Se extiende la huelga de saliva

Por negarse a abrir la boca, 500 euros. Benjamin Deceuninck, un agricultor de 26 a?os, es uno de los integrantes de un nuevo movimiento de insumisi¨®n en Francia. Un centenar de personas militan ante los tribunales del pa¨ªs vecino para preservar la intimidad de su ADN, la informaci¨®n gen¨¦tica que permite identificar a una persona con una seguridad casi absoluta.

En junio de 2006, la gendarmer¨ªa le convoc¨® para extraer saliva de su boca, deducir de ella su c¨®digo gen¨¦tico y guardar la informaci¨®n en un archivo nacional, con unas 300.000 fichas m¨¢s.

Cinco a?os antes, en 2001, Deceuninck hab¨ªa cometido una de las 137 infracciones que autorizan a la polic¨ªa a exigirle su identidad gen¨¦tica. Su delito consisti¨® en segar un campo de remolacha transg¨¦nica, como lo han hecho decenas de activistas ecologistas en Francia para llamar la atenci¨®n sobre los supuestos riesgos de este tipo de productos agr¨ªcolas.

"Se arriesga usted a 15.000 euros de multa y un a?o de c¨¢rcel", le dijeron los gendarmes al acusado

Benjamin no acept¨® el palito que le presentaban los gendarmes para extraer un poco de saliva. Los agentes le advirtieron: "Se arriesga usted a 15.000 euros de multa y un a?o de c¨¢rcel". Algunos meses despu¨¦s, la justicia le impuso una multa de 500 euros. Deceuninck recurri¨® la sentencia y la semana pasada la fiscal¨ªa volvi¨® a pedir la misma multa.

Un centenar de franceses se han declarado en rebeli¨®n contra el archivo de ADN. La mayor¨ªa justifica su postura con argumentos pol¨ªticos. Temen que la constituci¨®n de una base de datos gen¨¦ticos, cada vez m¨¢s importante, acabe derivando en una presunci¨®n de culpabilidad contra las personas fichadas. Se refieren a los peores episodios de la reciente historia francesa -las denuncias contra los jud¨ªos en la Francia colaboracionista de Vichy- o el temor a una figura de ciencia-ficci¨®n -el Gran Hermano de George Orwell en su novela 1984- como nuevo fantasma de nuestro tiempo.

Benjamin Deceuninck organiza la resistencia en un colectivo, Rechazo ADN, que agrupa a los rebeldes de la gen¨¦tica contra la existencia del archivo: "Es una herramienta demag¨®gica que no resuelve nada", dice por tel¨¦fono. Deceuninck cita el caso brit¨¢nico, donde tres millones de personas tienen su ficha, para demostrar la ineficacia del registro. Adem¨¢s, recuerda que entre las 300.000 entradas de la base de datos francesa, 180.000 corresponden a individuos que no han cometido ning¨²n delito.

Cuando fue creado por el Gobierno del socialista Lionel Jospin, en 1998, el Archivo Nacional Automatizado de Huellas Gen¨¦ticas (FNAEG, por sus siglas en franc¨¦s) deb¨ªa limitarse a conservar los datos de los delincuentes sexuales. Pero poco a poco, las leyes sucesivas ampliaron la lista de situaciones en las que se puede reclamar el ADN de un individuo. Dos meses despu¨¦s de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los legisladores incluyeron entre los posibles casos los actos de terrorismo, los ataques contra las personas y contra los bienes cuando se acompa?an de violencia (incendios, destrucciones...). Pero fue la ley de seguridad interior, tambi¨¦n conocida como ley Sarkozy -por el actual ministro del Interior-, la que en 2003 abri¨® la posibilidad de exigir el ADN de una persona para las infracciones m¨¢s leves. Adem¨¢s, esta reforma prev¨¦ la posibilidad de exigir la identidad gen¨¦tica no s¨®lo a personas condenadas por la justicia, sino tambi¨¦n a simples sospechosos.

Jean-Jacques Gandini, el abogado de Benjamin Deceuninck, es miembro de la Ligue des Droits de l'Homme, una ONG pro derechos humanos. Explica que la ley Sarkozy abri¨® el FNAEG a "las tres cuartas partes del C¨®digo Penal". Critica tambi¨¦n que los datos gen¨¦ticos se conserven 40 a?os. "Durante 40 a?os se considera a las personas inscritas en el archivo como sospechosos potenciales, es un riesgo para las libertades fundamentales", opina.

La coordinaci¨®n ha logrado una primera victoria. La semana pasada, un tribunal conden¨® a un euro simb¨®lico a uno de los insumisos. Gandini espera que esta sentencia sea un ejemplo para que los jueces no sancionen lo que ¨¦l considera "un delito social".