La cleptocracia perfecta
La visita a Espa?a que inicia hoy el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ofrece una excelente oportunidad para debatir acerca de los principios y realidades que inspiran nuestra pol¨ªtica exterior. Una visita similar de Obiang a la Casa Blanca, en abril de este a?o, fue objeto de considerable pol¨¦mica en Estados Unidos, por cuanto fue interpretada como un espaldarazo internacional al r¨¦gimen guineano. Adelant¨¢ndose a la pol¨¦mica, el ministro de Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, ha justificado la visita de Obiang argumentando que si los espa?oles queremos mantener relaciones con Guinea, "no hay m¨¢s v¨ªa que el di¨¢logo". ?Pero sobre qu¨¦ debe versar ese di¨¢logo? ?Sobre el acceso de las empresas espa?olas al petr¨®leo guineano o sobre las condiciones de vida de los guineanos?
Guinea Ecuatorial recibi¨® el a?o pasado 19 millones de euros de Espa?a en concepto de ayuda al desarrollo. Sin embargo, gracias a los beneficios derivados de la exportaci¨®n de petr¨®leo, es un pa¨ªs rico. La renta per c¨¢pita del pa¨ªs se sit¨²a en 20.510 d¨®lares, lo que le coloca por delante de Portugal y a la par de Corea del Sur o Qatar. Esta riqueza proviene de la extracci¨®n de casi 400.000 barriles de petr¨®leo diarios en un pa¨ªs de poco m¨¢s de 500.000 habitantes. Sin embargo, su indicador de desarrollo humano (una medida que combina esperanza de vida, alfabetizaci¨®n y escolarizaci¨®n) sit¨²a a Guinea Ecuatorial en la posici¨®n 120, a la altura de pa¨ªses como Gab¨®n. Esta disparidad tan abismal hace que sea el pa¨ªs del mundo con la brecha m¨¢s grande entre renta per c¨¢pita y desarrollo humano.
La pregunta obvia es: ?d¨®nde est¨¢ la riqueza del petr¨®leo? En un documento hecho p¨²blico por la organizaci¨®n Global Witness, el Ministerio de Justicia de Guinea certificaba en un litigio ante un tribunal de Johannesburgo que "los ministros y funcionarios de Guinea Ecuatorial est¨¢n autorizados por ley a ser propietarios de compa?¨ªas que, de acuerdo con compa?¨ªas extranjeras, pueden concursar para obtener contratos gubernamentales que, caso de ser concedidos, pueden implicar la recepci¨®n de un porcentaje del contrato obtenido por dicha compa?¨ªa extranjera". En virtud de este tipo de pr¨¢cticas, el propio Obiang ser¨ªa, seg¨²n un extens¨ªsimo informe del Subcomit¨¦ de Investigaciones Independientes del Senado de EE UU acerca de los dep¨®sitos del r¨¦gimen guineano en el Banco Riggs (famoso tambi¨¦n por gestionar las cuentas de Augusto Pinochet), propietario de la principal compa?¨ªa de construcci¨®n de Guinea, del 25% de la planta de gas natural de Malabo y del 15% de Mobil Oil Guinea, entre otros activos.
Sobre la base de estos y otros datos similares, el Departamento de Estado de EE UU concluye en su informe anual de 2005 sobre Guinea que "la corrupci¨®n en todos los niveles del Gobierno representa un problema muy importante" y que "no existe evidencia de que los ingresos del petr¨®leo est¨¦n beneficiando a la poblaci¨®n". Por su parte, la organizaci¨®n Transparencia Internacional sit¨²a a Guinea entre los siete Estados m¨¢s corruptos del mundo y la revista Forbes valora la fortuna personal de Obiang en 700 millones de d¨®lares.
Estos niveles de corrupci¨®n son posibles gracias a la ausencia completa de libertades. Obiang gan¨® las elecciones presidenciales de 2002 con el 97% de los votos en unos comicios calificados por el Gobierno de EE UU como "fraudulentos y presididos por la intimidaci¨®n". Organismos como Freedom House, Amnist¨ªa Internacional y el propio Departamento de Estado de EE UU ofrecen informes detallados sobre el deplorable estado de los derechos humanos en Guinea: detenciones indefinidas sin orden judicial, juicios sin garant¨ªas, condiciones de prisi¨®n inhumanas, corrupci¨®n policial y judicial, sever¨ªsimas restricciones a la libertad de expresi¨®n, prensa y reuni¨®n, acoso constante a los opositores al r¨¦gimen, inexistencia de derechos sindicales, y un largo etc¨¦tera.
La consideraci¨®n de la corrupci¨®n como uno de los principales factores que mantienen sumidas en la miseria a millones de personas es hoy un¨¢nime. Elevar sustancialmente la ayuda oficial al desarrollo, como ha hecho este Gobierno, es una decisi¨®n loable, pero servir¨¢ de poco si no va acompa?ada de una pol¨ªtica exterior rigurosa en cuanto a la promoci¨®n de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupci¨®n. El Gobierno estadounidense, consciente de la dimensi¨®n que ha adquirido este problema, ha adoptado una "Estrategia Nacional para la Lucha contra la Cleptocracia" que incluye sanciones, un control m¨¢s estricto de las transacciones financieras internacionales y un refuerzo de los convenios sobre transparencia, soborno y corrupci¨®n. Dicha iniciativa tiene como objetivo complementar y reforzar las medidas que se est¨¢n tomando en contra de la corrupci¨®n en el ¨¢mbito del G 8, la OCDE y otras instituciones multilaterales.
Ha llegado pues la hora de que en Espa?a el Ministerio de Exteriores y la comisi¨®n de Exteriores del Congreso comiencen a tomarse en serio la promoci¨®n de estos objetivos y pongan en marcha mecanismos de supervisi¨®n y evaluaci¨®n de los progresos realizados en esta materia.
Este Gobierno ha puesto a los ciudadanos y sus derechos al frente de la agenda pol¨ªtica: tambi¨¦n debe poner en primera l¨ªnea de su pol¨ªtica exterior los derechos de los ciudadanos de otros pa¨ªses a disfrutar de unos m¨ªnimos niveles de libertad y prosperidad. El mensaje simplista de que no se puede hacer nada y de que debemos de elegir entre petr¨®leo y derechos humanos no s¨®lo es c¨ªnico, sino falso. La visita de Obiang puede ser pues una excelente oportunidad para obtener compromisos tangibles en estas materias.
Jos¨¦ Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencia Pol¨ªtica en la UNED.
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