Guerra y dictadura

LOS INCIDENTES PRODUCIDOS en el Valle de los Ca¨ªdos con ocasi¨®n de una misa por el 31? aniversario de la muerte de Franco, por un lado, y la petici¨®n suscrita por cerca de noventa organizaciones de izquierda para que el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes el pasado 8 de septiembre en favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura sea retirado del Congreso, por otro, ponen de relieve que el debate intergeneracional sobre las siete d¨¦cadas pasadas contin¨²a vivo. La iniciativa tendr¨¢ una agitada traves¨ªa parlamentaria; mientras el PP anuncia su rechazo frontal, ERC e IU anuncian sendas enmiendas a la totalidad. Y si los medios de la derecha presentan el proyecto como un acto de revanchismo, un informe de Amnist¨ªa Internacional descalifica su articulado como una especie de ley de punto final o de amnist¨ªa encubierta.

El proyecto de ley del Gobierno que ampl¨ªa derechos y establece medidas en pro de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo ser¨¢ impugnado en el Parlamento desde la derecha y desde la izquierda

La propuesta gubernamental elude el t¨ªtulo previsto de ley de memoria hist¨®rica y adopta un r¨®tulo descriptivo referido al reconocimiento y ampliaci¨®n de derechos y al establecimiento de medidas "a favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". Se trata de una decisi¨®n razonada: la exposici¨®n de motivos aclara que no es tarea de las normas jur¨ªdicas "implantar una determinada memoria hist¨®rica" o "reconstruir una supuesta memoria colectiva". Una vez excluido el empleo de esos estereotipos, reificadores de experiencias personales y diversas, la propuesta gubernamental opta por amparar la recuperaci¨®n de la memoria personal y familiar, que incluye el derecho a la reparaci¨®n de las injusticias sufridas en forma de condenas, sanciones o violencias "cualquiera que fuere el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron". Los recuerdos mantienen una singularidad individual, irreductible a una fantasmal memoria hist¨®rica -colectiva y monol¨ªtica- cuya voz ser¨ªa monopolizada por los portavoces que se arrogasen el privilegio de hablar en su nombre.

Pero la batalla de las palabras desempe?a un papel en las guerras pol¨ªticas: la kilom¨¦trica denominaci¨®n del proyecto gubernamental facilitar¨¢ el regreso a los debates parlamentarios y a la prensa de la expresi¨®n memoria hist¨®rica con que ERC bautizaba en febrero de 2006 -a?adiendo republicana y antifascista- su proposici¨®n de ley, rechazada despu¨¦s por el Congreso. Navegando entre los improperios derechistas, por planear una supuesta revancha simb¨®lica frente a los vencedores de la Guerra Civil, y las denuncias izquierdistas, por no declarar de modo expreso la ilegalidad de la dictadura, la exposici¨®n de motivos del proyecto de ley reivindica, sin embargo, su voluntad de dar continuidad al esp¨ªritu de concordia y de respeto al pluralismo que gui¨® a la transici¨®n e inspir¨® a la Constituci¨®n.

Desde el punto de vista de la reconciliaci¨®n nacional, es l¨®gico que los grandes beneficiados de la ampliaci¨®n de los derechos y de las medidas econ¨®micas mencionadas en la norma sean los represaliados, encarcelados y exiliados por haber servido a la Segunda Rep¨²blica o por haber luchado contra el r¨¦gimen de Franco cualquiera que fuese su alineamiento (o el de su familia) durante la guerra, sin olvidar a sus deudos ni a los familiares de los fallecidos. El proyecto indemniza igualmente a los herederos de los muertos por la democracia entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.

El proyecto regula tambi¨¦n una miscel¨¢nea de materias: desde la localizaci¨®n de los desaparecidos hasta la doble nacionalidad de los brigadistas, pasando por el Valle de los Ca¨ªdos, el Archivo de Salamanca y la supresi¨®n de los escudos conmemorativos de la Guerra Civil en los edificios estatales. Junto al pol¨¦mico terreno de las cuestiones simb¨®licas, el principal tema de discordia entre el Gobierno y sus aliados girar¨¢ en torno a las sentencias dictadas por tribunales militares en juicios sumar¨ªsimos; el invento sustitutorio de la nulidad de esos fallos, una "declaraci¨®n de reparaci¨®n y reconocimiento personal" que conceder¨ªa un consejo elegido por el Parlamento, carecer¨ªa de efectos jur¨ªdicos o de cualquier otro tipo y omitir¨ªa el nombre de los verdugos, parece una broma de los Santos Inocentes.