El TSJ acumula en un a?o 800 casos contra actuaciones urban¨ªsticas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia tiene sobre la mesa unos 800 recursos y apelaciones relacionados con la gesti¨®n urban¨ªstica. Son s¨®lo los asuntos registrados desde enero y reflejan una tendencia constante al alza de los casos ligados al urbanismo, envuelto en pol¨¦micas. Conscientes del fuerte debate, los magistrados han iniciado una "reflexi¨®n" para buscar v¨ªas que permitan frenar crecimientos desmedidos. La paralizaci¨®n de un PAI en Parcent ha sido el primer aviso. La Sala pide m¨¢s medios para actuar contra desarrollos insostenibles.

La Sala busca aplicar al crecimiento urbano los principios de sostenibilidad

La Secci¨®n Primera re¨²ne desde hace un a?o los asuntos de urbanismo, medio ambiente, patrimonio cultural y extranjer¨ªa. Desde enero ha recibido unos 3.000 casos, de los cuales 800 se deben a actuaciones urban¨ªsticas, desde recursos contra grandes programas de actuaci¨®n integrada (PAI) y planes generales hasta licencias, pasando por expedientes de demolici¨®n de casas ilegales y apelaciones por reparcelaciones. Adem¨¢s, quedan pendientes varios centenares m¨¢s en la secci¨®n encargada antes del urbanismo.

Cada vez hay m¨¢s casos, y aunque no aumentan en proporci¨®n con el boom urban¨ªstico, la preocupaci¨®n social en torno a la vor¨¢gine constructora se extiende a los tribunales. As¨ª, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo iniciaron hace unos meses un debate interno cuya primera conclusi¨®n se ha plasmado en el auto por el que la Secci¨®n Primera suspendi¨® de forma cautelar un PAI de 1.500 casas en Parcent, que con un millar de habitantes triplicar¨ªa la poblaci¨®n. En el auto, los magistrados afirman que el PAI no es el instrumento adecuado para un crecimiento de esa dimensi¨®n, que debe surgir de una planificaci¨®n que "pondere las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo".

Esta aseveraci¨®n es clave en la reflexi¨®n de los magistrados. El presidente de la Sala y de su Secci¨®n Primera, Edilberto Narb¨®n La¨ªnez, explica que la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio y del Paisaje (LOTP), a su juicio "muy avanzada", defiende "cuotas de sostenibilidad" en el consumo de suelo, agua o del paisaje. "Nos hemos planteado que estamos hablando de sostenibilidad de todos los elementos excepto del urbano. En ese sentido, una poblaci¨®n que con un PAI pasa de 1.000 a 5.000 habitantes rompe la sostenibilidad de que habla la ley, aunque no lo recoge expresamente", destaca Narb¨®n, porque un crecimiento desmedido, de golpe, quiebra el car¨¢cter de esa poblaci¨®n.

El TSJ busca c¨®mo encajar esa conclusi¨®n en la legislaci¨®n valenciana "para evitar excesos urban¨ªsticos". La LOTP puede ser una v¨ªa. "Parte de un principio general de Derecho no escrito, que es el principio de proporcionalidad, lo que le hace fijar cuotas de sostenibilidad. Nosotros queremos aplicar ese principio a la poblaci¨®n para que pueda conservar su esencia. Un pueblo que se triplica en tres o cuatro a?os se destruye", subraya.

La Sala recuerda su capacidad de decidir en virtud de los principios generales del Derecho y el criterio de actuar "acorde a la realidad social" recogido en el C¨®digo Civil. Una realidad que invita a marcar nuevas pautas tras una etapa en la que la doctrina del Tribunal Supremo se ha mostrado poco proclive a la suspensi¨®n de planes urban¨ªsticos. Y aunque el caso de Parcent es "excepcional", ya que suma al hecho de presentar un PAI "sobredimensionado" el que el Ayuntamiento ignorara un dictamen contrario del Consejo Jur¨ªdico Consultivo y pretendiera ejecutarlo sin la aprobaci¨®n de la Generalitat, "ha servido para abrir esa reflexi¨®n".

El an¨¢lisis no se detiene en los PAI. En opini¨®n de Narb¨®n, un plan general urbano que busque triplicar el censo en menos de una d¨¦cada "tampoco es razonable". En ese sentido, subraya el magistrado, el problema central no es un instrumento concreto de gesti¨®n urban¨ªstica, sino que se trata de la aplicaci¨®n del concepto m¨¢s amplio de la ordenaci¨®n sostenible del municipio y del territorio que se deriva de la propia legislaci¨®n. Una responsabilidad que "es de todos".

Sin embargo, la actuaci¨®n del TSJ y la imposici¨®n de medidas cautelares topa con la falta de medios para responder en plazos que no supongan un perjuicio grave para los implicados. "Si cuando entra un asunto de urbanismo o cualquier otra materia tuvi¨¦ramos capacidad de resolverlo en cuatro o seis meses, probablemente suspender¨ªamos muchos m¨¢s planes urban¨ªsticos. El problema es que tardamos dos o tres a?os", apunta Narb¨®n. La Sala est¨¢ sobrecargada, a lo que se suma la complejidad de los asuntos urban¨ªsticos.

El presidente de lo Contencioso-Administrativo incide tambi¨¦n en la necesidad de combatir con m¨¢s fuerza el principio "de que quien cumple la legalidad urban¨ªstica es tonto", en referencia a las viviendas ilegales y la prevenci¨®n a derribarlas. La Sala env¨ªa testimonio a los fiscales sobre casas ilegales cuando las detecta y propone que examinen recurrir al delito de prevaricaci¨®n si un Ayuntamiento multa la irregularidad pero no se preocupa de la demolici¨®n. El magistrado resalta que la Ley Urban¨ªstica Valenciana, que considera ha mejorado en m¨¢s de un aspecto la anterior norma, intenta poner coto a esta situaci¨®n y evitar que la tardanza en resolver las demoliciones permita entretanto usar o vender las casas. Pero advierte de que el reglamento ha abierto "un agujero" al prever mantenerlas cuando las casas entran en un plan urban¨ªstico.