ello, administradores y trabajadores reaccionan con el robo y el delito. Adicionalmente, el Estado es probadamente incapaz de controlar las empresas, mayoritariamente carentes de contabilidad confiable, lo que crea un para¨ªso para los actos delictivos y la paulatina degradaci¨®n de las personas, quienes despu¨¦s de muchos a?os viviendo en esta situaci¨®n la aceptan como normal, cre¨¢ndose de hecho una nueva moral basada en la mentira y el enga?o.

Este escenario se complica con la dualidad monetaria, la existencia de una variedad anormal de mercados, un exceso creciente y desproporcionado de los niveles de liquidez financiera en manos de la poblaci¨®n, as¨ª como una perenne escasez de mercanc¨ªas y servicios, la corrupci¨®n y altas tasas de inflaci¨®n devoradoras de los ingresos y ahorros de la ciudadan¨ªa.

El problema de los salarios no tiene soluci¨®n sin una reforma radical del sistema que libere las fuerzas productivas e incremente la eficiencia de las empresas, posibilitando el aumento real de los salarios. Las informaciones dadas en el congreso obrero de que la tercera parte de las empresas estatales trabajaron con p¨¦rdidas en el primer semestre del a?o, o que en esa misma etapa el salario promedio nominal mensual creci¨® casi cuatro veces m¨¢s que la productividad, hacen imposible cualquier mejor¨ªa.

La direcci¨®n provisional del pa¨ªs debe tomar todo esto en cuenta y apurarse a resolverlo, puesto que la envergadura de los problemas es m¨¢s que asfixiante y pudiera traducirse en inestabilidad social.

Desde hace tiempo debi¨® reconocerse el terrible error de que el Estado quiera administrar barber¨ªas, taxis, peluquer¨ªas, zapater¨ªas, peque?os comercios, restaurantes y toda clase de chinchales; verdad se?alada en su ¨¦poca hasta por los antiguos marxistas cubanos. Es el momento de un viraje hacia la privatizaci¨®n de todos esos establecimientos y la distribuci¨®n de la tierra a los campesinos, meta principal de la Revoluci¨®n en sus or¨ªgenes e incumplida.

S¨®lo as¨ª se evitar¨ªa el robo a gran escala vigente en todo el pa¨ªs. Se quitar¨ªa al Estado muchas empresas que s¨®lo dan p¨¦rdidas econ¨®micas y degradaci¨®n humana. Se crear¨ªan fuentes de trabajo, que propiciaran la eficiencia en las grandes empresas, ahora sobrecargadas de personal innecesario. El presupuesto nacional se beneficiar¨ªa, al cobrarse impuestos que hoy no se reciben de la enorme econom¨ªa sumergida existente. Asimismo se crear¨ªa m¨¢s riqueza, m¨¢s calidad en productos y servicios ofertados por medio de una competencia socialmente controlada, con beneficios para productores, consumidores y el Estado.

Ante la anormal privatizaci¨®n existente y sus insanas consecuencias, se impone un reordenamiento gradual y racional de la propiedad, cuyo comienzo no puede demorarse.

?scar Espinosa Chepe es economista y periodista cubano.