La Fiscal¨ªa se querella por malversaci¨®n contra 16 ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat

El ministerio fiscal ha interpuesto una querella criminal contra 16 ex directivos de la empresa p¨²blica Ferrocarrils de la Generalitat por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, falsedad en documento oficial y prevaricaci¨®n. El fiscal acusa a algunos de los m¨¢ximos responsables de la compa?¨ªa ferroviaria durante la ¨¦poca de CiU de contratar un plan de pensiones supuestamente ilegal por el que los directivos cobraron un total de 3,2 millones de euros. El ex presidente de la empresa, Enric Roig, percibi¨® m¨¢s de 55.000 euros en dietas indebidas, seg¨²n consta en la querella.

La querella es contundente a la hora de relatar el presunto fraude, ocurrido durante la d¨¦cada de 1990. Seg¨²n el fiscal, los ex directivos de FGC "abusaron de sus cargos" para "aumentar injustificada e ilegalmente sus retribuciones (...) con cargo a la cuenta de explotaci¨®n de la empresa". Es decir, a costa de los fondos p¨²blicos que gestiona la compa?¨ªa. En total, los 16 directivos querellados cobraron alrededor de 3,2 millones de euros.

La f¨®rmula que permiti¨® el cobro fue un plan de pensiones supuestamente irregular, contratado en 1991 y liquidado en 2001 con la aseguradora Winterthur. Mediante la realizaci¨®n de sucesivas aportaciones, los querellados lograron constituir un fondo por importe de 2,7 millones de euros. En contra de lo que marca la normativa, la operaci¨®n no fue comunicada al consejo de administraci¨®n de la compa?¨ªa ferroviaria. La operaci¨®n se llev¨® a cabo adem¨¢s "sin los preceptivos informes y autorizaciones".

"Con cargo a este fondo" -abunda el texto- los querellados percibieron "de forma ilegal e improcedente cantidades millonarias en detrimento del patrimonio (...) de FGC". El delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos est¨¢ registrado en el art¨ªculo 432 del C¨®digo Penal.

Todos se llevaron su parte correspondiente a excepci¨®n de Albert Vilalta, que ces¨® como presidente precisamente en 1991. Vilalta fue m¨¢s tarde consejero de Medio Ambiente en ¨¦poca de CiU, y ocup¨® el cargo de Secretario de Infraestructuras con el Gobierno del PP. Sin embargo, la Fiscal¨ªa se querella tambi¨¦n contra ¨¦l al considerar que "particip¨® en la ideaci¨®n de los hechos" junto con Enric Roig y Antoni Herce.

A Roig, presidente de FGC entre 1993 y 1999, se le atribuye la percepci¨®n "indebida e ilegal" de dietas por un importe total de 55.233 euros. Se trata de decenas de peque?os pagos percibidos por reuniones o actividades derivadas de su cargo. El resto de los directivos implicados se adhiri¨® m¨¢s tarde a la trama.

Vilalta y Roig suscribieron un contrato por el que se compromet¨ªan a constituir un fondo de previsi¨®n en favor de los trabajadores directivos de la empresa, bajo la apariencia de un fondo complementario de las pensiones de la Seguridad Social.

Variedad en los cobros

El porcentaje que obten¨ªan estaba en funci¨®n de los a?os de antig¨¹edad del directivo en cuesti¨®n. Seg¨²n una cl¨¢usula, el cobro pod¨ªa llegar por jubilaci¨®n, o bien porque el directivo causase baja en FGC, siempre y cuando tuvieran una antig¨¹edad m¨ªnima de cinco a?os en la empresa.

Algunos de los 16 querellados cobraron bastante m¨¢s que otros. El m¨¢s beneficiado fue Enric Roig (1.070.196 euros), seguido de Josep Llu¨ªs Portabales (457.000 euros) y Josep Llu¨ªs Arqu¨¦s (unos 289.000 euros). El menos "espabilado" fue el directivo Tom¨¢s Figueras, que percibi¨® poco menos de 19.000 euros.

Adem¨¢s de los ya citados, la querella, presentada ante los juzgados de instrucci¨®n de Barcelona, se dirige contra otros directivos de FGC: Miquel Llevat, Lloren? Ledesma, Enric Dom¨ªnguez, Eduardo Blasco, Josep Verdaguer, V¨ªctor Canosa, Ram¨®n Andreu, Albert Tortajada, Josep Oliva y Josep Llu¨ªs Su¨¢rez.

Seg¨²n el fiscal, los querellados trataron de virar el rumbo cuando detectaron que podr¨ªan tener problemas. As¨ª, entre 1993 y 1994 se dieron cuenta de que la concurrencia de dos pensiones p¨²blicas (la de la Seguridad Social y la suya propia, por ser FGC una empresa p¨²blica) podr¨ªa dar lugar a incompatibilidades. Fue entonces cuando "decidieron redise?ar los contratos individuales suscritos por cada directivo ahora como premio de dedicaci¨®n y permanencia".

Cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2003, el tripartito descubri¨® las irregularidades y las puso en manos del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Cuentas. El diputado de ICV Joan Boada lo llev¨® a la fiscal¨ªa.