El plan anticorrupci¨®n crea un registro de ediles tr¨¢nsfugas y endurece las incompatibilidades

Algunos episodios de transfuguismo, como el que acab¨® con el Gobierno de Juli¨¢n Mu?oz en el Ayuntamiento de Marbella, han desembocado en casos graves de corrupci¨®n relacionada con el cobro de comisiones a cambio de favores urban¨ªsticos con plusval¨ªas multimillonarias. Muchos concejales tr¨¢nsfugas acabaron en la c¨¢rcel por este motivo.

La intenci¨®n de los redactores del art¨ªculo que pretende combatir el transfuguismo en la futura Ley de Gobierno Local es, seg¨²n recoge el propio texto, "fomentar un mayor respeto a la voluntad de los ciudadanos en los gobiernos locales". "Se formar¨¢ en el Ministerio de Administracones P¨²blicas una base de datos que comprender¨¢ una relaci¨®n de concejales que hayan incurrido en transfuguismo, as¨ª como los que se beneficien de su conducta, una vez que en la comisi¨®n de seguimiento del acuerdo sobre un C¨®digo de Conducta Pol¨ªtica en relaci¨®n con el transfuguismo en las corporaciones locales sea reconocido un supuesto como de transfuguismo".

La reforma legal pretende extender a los concejales las incompatibilidades que afectan ya a los miembros de las Administraciones central y auton¨®mica.

Los concejales, seg¨²n el anteproyecto de ley que maneja el Ministerio de Administraciones P¨²blicas, deber¨¢n cumplir con lo establecido en el art¨ªculo 8 de la Ley 5 / 2006 sobre altos cargos de la Administraci¨®n General del Estado.

"1. Durante los dos a?os siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podr¨¢n desempe?ar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempe?ado".

El PSOE, a trav¨¦s de ?lvaro Cuesta, responsable de Pol¨ªtica Municipal, tambi¨¦n quiere que la ley recoja la obligatoriedad de que los concejales presenten sus declaraciones de la renta antes y despu¨¦s de acceder al cargo, y que sus declaraciones de bienes y actividades sean publicadas en el Bolet¨ªn del Ayuntamiento con car¨¢cter anual.

Uno de los instrumentos urban¨ªsticos que m¨¢s ha favorecido la corrupci¨®n ha sido el convenio. Se trata de un acuerdo entre un propietario o promotor privado y el Gobierno municipal respecto al desarrollo urban¨ªstico de un terreno determinado. Esos convenios urban¨ªsticos no necesitan pasar por el pleno municipal para que todos los grupos, tambi¨¦n la oposici¨®n, puedan debatir sobre los mismos y conocer sus detalles.

La letra k del art¨ªculo 51 del proyecto de Ley de Gobierno Local establece que "corresponder¨¢ al pleno municipal la aprobaci¨®n inicial del planeamiento general y la aprobaci¨®n que ponga fin a la tramitaci¨®n municipal de los planes, los convenios urban¨ªsticos, las permutas de terrenos y dem¨¢s instrumentos de ordenaci¨®n previstos en la legislaci¨®n urban¨ªstica". En Marbella, la mayor¨ªa de las comisiones ilegales pagadas por los promotores se hac¨ªan en funci¨®n de convenios urban¨ªsticos.

Todos los concejales, seg¨²n la legislaci¨®n que impulsa el Gobierno, tendr¨¢n unos derechos pol¨ªticos ampliados respecto a los que ahora tienen. Aparecen regulados as¨ª en el art¨ªculo 60 del proyecto de ley:

- "Derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones que obren en poder de los servicios de la entidad local y resulten precisos para el desarrollo de su funci¨®n. La solicitud de ejercicio de este derecho habr¨¢ de ser resuelta motivadamente en los cinco d¨ªas h¨¢biles siguientes a aquel en que se hubiese presentado. Todas las autoridades y empleados p¨²blicos deber¨¢n facilitar el ejercicio de ese derecho aportando, bajo su responsabilidad, la informaci¨®n y documentaci¨®n requeridas".

- "El pleno celebrar¨¢ sesi¨®n extraordinaria cuando as¨ª lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte del n¨²mero legal de sus miembros, sin que ninguno de ¨¦stos pueda solicitar m¨¢s de cuatro al a?o".